"Tengo un gran respeto y admiración por el @fideldiputado, por ende, quienes plajearon (sic) mi Teittear (sic) para denostar lo tendrán que enfrentar en trib.".

Los descargos corresponden al consejero regional y presidente regional del Partido por la Democracia, Claudio Oyarzún, quien llegó hasta la Policía de Investigaciones de Puerto Montt para denunciar la creación de una falsa cuenta Twitter con su nombre y cargo.

En ella, su "creador" escribió mensajes ofensivos en contra del diputado socialista Fidel Espinoza. Es así como en la ahora desaparecida cuenta @Corecoyarzun se podían leer mensajes tales como: "Te gusta el voto fácil, fiesta, chicha, fútbol y asado...".

Otro de los tuits: "Túte financiaste con tu constructora de casas que tienes a nombre de tu primo, subsidios de vivienda".

"Te faltó declarar todas las radios comunitarias que tienes con palos blanco, con fondos públicos", fue otro de los mensajes publicados que aluden al parlamentario del distrito 56 en la cuenta "@corecooyarzún", creada el día 8 de este mes.

Sobre este tema, el aludido Fidel Espinoza dice que la creación fraudulenta de dicha cuenta es una dato de la causa de lo que ocurre tras su última denuncia de corrupción (Caso Fardos, relativa a sobreprecios en compra de ayuda a afectados del Calbuco).

El parlamentario cree que existe una campaña en su contra, que es orquestada por actores políticos que han sido denunciados por él "debido a actos de corrupción".

"Si creen los cobardes que se escudan en el anonimato que me amedrentarán, les digo que por el contrario les adelanto que pronto tendremos novedades importantes en la Fundación Chinquihue y en Empormontt, con graves hechos de corrupción que daré a conocer", subraya. Pero lo más grave -a su juicio- es que no descarta de que este Twitter de "saliera de alguna oficina pública. Tenemos indicios de dónde salió. Y por eso valoro la denuncia realizada por Oyarzún al Ministerio Público para que se investigue la procedencia de estos tuits". En su relato, Espinoza apunta sus dardos a que estos "mensajes" provienen de sectores vinculados a la Nueva Mayoría: "Tendremos sorpresas cuando la PDI investigue".

Por lo mismo, el diputado por el distrito 56 pidió que la Policía de Investigaciones indague este tipo de situaciones, por cuanto "no permitiremos que las redes sociales se utilicen para denostar y agredir", como ocurrió con él.

"Ayer lo de (Claudio) Oyarzún y el fin de semana rayaron un baño público de un restorán con mensajes atentatorios con la dignidad de mi persona y de mi familia", reclama Espinoza.

Acusa que dos funcionarias socialistas -Indap y Prodemu- han sido perseguidas "por el director de Indap, Enrique Santis, quien al parecer no me perdona lo ocurrido tras la adjudicación fraudulenta del programa agroturismo".

Al respecto, Enrique Santis descarta que ello ocurriese y explica que la personera a la que se refiere el diputado Espinoza, "la contraté yo como director (se despeñaba como jefa de área de Indap de Los Muermos), pero en el proceso de evaluaciones al interior del servicio y que tiene que ver con cómo se desempeñaban en el manejo de equipo y se relacionaba con agricultores y autoridades, la cambié de puesto y la trasladé a Maullín".

El pago de una indemnización a ex trabajadores del servicio de recolección de basura de Puerto Montt, que "fueron despedidos de forma injustificada" -según los ediles-, fue uno de los temas ampliamente debatidos en el último Concejo Municipal.

Resulta que la Municipalidad debía cancelar $22 millones tras un acuerdo al que habrían llegado las partes, algo que para el concejal Fernando España no está claro.

Si bien este punto no fue aprobado por el municipio, España acusa que el causante de estas desvinculaciones fue la empresa Gestión Ambiente S.A., por lo que "lo que yo planteo y a diferencia de otro concejal (en referencia al PPD Héctor Ulloa), que no se puede estar haciendo un negocio por el hecho de tener que cancelar "22 millones en lugar de 56" al llegar a un acuerdo.

Y es que el edil PPD se mostró partidario de aprobar este pago a los trabajadores, que "fueron mal despedidos, pero cuya obra es de nosotros".

En Gestión Ambiente S.A., el gerente zonal, Ilich Olea, sostiene que "no sería efectivo que nuestra empresa tenga que hacerse cargo de dicha deuda, ya que responde a demandas de trabajadores de períodos anteriores al inicio de los servicios de esta concesionaria con la citada empresa contratista".

Agrega que la situación es simple: "La empresa Segesa -donde laboraban los trabajadores desvinculados- trabajaba subcontratada por el municipio antes de que nuestra empresa tomara dichos servicios, a la firma del contrato de la actual licitación adjudicada a nosotros por parte del municipio".

Explica que dicho servicio fue absorbido por Gestión Ambiente S.A. como subcontratación de la misma empresa, tomando en cuenta el carácter social y logístico que normalmente se aplica en este tipo de contratos (se vincula a la misma gente capacitada para ello, no se les deja sin trabajo, y están disponibles para el inicio de los servicios al día siguiente), explica el gerente zonal.

Al tiempo -agrega- dicha empresa quebró y "dejó en la indefensión a sus trabajadores y Gestión Ambiente S.A. se hace cargo de ellos (como antecedente aún tenemos 24 personas procedentes de dicha situación laborando con nosotros ) y con aquellos que demandaron nuestra empresa llegó a acuerdos judiciales a contar de la fecha de inicio del contrato con la Municipalidad".

En su argumento, Ulloa expuso que quienes tienen los recursos para cancelar son Gestión Ambiente S.A. y la Municipalidad, dado que las empresas en las que habían estado estos funcionarios (antes de Gestión Ambiente S.A.) hoy no existen ni tienen recursos.

Si bien admite que es Gestión Ambiente S.A. la que debería cancelar, "hoy no existe en este juicio y por lo mismo no va a cancelar".

Alega España que lo que plantea es que estos $56 millones corresponden a remuneraciones y liquidaciones justas de los trabajadores y por lo mismo el municipio no tiene que negociar "platas que le corresponden a los trabajadores. No se puede entrar y negociar lo que es el derecho de ellos y corresponde que se le cancelen estos recursos".

Además, sentencia que no es posible que el municipio siquiera llegue pensar en negociar deudas previsionales, algo que es un derecho "irrenunciable para el trabajador".

Dice que el "negociar" estos derechos constituye un "error garrafal", ni menos es aceptable que lo esté avalando una autoridad de izquierda.

En Gestión Ambiente, en tanto, se encuentran reuniendo los antecedentes respecto a lo sucedido en el Concejo y -según dice él- "ha habido situaciones ocurridas en períodos de tiempo distintos, que estaban ya resueltas o zanjadas y que hacen la diferencia entre que sea nuestra empresa o el municipio que deba explicarlas".

56

millones de pesos, dice el concejal España se le deben cancelar a los trabajadores.

22

millones de pesos es lo que debería cancelar el municipio, según el acuerdo que fustiga España.