El Noveno Juzgado de Garantía decidió reagendar la audiencia de formalización de cargos contra 18 personas que están siendo investigadas en el marco de llamado caso Basura, entre ellos el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, y el de Maipú, Christian Vittori.

La audiencia estaba fijada para el 22 de junio y quedó agendada para el 3 de agosto. El cambio de fecha fue solicitado por las defensas de los imputados, que argumentaron que no tienen la carpeta de investigación y que no contaban con antecedentes que han surgido.

La fiscal Tania Mora detalló en declaraciones citadas por Cooperativa que "lo que se manifestó por parte del Ministerio Público es que se entregó copia. Ellos querían una actualización de la copia, la que se les puso a disposición hoy (ayer)".

El tribunal acogió la solicitud basándose en el alto número de personas investigadas, lo que dificulta notificar en un plazo breve la citación.

La fiscal Mora además reveló que parte de los antecedentes de la investigación tuvieron que ser decretados en reserva " porque algunos testigos de la investigación y algunas personas que tienen el carácter de imputados, que estaban colaborando con la investigación, habían sido amenazados".

"El Ministerio Público, resguardando la integridad tanto de los testigos como de algunos imputados, decidió decretar algún grado de reserva de determinadas diligencias", agregó la persecutora.

Según publicó el mismo medio, los testigos que habrían recibido amenazas serían Judith Rodríguez (PC) y Nicolás Camus (PPD), y la diputada Cristina Girardi (PPD).

El caso corresponde a la investigación de situaciones de supuesta corrupción en la licitación de empresas recolectoras de basura.

El alcalde Plaza, quien ha negado su participación en algún tipo de ilícito, señaló que está analizando congelar su militancia en RN, a pesar de que había rechazado categóricamente esa opción. Plaza tomaría esa decisión contemplada en los estatutos del partido. "Si los estatutos del partido lo dicen de esa forma, de todas maneras que lo voy a hacer. Bajo ningún punto de vista voy a pasar sobre las reglas que tenga mi partido", dijo a Cooperativa.

Por su parte, Vittori, que también alega inocencia, congeló su militancia en la Democracia Cristiana a mediados de mayo.

El intendente metropolitano, Claudio Orrego, confirmó que el Gobierno se querellará invocando la ley de seguridad del Estado contra 12 personas que fueron detenidas durante una protesta de trabajadores de la empresa Express del Transantiago, que paralizó ayer por cerca de una hora la Línea 1 del Metro de Santiago.

"Nos vamos a querellar contra 12 personas invocando la Ley de Seguridad del Estado", confirmó ayer la autoridad regional, quien añadió que "hoy día es el medio que hemos elegido para detener este tipo de actividad".

"No aceptaremos que un grupo de personas, por legítimas que sean sus reivindicaciones, paralice el Metro de Santiago bajo ningún respecto", enfatizó el intendente.

Se trata de 12 trabajadores que se desempeñan como conductores de la empresa Express del Transantiago, que se encuentran en huelga legal hace cinco días.

Según indicó Orrego, la querella invocará el artículo 6 letra c de la norma, que establece que quienes cometen delitos contra el orden público "los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales de comunicación, de transporte o de distribución, y los que, en la misma forma, impidan o dificulten el libre acceso a dichas instalaciones, medios o elementos".

"Como Gobierno respetamos el derecho de los trabajadores que, de acuerdo a la ley, luchan por sus demandas y mejoras laborales, pero nos parece que no es aceptable, y por tanto absolutamente condenable, que los mismos trabajadores afecten el bien común y la seguridad del resto de la población para llevar a cabo sus demandas", condenó el intendente de Santiago.

Por su parte, el director de Metro, Rodrigo Azócar, manifestó que "la acción de los trabajadores que se manifiestan ingresando a las vías de Metro, pone en riesgo sus vidas" y confirmó que la empresa realizó una denuncia ante Carabineros por el hecho y que están estudiando la configuración del delito para definir las medidas adicionales que tomarán, adicionales a las que anunció Orrego.

Las medidas fueron anunciadas por Orrego en compañía de Azócar y del ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo.

La Asamblea Nacional de Profesores decidió ayer continuar con el paro indefinido del gremio, que mañana cumple dos semanas, en rechazo del proyecto de carrera docente.

Esto a pesar de que los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados definieran el jueves suspender la votación de la iniciativa de Gobierno hasta que se realice un diálogo tripartito que incluya a los profesores, los parlamentarios y el Ejecutivo.

Según informó el Magisterio, se definió continuar con el paro indefinido de manera unánime y lo que se busca con la continuidad de la movilización es que se retire el proyecto, lo que ya ha sido rechazado por el Ministerio de Educación.

El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, informó que el jueves 18 volverán a realizar una Asamblea Nacional con el fin de analizar lo que se converse la próxima semana y definir si continuarán con el paro.

Durante la jornada de ayer los profesores además analizaron la propuesta de la Comisión de Educación de formar una instancia de diálogo tripartita, que comenzaría este lunes.

El presidente del Colegio de Profesores, afirmó que esa iniciativa "es un avance, pero ahora le falta al Ejecutivo dar una señal de garantías al Magisterio para sentarnos y conversar en serio".

Así, el líder gremial señaló que la propuesta de integrarse a dicho diálogo fue aprobada en la asamblea, pero exigieron la presencia del ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

Por su parte, el secretario de Estado lamentó que se extienda la paralización e hizo un llamado al diálogo a los docentes para evitar que los escolares sigan perdiendo clases producto de la movilización.

"Nosotros siempre respetamos absolutamente las decisiones de los organismos intermedios de la sociedad, no obstante lo lamentamos, porque, en definitiva, los más perjudicados son nuestros niños y niñas y estamos crecientemente preocupados por ellos, porque están perdiendo clases", manifestó la autoridad de Gobierno.

El titular de Educación agregó que "encuentro muy lamentable que con todos los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo -que los hemos hecho una y otra vez- de acercar posiciones, a lo que se suma el esfuerzo que ha hecho el parlamento; todavía no podamos encontrar un camino común, que lo necesitan con urgencia nuestros niños y niñas de nuestra educación pública".

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, se reunió ayer con la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) para tratar temas referentes al proyecto de Nueva Educación Pública, que ingresará al Congreso. El secretario de Estado destacó tener una "relación fluida" con los actores de la educación, en especial con los secundarios. Por su parte, el vocero de la Cones, Ricardo Paredes, señaló que están "contentos" porque en la moción están "los pisos mínimos que nosotros pusimos en nuestra asamblea nacional".