Luego que el Sename anunciara el cierre temporal del centro de menores de Puerto Montt, la Defensoría solicitó al Juzgado de Garantía sustituir la pena de jóvenes infractores de ley. De ocho casos, en cinco de ellos estuvo de acuerdo la Fiscalía.

Respecto a los restantes, el Ministerio Público recurrió a la Corte de Apelaciones, que confirmó el planteamiento de la Defensoría en un caso y los otros dos quedaron en acuerdo, para que los ministros resuelvan.

LAS AUDIENCIAS

El defensor juvenil, Felipe Ahrens, explicó que las audiencias de sustitución de penas se realizan de forma permanente y no por este hecho en particular; es decir, por el cierre del centro de menores.

Y detalla que hace algunos días la Defensoría hizo una solicitud al tribunal de Puerto Montt, para sustituir el saldo de condena de régimen cerrado de nueve adolescentes que cumplían en el centro antes que se cerrara.

"Se hicieron las audiencias y asistieron los fiscales delegados de Sename. El tribunal accedió a ocho de las nueve solicitudes que hizo la Defensoría", expresó.

En ese contexto, el abogado sostiene que de las ocho sustituciones de penas que se decretaron, "en cinco casos la Fiscalía estuvo de acuerdo con lo que nosotros estábamos pidiendo. En los otros tres casos no estuvieron de acuerdo". El defensor recalca que la Ley de Responsabilidad Adolescente permite reinsertar socialmente a los jóvenes, a través de la sustitución de pena, como libertad asistida especial. Generalmente, son menores que tienen una buena adherencia a su intervención y tienen avances significativos. "La pena no está pensada como un castigo, sino para que se pueda apartar del camino que había iniciado y se pueda reinsertar", explicó.

fabiola.ancapichun@diariollanquihue.cl

Dos meses estuvo en prisión preventiva el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, quien fue formalizado por el Ministerio Público de la violación de una menor de 12 años, en el mes de febrero de este año.

El abogado defensor, Rafael Gallardo, planteó en una audiencia, que se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, que no existen pruebas suficientes para acreditar, hasta ahora, que hubo "acceso carnal" de la víctima. En esa lógica, el magistrado Miguel García acogió la tesis y lo dejó en libertad, sujeto a otras medidas cautelares que son menos gravosas que la privación de libertad.

A raíz de lo anterior, el fiscal de la causa, Marcello Sambuceti, apeló verbalmente a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para revertir la decisión del magistrado. "Se revocó la decisión manteniendo la prisión preventiva, pero haciendo la salvedad que se trataba de la mantención de un domicilio que pudiera asegurar el cumplimiento de dicha medida, esto es el arresto domiciliario total, porque el domicilio que otorgó el imputado se encontraba dentro de la zona de exclusión del volcán".

En virtud de aquello, explica el persecutor, el tribunal nuevamente llamó a una audiencia, donde la defensa propuso otro domicilio y "se sustituyó la prisión preventiva".

DEBATE

Sambuceti explicó que hace algunos días "se realizó una audiencia solicitada por la defensa, en cuanto a revisar la prisión preventiva respecto del imputado Jorge Rodríguez".

En la audiencia, la defensa planteó sus dudas sobre la credibilidad de la menor que habría sido violada. Sin embargo, el fiscal afirma que "nosotros sostenemos de que su relato no sólo es creíble, fue sustentado además por el relato de las declaraciones de las otras menores que también allí se encontraban, sino que además por los relatos que son descriptivos, respecto del lugar y del propio imputado, y que en una declaración prestada en sede fiscal también reconocen aquello".

Igualmente, se ventiló en la audiencia cuando las menores fueron junto al abogado a otra casa, donde sustrajeron algunas especies y el imputado se molestó. Como las increpó, lo amenazaron en denunciarlo.

Parte de lo señalado por el magistrado es que "los intervinientes saben que el debate será crudo en un juicio oral, en torno a la credibilidad de la menor".

La medida cautelar de prisión preventiva fue reemplazada por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

DECLARACIÓN

El persecutor detalló la declaración del imputado que se dio a conocer en la audiencia. Lo anterior, luego de renunciar a su derecho de guardar silencio que eventualmente podría ser una atenuante en un juicio.

Respecto a su testimonio, Sambuceti cuenta que "(dice) que hay actividades de connotación sexual al interior de la oficina, respecto a menores de edad, previo pago, en horarios nocturnos, excepto según el relato de la menor que es la que sindica de que no habría una violación, lo que nosotros sostenemos que sí".

De forma paralela, la Fiscalía investiga además los eventuales delitos que se pudieron cometer, respecto de las otras menores.

como negligente, calificó la directora regional del Sename, Pamela Soto, la actitud de la trabajadora que tenía bajo su cuidado al lactante de cinco meses, que murió luego de ahogarse con leche.

La declaración la hizo la autoridad en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas, donde presentó una querella en contra de la funcionaria que fue desvinculada de sus funciones.

El lamentable hecho ocurrió el miércoles 30 de abril, en circunstancias en que la cuidadora le dio leche en una mamadera al pequeño y después lo dejó solo durante unos minutos. Al regresar, se percató que el niño estaba asfixiado, según los antecedentes preliminares que ha recabado la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de la ciudad lacustre.

La autoridad del Sename detalló que "esta querella se presentó en contra de la educadora que estaba a cargo del bebé que falleció en la residencia San Arnoldo de la Fundación Verbo Divino, ya que hemos recabado más antecedentes que nos dieron las orientaciones necesarias para poder agilizar el proceso. Nos interesa dar la protección a los niños y sobre todo la seguridad de que ellos van a estar bien en un proceso de intervención".

Y agregó que es necesario adoptar varias medidas para fortalecer la intervención y no llegar a estos extremos. Además, llamó a los familiares que tienen a menores en hogares, " a la tranquilidad, esto fue un accidente. Una acción para nada premeditada, eso lo tenemos muy claro".

Sin embargo, a juicio de la directora regional del servicio, la actitud de la funcionaria fue negligente.

Es por ello que van reforzar los protocolos para salvaguardar la integridad de los niños y niñas, pero, además, van a realizar capacitaciones de forma más recurrentes y también enseñar primeros auxilios más especializados.

El fiscal Daniel Alvarado se encuentra investigando en coordinación con la PDI para poder esclarecer el hecho y determinar si existen responsabilidades penales.