Acusan a Latam de no cancelar códigos e incumplir la fusión
La FNE. La condición la obliga a renunciar en dos años a acuerdos con aerolíneas de alianzas distintas a Oneworld.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó el lunes un requerimiento contra Latam Airlines Group (Latam) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por supuestamente incumplir la Resolución N°37 del Tribunal, que aprobó la fusión de las aerolíneas Lan Airlines S.A. y Tam Linhas Aéreas S.A. en 2011.
Esa condición la obliga a renunciar en un plazo de dos años (que se cumplió el 22 de junio de 2014), a acuerdos de códigos compartidos con aerolíneas pertenecientes a alianzas distintas a Oneworld en las rutas que conectan Chile con Europa o Norteamérica, ya sea en vuelos directos o con escala en Sudamérica, o bien obtener una autorización del TDLC para mantenerlos.
En la resolución, el Tribunal fijó 14 condiciones para permitir la unión de ambas aerolíneas, siendo la séptima de ellas la que presuntamente incumplió Latam.
La misma condición obliga a Latam a obtener una autorización previa del Tribunal para celebrar nuevos acuerdos de códigos compartidos con aerolíneas de alianzas distintas a Oneworld.
el detalle de acuerdos
Los acuerdos de código compartido que la Fiscalía pide cancelar vinculan a Latam -a través de sus filiales Lan Argentina, Lan Perú y Tam- con Aeroméxico, AirChina, All Nippon Airways, Lufthansa, Korean Airlines y Singapore Airlines. Según la FNE, Lan intentó esa condición a través de un recurso de reclamación rechazado por la Corte Suprema.
Durante la fiscalización, la Fiscalía Nacional Económica detectó que la compañía habría mantenido seis acuerdos de códigos compartidos que incumplen la resolución del Tribunal y que, además, habría celebrado otros cuatro acuerdos similares con posterioridad a la resolución dictada por el TDLC, sin haber obtenido la autorización respectiva.
Por lo anterior, la Fiscalía solicitó al TDLC que ordene a la aerolínea poner término a estos acuerdos en un plazo máximo de 60 días desde que se dicte la sentencia, además de una multa a beneficio fiscal de 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a alrededor de US$ 4,2 millones. "La aprobación de una operación de concentración supone obligaciones que persisten más allá de la fecha en que se concreta una fusión y la Fiscalía está activamente revisando el cumplimiento de cada una de tales obligaciones", afirmó el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.