Querellante dice que próximo paso es formalizar a Moreira y De Mussy
caso penta. Abogado de Ciudadano Inteligente dice que las personas que cometieron delitos deben ser castigados. Mientras, diputado Espinoza califica de "mitómano" a De Mussy y experto dice que estos casos obedecen al modelo neoliberal con énfasis en lo material que existe hoy en Chile.
El clamor popular dice -por estos días- que la única solución para que la comunidad vuelva a confiar y a legitimar a la clase política, es que exista un golpe de timón y que todos quienes resulten responsables de casos como el Penta, Caval o SQM den un paso al costado y dejen sus puestos en caso de que desempeñen un cargo de elección popular.
Algo que es complejo, por cuanto los congresistas no pueden renunciar; algo que han prometido cambiar aunque aún no está claro desde cuándo comenzaría a operar.
De hecho, el viernes dos congresistas de esta zona: el senador Iván Moreira y el diputado por el distrito 56, Felipe de Mussy, tuvieron su primer encuentro con la justicia.
Mientras el senador ha insistido en que sólo cometió una irregularidad, el diputado habría reconocido haber solicitado recursos para financiar su campaña electoral al contralor del grupo económico Penta, Carlos Alberto Délano, según consigna una nota de Canal 13, medio en el que se da cuenta que De Mussy habría dicho que todo el tema del financiamiento de su campaña lo había dejado en manos de su amigo Tomás Garcés y que se enteró de su vinculación con este caso a través de la prensa.
Pedro Orthustegy, abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente y querellante en el Caso Penta, cree que el próximo paso de la Fiscalía es el formalizar a los políticos.
Y el delito sería el de cohecho, que tiene una pena baja y que quiere decir que los parlamentarios no quedarán en prisión preventiva como los controladores de este grupo.
Escenario que podría cambiar, si es que el Servicio de Impuestos Internos se querella contra los políticos por delitos tributarios, como ocurrió con el subsecretario de Minería durante el Gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner.
Esto se suma a los dichos del abogado Miguel Soto, quien en declaraciones a ADN sentencia que tanto Jovino Novoa, Ena Von Baer, Iván Moreira y Felipe de Mussy reúnen los antecedentes para ser formalizados.
Para Orthustegy, si se llegase a presentar dicho panorama, eventualmente los parlamentarios -en caso de solicitarse una medida cautelar y el desafuero- podrían quedar en prisión preventiva o con otras medidas cautelares.
- Una vez desaforados, ellos no podrán participar de las votaciones y si son condenados por cohecho se produce una inhabilidad.
Orthustegy detalla que en el caso de la querella presentada por ellos, sólo alcanza al senador Iván Moreira, pero "De Mussy está siendo investigado por la Fiscalía".
A propósito del diputado del distrito 56, su colega Fidel Espinoza (PS) recuerda que la campaña del gremialista fue multimillonaria, algo que nunca antes había visto. Además, lamenta que la UDI no asuma la responsabilidad en este polémico caso.
Recordó que con ocasión del Caso MOP- Gate -en tiempos del Presidente Ricardo Lagos- la UDI fue el primer partido en pedir el congelamiento de las militancias de quienes estuviesen involucrados, pero hoy defienden un principio de presunción de inocencia.
Sobre el futuro, Espinoza va más allá y enfatiza en que quienes hoy aparecen sindicados en este caso, cómo van a poder opinar cuando se traten temas que tienen que ver con la minería, los bancos y el cómo las Afps presionan a sus afiliados. "Me parecería improcedente; ética y moralmente, están en una situación muy compleja y eso es lo que no quieren asumir hasta la fecha", adujo.
"MITÓMANO"
Los dardos de Espinoza apuntan a De Mussy, a quien tilda de "mitómano" y no sólo en el caso Penta, "sino que en el diario vivir".
Dice que hay ejemplos que dan cuenta de que "se cree sus propias mentiras. Un ejemplo es que cuando aparece sindicado en el Caso Penta, juró al país que no tenía nada que ver con financiamiento irregular y que era una ofensa a su honra el que su nombre figurara, pero ahora pretende desvirtuar lo que ya dijo".
- Su desempeño fue tan pobre que no hay nada que investigar. Excepto que su gran compromiso fue la modificación la Ficha de Protección Social -a nivel nacional como Gobierno- y que tendría una implementación en la región, con fecha perentoria diciembre de 2012, pero nunca lo cumplieron.
Adelanta que la parte querellante del Partido Socialista pedirá la revisión exhaustiva de una eventual existencia de obras boletas con las mismas características y que hubiesen sido emitidas a otras empresas. "Yo había competido con (Carlos) Recondo -ex diputado UDI- en tres ocasiones y sus campañas eran caras, dentro del marco de lo que uno puede imaginarse cuando se trata de un candidato de la derecha, que tiene el apoyo de los grupos económicos, pero ésta (la de De Mussy) fue multimillonaria", acusa.
