El Presidente de EE.UU., Barack Obama, decidió sacar a Cuba de una lista de países patrocinadores del terrorismo, un paso clave en el intento del Mandatario para normalizar las relaciones entre los dos países.

Según informó la Casa Blanca, el Presidente tomó la decisión después que el Departamento de Estado analizó la presencia de la isla en la lista. La inclusión de Cuba en esta categoría había sido considerada un importante obstáculo en los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Washington y La Habana.

En un mensaje al Congreso, Obama expresó ayer que el Gobierno de Cuba "no ha ofrecido ningún apoyo al terrorismo internacional" durante por lo menos seis meses, y que la isla "ha ofrecido seguridades de que no apoyará al terrorismo internacional en el futuro".

El anuncio ocurre pocos días después que Obama y el Presidente cubano, Raúl Castro, se reunieron al margen de la Cumbre de las Américas en Panamá. Las conversaciones fueron el primer encuentro oficial entre líderes de los dos países en medio siglo.

Desde hace mucho tiempo, EE.UU. dejó de acusar activamente a Cuba de apoyar el terrorismo. Cuando Obama y Castro anunciaron del descongelamiento de las relaciones en diciembre, el Mandatario estadounidense manifestó su disposición a retirar a Cuba de esa lista.

Sin embargo, Obama se abstuvo de tomar una decisión ante indicaciones de que la Casa Blanca era renuente a otorgar la petición de Cuba hasta que otros temas espinosos se resolvieran, como la restricción de diplomáticos estadounidenses en La Habana.

Retirar a Cuba de esta lista podría allanar el camino para abrir una embajada de EE.UU. en La Habana, y otros pasos.

Cuba fue designado Estado patrocinador del terrorismo en 1982, según la Casa Blanca, por sus esfuerzos para "promover la revolución armada por parte de organizaciones que usan el terrorismo".

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que sacar a Cuba de esta lista no cambia el hecho de que EE.UU. tiene diferencias con el Gobierno de la isla. Hasta ayer, la nación comunista seguía siendo uno de cuatro países en la lista de Washington acusados de apoyar repetidamente al terrorismo mundial. Los demás países son Irán, Sudán y Siria.

La inclusión de Cuba en la lista implicaba una serie de sanciones contra la isla, como restricción a todo tipo de asistencia por parte de EE.UU. -incluso a través de organismos internacionales-, el comercio de armas, y al acceso a los mercados financieros internacionales. El secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, afirmó ayer que "ha llegado el momento de remover la designación de Cuba". "Las circunstancias han cambiado desde 1982 (...) Nuestro continente y el mundo se ven muy diferentes hoy", agregó.

El líder de la bancada del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara de Diputados de Brasil, Bruno Araújo, expresó su deseo de que su partido acelere la formalización de un pedido de juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, lo que podría llevar a su destitución.

"Llegamos al límite de una insatisfacción clara y expresiva que debe ser construida, de forma legítima y dentro de las reglas constitucionales, en forma de pedido de 'impeachment' de la Presidenta", sostuvo el legislador.

En opinión de Araújo, existen elementos suficientes para que se abra un proceso "construido con responsabilidad" contra la Mandataria, y que esta acción se justifica con la investigación que lleva adelante la justicia por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Rousseff es vinculada con el caso debido a la sospecha de que sus campañas electorales hayan recibido recursos desviados, y al hecho de que la Mandataria presidió el Consejo de Administración de la empresa durante un periodo que coincide, en parte, con los años en que operó la red ilegal, entre 2004 y 2010.

"Y que no me venga el Partido de los Trabajadores (oficialista) a hablar de golpe", agregó el parlamentario del PSDB, principal partido opositor del país.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Eduardo Cunha, descartó ayer que el Congreso vaya a iniciar un juicio político contra Rousseff.

"Para formalizar algo tiene que haber fundamentos jurídicos. El 'impeachment' no es un proceso político", dijo Cunha, quien como presidente de la Cámara Baja ocupa el tercer cargo más importante del país.

Araújo tenía previsto ayer transmitirle al presidente del PSDB, Aécio Neves -derrotado por Rousseff en la segunda vuelta electoral de octubre pasado-, la petición de un juicio político.

Una reciente encuesta de Datafolha reveló que un 63% de los ciudadanos apoya un juicio político contra Rousseff. El domingo se realizó en todo el país una masiva protesta contra la Presidenta en la que participaron 500 mil personas.