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Investigan presuntos sobreprecios en compra de ayuda para afectados

erupción del calbuco. Se trata de la adquisición de fardos para animales. Gobierno instruyó investigación interna.

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Un a denuncia por irregularidades en la compra de fardos para alimentar a animales, que fueron evacuados de los sitios afectados por la erupción del volcán Calbuco, golpea al Gobierno Regional

La denuncia apunta a que fardos que debían costar máximo unos 4 mil 500 pesos, fueron adquiridos al doble de su valor. Los dardos apuntan a Carlos Andrade (jefe de gabinete del intendente Nofal Abud) y a Mauricio Valenzuela (jefe de gabinete de la seremi de Agricultura, Pamela Bertín).

Así lo señala el diputado PS, Fidel Espinoza, quien los acusa de haber sido vistos en un céntrico local de Puerto Montt almorzando con los proveedores, el jueves 7 de mayo, a eso de las 14.30 horas.

Espinoza anuncia que si no hay medidas de parte del Gobierno, concurrirá -incluso- a la justicia, puesto que se trata de algo "grave, dado que se trata de fondos destinados a la emergencia. Si es que mi gobierno aparece con la clásica respuesta: 'estamos haciendo un sumario", de que hay que esperar los resultados de manera que se enfríe, se equivocan". Tanto de la Intendencia como del Ministerio de Agricultura, se confirmaron sumarios al respecto.

El intendente Nofal Abud explica que la única noticia que tuvo respecto a esta situación fue a través de Bertín, quien le comunicó que Espinoza le manifestó sus dudas respecto a la operación en la adquisición de forraje en el marco de la emergencia por el volcán. Acto seguido, la seremi le comunicó al jefe regional de lo expuesto por el diputado PS. Con estos antecedentes, Abud instruyó una investigación sumaria en la Intendencia Regional.

Los datos que recibió la seremi, de forma preliminar, no apuntan a personas determinadas y por eso las indagaciones se dirigen a verificar si es que existe además participación de personas de Agricultura e Intendencia, en actos que pudieran estar reñidos con la probidad.

La investigación de Intendencia quedó a cargo del ex fiscal y actual jefe jurídico, Rodrigo Tejos. En tanto, en Agricultura, a través de una declaración pública, Pamela Bertín confirmó que instruyó la realización de una investigación sumaria con el fin de establecer si existen méritos para efectuar un sumario administrativo.

En el mismo documento admite que "entre los hechos que se cuestionan está la adquisición de fardos por un valor mayor al precio de mercado". Al respecto, subraya que "hemos consultado a los entes técnicos responsables de estas compras y se nos ha informado que en el marco de la emergencia, no se han detectado sobre- precios en la adquisición de estos fardos, información que hemos puesto a disposición de la investigación".

Abud, en tanto, recalcó que todo lo que tiene que ver con la adquisiciones de insumos agrícolas, fardos u otros, deberá esclarecerse mediante la investigación realizada por Agricultura. Bertín explicó -a través de una declaración pública- que se colocaron los antecedentes a disposición del intendente.

CUESTIONAMIENTOS

En su crítica, Espinoza emplaza al intendente a que diga si es que tenía conocimiento de esta situación, a lo que Abud afirma que no tenía antecedentes al respecto. La autoridad añadió que serán las dos investigaciones sumarias las que den cuenta de las circunstancias, oportunidad y sentir de lo que denuncia Espinoza.

De Carlos Andrade, jefe de Gabinete de la Intendencia, dijo que éste se encuentra con permiso administrativo producto de un problema familiar.

Su vuelta está programada para después del 21 de mayo, ocasión en la que Tejos debería tomarle declaración por este tema.

Para Abud es importante que se esclarezca esta situación y puntualiza que no avala ni avalará jamás actos reñidos con la probidad y la transparencia, valores que han caracterizado a su gestión durante estos 14 meses.

"Menos aceptaré que se me vincule como encubridor de eventuales irregularidades. La decisión del intendente y de Minagri es zanjar cualquier duda respecto de alguna situación anormal e irregular".

HISTORIA

Este tema también fue cuestionado por los consejeros regionales. Y quien cuestionó el monto a cancelar por Minagri en un encuentro sostenido entre este cuerpo colegiado y la seremi de Agricultura Pamela Bertín, fue el core RN, Harry Jürgensen.

En el fondo, el cuestionamiento apunta a que en la primera compra de 4 mil fardos se gastaron 19 millones 40 mil pesos. Posteriormente, existe una segunda compra de 2 mil 80 fardos, por un total de 16 millones 831 mil 360 pesos, lo que significa que en la primera compra se gastaron más de 5 mil pesos por unidad. Mientras que en la segunda adquisición, cada fardo llegó a los 9 mil pesos cada uno.

Por lo mismo, Jürgensen analiza hasta dónde puede llegar en cuanto a la solicitud y realización de acciones en esta materia: "Lo curioso fue que nadie nos explicó las razones del pago de estos montos y se nos pidió más recursos para el futuro… Esto duele, porque alguien se aprovechó de platas fiscales y eso significa meterle la mano a todos los chilenos". Además, emplaza a la autoridad para que aclare esta compra.

REACCIONES

El mundo político reaccionó a esta situación que involucra recursos del Estado. Es así como el diputado DC, Patricio Vallespín, la calificó como "preocupante y de extrema gravedad" esta denuncia de presunto sobreprecio pagado por fardos, en el contexto de la emergencia generada por la erupción del volcán Calbuco.

En ese sentido, el legislador dijo que "las autoridades, tanto el intendente Nofal Abud, como la seremi de Agricultura, Pamela Bertín, tienen todos los elementos para aclarar los puntos, los que deben mostrarse de cara a la opinión pública, para hacer la aclaración. Deben mostrar la licitación y todos los antecedentes".

En el mismo orden, la diputada UDI, Marisol Turres, expresó que "en este nivel de aprovechamiento en los precios, es dable preguntarse (si) va sólo para el proveedor o también hay alguien en el intermedio que se beneficia. Creo que debería investigarse a fondo qué hacían estas personas en esta reunión".

Mientras que el RN, Alejandro Santana, señala que "de comprobarse esta situación, no solamente hay que hacer un seguimiento de faltas administrativas sino que hay que hacer un seguimiento de las faltas penales que pueden estar vinculadas a este accionar".

De comprobarse esta situación, no solamente hay que hacer un seguimiento administrativo sino que hay que hacer un seguimiento de las faltas penales".

En este nivel de aprovechamiento en los precios, es dable preguntarse (si) va sólo para el proveedor o también hay alguien en el intermedio que se beneficia".

7

de mayo habría tenía lugar la reunión entre los funcionarios del Gobierno y los proveedores.

14

meses lleva como intendente de la región de Los Lagos, el abogado Nofal Abud.