Como ejemplo, recuerda que contrataron un circo para que actuara en cada comuna dos a tres veces, "algo que nunca habíamos tenido en las campañas. Podrían investigarse los Penta Circos que instaló De Mussy".
Esto, porque según demanda Espinoza, cada circo cobra entre 4 a 5 millones de pesos por actuación".
En tanto, Orthustegy remarca que es necesario que exista castigo.
- Lo que corresponde es que las personas que cometieron delitos sean castigadas y que las normas relativas al financiamiento de las campañas políticas sea mejorado y transparentado.
Desde el punto de vista personal, el abogado piensa que un paso para que la gente vuelva a confiar en los políticos, es que los partidos suspendan la militancia de las personas que están siendo investigadas y hasta que sus situaciones estén aclaradas.
"Si la UDI optó por otra decisión, finalmente será la gente la que castigará este tipo de determinaciones, dado que lo que hoy busca la ciudadanía es que exista la máxima transparencia posible y que si hay una sospecha de que se está investigando algo, estas personas suspendan su militancia, como lo hizo Renovación Nacional", reflexiona.
SANCIONES
Horacio Sanhueza, director del Instituto de Administración de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Valdivia, analiza que el tema va más allá del caso Penta. "Por ejemplo, el Caso Cascada, La Polar, Caval y SQM significa un problema central que tiene la sociedad chilena. Creo que se debe al modelo de economía que existe, que es neoliberal o de capitalismo salvaje", anota.
Y es este modelo el que -según Sanhueza- permeó al resto de la sociedad chilena y que cuando se dice que no existen valores, que se están pasando a llevar, "creo que lo que se está haciendo es que los empresarios y los políticos simplemente acuden a los valores económicos, que son parte de la ideología del modelo imperante que permea a la sociedad".
Bajo esta lógica, señala que hoy el hombre que es exitoso en nuestro país, es el que tiene dinero, que puede demostrar bienes. Lo que es sinónimo de un paradigma de éxito y por lo mismo cree que esta situación no es más que un reflejo de lo que es la sociedad y sus valores estéticos y económicos fundamentalmente. "Es fiel reflejo de la ideología que reina en la sociedad chilena", expone.
En ese sentido, admite que es complejo poder decir si son los empresarios o los políticos los corruptos. "Es decir: ¿Si el poder económico corrompe al político o el político corrompe al económico", considera.
Reflexiona en torno a que hoy el gozo está puesto en lo material en desmedro de lo espiritual y eso es lo que lleva a que se "comentan estas atrocidades como fraude al Fisco y a los derechos humanos".
Esto último tiene que ver porque "nosotros estamos financiando a partidos políticos sin que la ley lo permita. Indirectamente".
Dice que hay que ver lo que ocurre con el aporte de los empresarios a estas colectividades, en circunstancias que "nosotros estamos complicados con las AFPs y Penta tiene AFps que han invertido en holding de empresas con resultados negativos para la ciudadanía".
Remarca que esto significa un daño y fraude a la ciudadanía con este caso. "Hay una inconsistencia desde el punto de vista moral y religioso. Es compleja la situación y es la punta del iceberg. Hay una lucha del poder político con el económico, pero lo que puede venir con SQM es más terrible que Penta y caerán moros y cristianos", argumenta.
En tanto, María Elena Gronemeyer, quien es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Comunicación Social y Periodismo de la North Carolina University, Chapel Hill, Estados Unidos, señala que el argumentar que todos, o una mayoría, han incurrido en una misma conducta no la legitima éticamente (en relación a justificaciones por el Caso Penta).
"La acción en sí tiene que ser ética, aunque muy pocos asuman esa conducta. La evaluación de esta cualidad de una conducta debe considerar a las personas que se ven afectadas por ella, las circunstancias que llevan a asumirla, sus consecuencias y si el eventual daño derivado de la conducta es proporcionado teniendo en cuenta el bien que se busca", agrega.
Por eso, sostiene que el político que asume una conducta debe estar en condiciones de dar cuenta de frente a sus representados de su consideración de todos estos elementos para argumentar que fue ético.
Sobre que "es irregular, pero no es delito", acentúa que tampoco es una afirmación ética. "Hay que entender que lo que garantiza la ley es el mínimo que una sociedad considera necesario para resguardar la convivencia. Eso dista aún mucho de lo que persigue la ética, que apunta a la excelencia en el quehacer", advierte. Su reflexión prosigue en torno a que si el político se conforma con no cometer delitos, "nos está diciendo que se conforma con darnos el mínimo para no ser demandado, pero no que va a brindar el mejor servicio público de que es capaz".
A través de su unidad de comunicaciones, El Llanquihue fue informado que el diputado De Mussy podría hoy referirse a a esta temática, mientras que el senador Iván Moreira, no pudo ser ubicado telefónicamente ayer por la noche.