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El ex diputado del Partido Radical y actual asesor del ministerio de Minería, Alejandro Sule, puso su cargo a disposición de la titular de la cartera, Aurora Williams ayer, luego de que se conociera que él le habría pedido al ex subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier, que enviara una boleta a SQM.

El asesor legislativo explicó a través de una declaración que "me he reunido con la ministra de Minería, Aurora Williams, instancia en la cual puse mi cargo a disposición. He tomado esta determinación con el fin de no interferir en el trabajo que realiza el Ministerio de Minería y este Gobierno".

El miércoles, Baier renunció a su cargo de subsecretario general de Gobierno, argumentando "razones personales", luego de que en marzo hubiera sido confirmado en su cargo, después de que se le vinculara al caso SQM por la emisión de una boleta por $6.666.667 en 2012 a la empresa minera no metálica.

"Se trató de un trabajo en un periodo en el que me dedicaba efectivamente al trabajo de la minería y al trabajo de las relaciones comunitarias, lo realicé el 2012 como periodista independiente en un trabajo de terreno", dijo Baier en marzo pasado respecto de la boleta.

"El trabajo se entregó, el trabajo se hizo, se canceló y se pagaron sus impuestos de ese trabajo de SQM en un periodo distinto, en 2012", añadió en ese entonces.

Según publicó ayer El Mercurio, habría sido Sule quien le solicitó a Baier que emitiera ese documento tributario por asesorías comunicacionales a nombre de SQM y que ese pago habría sido traspasado en 100% al ex parlamentario, quien luego lanzó su campaña como diputado.

Asimismo, se conoció que el ex subsecretario había sido citado a declarar por el Ministerio Público, y que dicha diligencia no pudo ser llevada a cabo por una licencia médica que habría presentado el ex funcionario de Gobierno, según publicó La Tercera.

Respecto de esa información, el ministro del Interior, Jorge Burgos, sostuvo que "yo supe, como ministro, con alguna anticipación que había cursado su renuncia. La posibilidad que declarara (ante la Justicia) era pública y notoria hace mucho tiempo".

El jefe del gabinete, además descartó que el ex subsecretario general de Gobierno le hubiera ocultado información al Ejecutivo sobre su vínculo con la minera no metálica. "Aquí a mi juicio no ha habido ocultamiento de ninguna especie, él tomó una decisión que me parece legítima y se procederá en consecuencia a reemplazarlo a la mayor brevedad", sostuvo.

Por su parte, el presidente del PR, Ernesto Velasco, dijo que el partido le pidió a Baier y a Sule que suspendieran su militancia mientras el Tribunal Supremo de la colectividad investiga los hechos.

"Aquí se ha mencionado que efectivamente hay una contraprestación donde se ha dado una boleta por un servicio que se prestó, y que los recursos que se habrían obtenido han sido destinados a otra persona para otros fines", afirmó a CNN, sin querer confirmar si fueron utilizados para una campaña.

El presidente de la colectividad agregó que "las responsabilidades son individuales, son personales, y son las personas las que tienen que asumir en términos propios lo que son sus propias conductas".

La defensa del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, presentó ayer ante la Corte de Apelaciones una apelación que buscar revocar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno decretado el lunes por el Octavo Juzgado de Garantía tras ser formalizado por presuntos delitos tributarios en el caso Penta.

Tras a formulación de cargos en su contra, el ex edil quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, las que la defensa de Zalaquett, representada por el abogado José Miguel Barahona, busca revertir y sustituirlas por unas menos gravosas.

La próxima semana la Corte de Apelaciones debe definir si ratificará o no las medidas precautorias que actualmente cumple el ex alcalde y si acoge la apelación de la defensa de Zalaquett.

El lunes recién pasado el Ministerio Público acusó al ex edil de delitos de fraude tributario por presunto financiamiento irregular de campañas políticas que se persiguen en el llamado caso Penta.

Pablo Zalaquett fue formalizado por su presunta vinculación al pago de $ 15 millones que proporcionó Penta para que le pagara a la empresa Reactor SPA, para su campaña senatorial.

En sus declaraciones, los controladores de Penta habrían afirmado que fue el mismo alcalde el que les pidió aportes para su campaña, según consignó Emol.

Además se estableció el vínculo entre el ex líder comunal con las empresas Asesorías Cristina Zúñiga EIRL y Reactor SPA, las que habrían emitido documentos tributarios ideológicamente falsos a SQM por un total de $ 67 millones que también habrían sido destinados para financiar la campaña senatorial del militante de la UDI en el año 2013.

En su exposición, el Ministerio Público argumentó que el ex alcalde de Santiago "arrastró" a 10 empresas distintas y a una persona natural, su jefa de campaña, a cometer ilícitos. Luego del análisis de los antecedentes presentados en la audiencia por la Fiscalía Nacional, el juez Juan Carlos Valdés determinó aceptar las mencionadas medidas cautelares solicitadas por el ente persecutor, las que la defensa de Zalaquett ha dicho que son desproporcionadas, a la vez que ha negado los delitos imputados a su representado.

En la misma audiencia fueron formalizados el senador UDI Iván Moreira y el diputado UDI Felipe de Mussy, que cuentan con fuero parlamentario.

El pleno de la Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, respecto del desafuero del senador independiente Carlos BIanchi, quien fue formalizado en marzo de este año por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible por irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

Como consecuencia de ese fallo, el parlamentario por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena podrá enfrentar el juicio por los cargos formulados en su contra.

La defensa de Bianchi había pedido que el máximo tribunal revisara la resolución del tribunal de alzada.

El Ministerio Público pidió tras la formalización una pena de cuatro años de presidio por los delitos de negociación incompatible y otros cinco años por el de fraude al fisco; además de 10 años inhabilitado de ocupar cargos públicos.

El presidente de la Suprema, ministro Sergio Muñoz, informó que el detalle de los argumentos por los que el máximo tribunal acogió el desafuero serán dados a conocer el próximo miércoles 1 de julio a las 13 horas.

El fiscal regional Juan Agustín Meléndez, solicitó el desafuero del senador independiente luego de establecer que existen antecedentes suficientes para acusarlo y llevarlo a juicio por las supuestas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

El persecutor valoró el fallo de la Corte Suprema y señaló -en entrevista con radio Cooperativa- que "es lo que nosotros pretendíamos: que este tema sea ventilado, en definitiva, en un juicio oral", y puntualizó que "aquí no existe una condena, no se ha resuelto el fondo del tema".

Bianchi ha insistido en su inocencia, la que previo a la formalización en marzo, aseguró que demostrará.

Por su parte, el presidente del Senado, Patricio Walker, explicó que "el efecto de la declaración de desafuero por la Corte Suprema significa que él queda suspendido de su función de legislador, no en su función de representación y que da lugar a la formación de causas".

Por eso, Walker señaló que "propuse en la última sesión de régimen interno que para todos los casos de desafuero se suspenda el pago de las asignaciones parlamentarias", lo que afirmó que es una decisión inédita de la Cámara Alta.