Cumplidos los 45 días que anticipó la Presidenta Michelle Bachelet para el envío de los proyectos de ley comprometidos en el marco de la agenda de probidad y transparencia que se autoimpuso el Gobierno, el viernes último se concretó las derivación de 11 -de un total de 22- iniciativas, en particular las vinculadas por la relación con el mundo privado, esto es, la creación de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y la nueva Comisión de Valores y Seguros.

En una ceremonia pública, en la cual estuvieron ausentes los presidentes de los partidos políticos, tanto de Gobierno como de oposición, la mandataria aseveró que "para construir una cultura de probidad y transparencia no bastan solo las leyes, no podemos ser ingenuos, para evitar la corrupción, el tráfico de influencias o cualquier asomo de engaño o abuso entre política y dinero es urgente tener leyes más duras y efectivas que entreguen a los fiscales y a los jueces mejores herramientas".

En este contexto, se espera que durante la próxima semana se envíen otras iniciativas, relacionadas por ejemplo con nuevas indicaciones para la contratación de funcionarios del Estado por la vía del concurso de alta dirección pública.

El Gobierno ha manifestado su voluntad y compromiso de combatir los atisbos de corrupción que han quedado al descubierto con los casos Penta, SQM, Caval, entre otras aristas hoy en desarrollo. No obstante ello, son los propios parlamentarios de Nueva Mayoría quienes reconocen que no se contempla por parte de esta administración impulsar iniciativas legales que tipifiquen como delitos penales la emisión de boletas o facturas ideológicamente falsas, que es precisamente el hecho que ha destapado el velo de la corrupción política y empresarial en Chile.

En este contexto, es clave atacar también el problema de fondo y aumentar las penas para terminar con el cohecho o el soborno de autoridades públicas para obtener beneficios económicos.

Cabe por cierto valorar el reconocimiento público de las autoridades en cuanto a que los gobiernos debieron preocuparse antes de legislar sobre estas materias, pero pretender regular a medias los conflictos de interés, las relaciones ímprobas y el uso de información privilegiada no es responder adecuadamente a la ciudadanía. Que se legisle es lo correcto, pero debe hacerse pensando en que hechos tan vergonzosos como los que hoy vive nuestro país, tengan un castigo claro y duro, que desincentive nuevos casos similares a futuro.

Por estos días se realiza en Santiago la Feria de las Regiones. El objetivo de este evento es visibilizar las carteras de inversión en las quince regiones del país, con la finalidad de incentivar la participación de empresas en los proyectos en desarrollo. Como Región de Los Lagos, estaremos presentes exponiendo iniciativas emblemáticas como la ampliación y mejoramiento de la Carretera Austral, la electrificación de las islas chilotas, el Puente sobre el Chacao, el Plan Borde Costero del Lago Llanquihue o los hospitales interculturales de Quilacahuín en San Pablo y La Misión en San Juan de la Costa.

La amplia cartera de proyectos que se está ejecutando en el país nos permite adelantar dos conclusiones. La primera es que Chile está siendo un esfuerzo serio por dotar de infraestructura a todos sus habitantes, llevando a los rincones más alejados conectividad, salud, educación, agua potable, electricidad, entre otros servicios fundamentales. La segunda es que esta cartera de proyectos requiere la colaboración de un sector privado dinámico que asuma el desafío.

En la Región, en un conjunto de comunas más aisladas, hemos constatado ciertas dificultades en el proceso de inversión pública, principalmente por la escasez de oferentes en las licitaciones. También hemos detectado problemas en los procesos de diseño de los proyectos. En la Feria, podremos comparar con las otras regiones la forma en que se han enfrentado estos problemas, aprender de los demás y aportar, con humildad, nuestras experiencias.

Se realizarán también dos foros para intercambiar perspectivas y proposiciones: uno destinado a los desafíos que presentan las nuevas áreas metropolitanas (incluyendo aquella que están formando Puerto Montt, Alerce y Puerto Varas), y otro destinado al mejoramiento de la calidad en el proceso de inversión.

Mejorar la inversión pública es un desafío público privado, y el diálogo entre el sector público y el mundo empresarial es una ayuda para avanzar en esta materia.

Nofal Abud M.

Intendente Región de Los Lagos