Juan Fernando Vásquez tiene cinco días para apelar ante el Tribunal Calificador de Elecciones, acción que su abogado Rodrigo Flores confirmó que realizará antes del próximo viernes, cuando concluya el plazo.

Flores comentó ayer que estaban en la fase de esperar la notificación oficial, para comenzar con el proceso de análisis del documento.

Sin embargo, adelanta en que insistirán en su argumento, "que es categórico" y que busca revertir este fallo.

El alcalde, en tanto, declinó referirse a la situación por la que desde ayer atraviesa, tras conocerse la decisión del Tribunal Electoral de la Región de Los Lagos.

Sobre la situación del alcalde Vásquez, su colega y jefe comunal de Llanquihue, Ramón Espinoza, lamenta el fallo que condena al alcalde de Llanquihue, ya que "desde mi punto de vista no existen elementos legales de fondo que permitan respaldar la destitución de Vásquez". Esto, porque muchos de los argumentos esgrimidos por los concejales son materias que están siendo investigadas por el Ministerio Público.

Aquí -dice- no se ha confirmado la responsabilidad del alcalde y por lo mismo debió haber primado "el principio de inocencia del alcalde, lo que no fue considerado". Por eso, Espinoza espera que el Tricel revierta este fallo de primera instancia a nivel regional.

Y de esta manera, el alcalde se pueda reintegrar a sus funciones durante este mes. "Es paradójico que uno de los concejales (Acuña) sea uno de los que está procesado por el Ministerio Público", reiteró.

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El Tribunal Electoral de la Región de Los Lagos decidió destituir al alcalde de Llanquihue, el socialista Juan Fernando Vásquez, por notable abandono de deberes. Además, quedó inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

La determinación fue dictada por la presidenta titular de este tribunal, Teresa Mora Torres, y los dos abogados miembros de esta entidad. El fallo fue dado a conocer por la secretaria de esta entidad, Carlota Urrutia.

En consecuencia, un 3-0 categórico para Víctor Angulo, concejal de Llanquihue (DC), quien es uno de los que presentó el requerimiento junto a sus colegas Fernando Acuña (PS) y Antonio Caileo (Pro), el 1 de julio de 2014. Destaca el trabajo y responsabilidad que tuvieron a la hora de iniciar esta acción, que pretendía que se diera una señal importante en cuanto a la probidad.

De forma paralela, el Ministerio Público formalizó a Vásquez, por el delito de malversación de caudales públicos en noviembre del año pasado; causa que es indagada por el fiscal de Puerto Varas, Marco Muñoz.

Desde el momento en que sea notificado, el alcalde queda suspendido de sus funciones, sin perjuicio de que el fallo puede ser apelado ante el Tribunal Calificador de Elecciones.

Pero mientras no exista resolución definitiva, el alcalde se mantendrá suspendido de sus funciones.

Vásquez cuenta con un plazo de cinco días para apelar de la notificación de los abogados de las partes involucradas y requeridas.

Por eso, Víctor Angulo subraya en que se encuentran conformes por lo decidido por el Tribunal Electoral, entidad a la que presentaron pruebas contundentes, según dijo, "de que lo que hicimos fue lo correcto y más allá de una cuestión política por cuanto el alcalde pertenece a la Nueva Mayoría".

Para Ángulo, más allá del tema político, la probidad es algo que tiene que ser independiente al lugar de "donde provenga". Y en ese contexto, destaca la labor del equipo jurídico que trabajó en este tema, al cual le dedicaron horas de trabajo.

La intención de todo este esfuerzo -según admite- fue la de mostrarle al tribunal que la postura no es algo que se alejara de la realidad.

"Es una señal potente para nuestra comuna que se sustenta principalmente del Fondo Común Municipal y por ello no podíamos permitir que los recursos que van a la gente hubiesen sido desviados a otros lugares", puntualizó.

Ahora, el Concejo Municipal de Llanquihue deberá reunirse de forma urgente para definir al sucesor de Vásquez.

Para ello -dice Angulo el secretario municipal Eduardo Astorga cumplirá un rol fundamental al convocar a este encuentra extraordinario.

En tanto, la abogada Marcela Bustamante explicó los fundamentos que tuvieron para solicitar dicha acción en el Tribunal Electoral y que apuntan a 13 puntos, por diversos hechos que no sólo eran de conocimiento de materia penal por ser constitutivo de ilícito, sino que también de faltas a la probidad.

Resume todos estos puntos en la existencia de diferentes situaciones que comprometieron la participación del alcalde en actos "constitutivos de delitos y faltos a la probidad, que generaron responsabilidad no sólo penal, sino que administrativa, y por tanto política del jefe comunal".