Profundas críticas ha despertado el anuncio realizado por la Presidenta Michelle Bachelet en su mensaje del 21 de mayo, donde adelantó que "a partir de 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, a institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito".

Para Armando Angulo, presidente del centro de alumnos del emblemático Liceo de Hombres Manuel Montt, la medida "afecta a los estudiantes de regiones y especialmente de la ciudades que no tienen una oferta universitaria del Consejo de Rectores totalmente consolidada".

El dirigente explicó que hay muchos estudiantes que, por distancia de sus hogares o por el alto costo de vivir en otra ciudad, eligen casas de estudios privadas de carácter local para continuar la educación superior. "Esperábamos gratuidad universal y que fuera aplicable a cualquier plantel debidamente acreditado", dijo.

Si bien el líder estudiantil precisó que aún la federación de alumnos secundarios no ha analizado en profundidad el tema, no descartó que esta sea una bandera de lucha para próximas movilizaciones.

"El movimiento estudiantil ha estado en letargo, pero sin duda anuncios que ponen en duda nuestro futuro nos hará despertar", indicó Angulo.

Fernanda Gallardo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, también criticó el anuncio de la Mandataria.

"Esta es una muestra que las reformas de Bachelet y la Nueva Mayoría no están en sintonía con lo que Chile requiere, y es una muestra que no pudo cumplir con lo que ella prometió que era la gratuidad total de la educación. Por ello, el movimiento social estará activo, en las calles, para demostrar que somos nosotros los que vamos a tomar las riendas para conseguir una verdadera educación gratuita", sostuvo.

Planteles privados

La insatisfacción con el mensaje presidencial fue más allá de los dirigentes estudiantiles y también llegó a los representantes de los planteles privados de educación superior.

José Guillermo Leay, vicerrector de la sede Puerto Montt Patagonia de la Universidad San Sebastián, dijo a El Llanquihue que "el anuncio realizado por la Presidenta sobre gratuidad para el 60% de estudiantes de centros de formación técnica (CFT), institutos profesionales (IP) sin fines de lucro y sólo las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), es una decisión que afecta negativamente a un gran porcentaje de estudiantes de nuestra región, los discrimina, les coarta un principio básico: La libertad de elegir, y si así fuere, a nivel universitario, no existe la oferta local para recibirlos".

El académico agregó que "es muy importante que todos los alumnos tengan una opción y ayuda para llegar a la educación superior, más en una región como la nuestra, donde costó mucho que se instalara una oferta de calidad para atender a un gran segmento de alumnos; no menos del 70%, que no podía emigrar a otras ciudades. Las instituciones de educación superior en Puerto Montt estamos haciendo un gran esfuerzo para educar a nuestros jóvenes con los mejores estándares".

Leay defendió la función social de su casa de estudios, precisando que "en nuestra región es evidente que la mayoría de nuestros estudiantes universitarios, tiene necesidad de ayuda para financiar sus aranceles. En nuestra sede con 3 mil 800 alumnos alrededor del 70% de ellos pertenecen al sector de vulnerabilidad social. La misión de nuestra universidad es contribuir a ampliar las oportunidades de desarrollo de nuestros alumnos facilitando su movilidad social. Estamos convencidos que lo anunciado se debe corregir en beneficio de todo el sistema y sobre todo de los principios que inspiran esta política, como son: la disminución de brechas sociales e igualdad para todos".

En la misma línea, pero a través de una declaración pública, Fernando Martínez, rector nacional del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Aiep, calificó el anuncio presidencial como "evidentemente discriminatorio y deja en una situación de vulnerabilidad a un número significativo de estudiantes".

Martínez, quien forma parte del directorio de Vertebral (Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados), sostuvo que "no tenemos certeza de la situación en que quedarán los más de 300 mil alumnos que estudian en instituciones técnico profesionales de calidad y con fines de lucro, dado que en la Cuenta Pública no se dieron los detalles del anuncio ni del impacto en los mecanismos de becas y créditos estatales que actualmente están disponibles para los estudiantes".

El Llanquihue intentó obtener la opinión de representantes de Inacap y de Santo Tomás, pero se excusaron por mantener copadas sus agendas.