El incendio forestal que por más de una semana ha acabado con miles de hectáreas en la Cordillera de Los Andes de La Araucanía ha demostrado la extrema vulnerabilidad en que se encuentran las reservas nacionales y parques nacionales repartidos en el sur del país. Esta realidad, que hace poco significó un enorme daño medioambiental en las Torres del Paine -cuando una fogata mal apagada derivó en un siniestro de enormes proporciones-, se concretó este mes en los bosques de la comuna de Melipeuco, Provincia de Osorno. Allí, un incendio avanzó en los últimos días con escaso control en la reserva China Muerta y el parque Conguillío, dos importantísimas áreas verdes que están en el corazón de una reserva de la biósfera y que albergan miles de hectáreas de bosque nativo. Realidad que también se ha vivido este verano en la Provincia de Llanquihue en el Vicente Pérez Rosales.

Gran parte de la opinión pública ha manifestado sus reparos a los organismos encargados de la protección de la diversidad forestal y de la gestión de emergencias (Conaf y Onemi, respectivamente), por una aparente parsimonia a la hora de aquilatar la real dimensión de lo que se estaba produciendo en la cordillera. Tan así que se ha criticado a Conaf por enviar recursos humanos y logísticos al incendio forestal en Valparaíso en los primeros días de la emergencia en Melipeuco, cuando ya el siniestro daba cuenta de su extrema voracidad y del impacto que iba a tener en el bosque nativo.

La desprotección en que queda el sur en estos casos es materia que tendrá que ser respondida prolijamente cuando se logre controlar y extinguir el fuego en la reserva de la biósfera. No obstante, lo ocurrido permite concluir que en el actual escenario los parques y reservas nacionales no se encuentran dentro de las primeras prioridades de la gestión pública, pues aparte de la desatención que ha habido desde el nivel central hacia el desastre ecológico en la vecina Región de La Araucanía, no se observó durante la última semana, al menos públicamente, una rápida respuesta ante un incendio que se sabía iba a provocar grandes perjuicios.

Cuando se acabe el fuego, el sur del país habrá de estar lamentándose por el fin de araucarias milenarias y reflexionando, además, sobre los errores.

Naciones Unidas ha establecido el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. En este primer año a cargo de la Intendencia, el agua se ha revelado como un desafío prioritario. En el campo hay escasez de agua para el consumo humano y para actividades productivas. La concentración de personas en pueblos, aldeas y caseríos obliga a recolectar y tratar las aguas servidas para que no amenacen la salud de las personas y no contaminen el agua subterránea. Como suele ocurrir con los problemas ambientales, los más perjudicados con la escasez de recursos hídricos son los más pobres. Cuando hablamos de inversión con enfoque de derechos, estamos pensando principalmente en agua potable y alcantarillado. Los proyectos de agua potable son, probablemente, los que mejor se justifican. Los de alcantarillado son, probablemente, los que más dignifican la vida de sus beneficiarios.

En el plano de la inversión pública, el Estado cuenta con diversas posibilidades de intervención: sistemas de agua potable rural, sistemas de riego, recolección y tratamiento de aguas servidas, etc. En el Gobierno Regional, el año 2015 comenzó con una cartera de proyectos de más de 9.600 millones de pesos entre agua potable y alcantarillado, de la que todavía quedan por invertir cerca de 5.200 millones. A estos proyectos se agrega un grupo de proyectos cuyas obras se iniciarán el 2015, y que superan los 7.500 MM$.

A fines del año pasado, la Subdere regional recibió casi 1.800 millones para 35 proyectos en toda la Región, también de agua potable y alcantarillado. Este año, en enero, la Dirección de Obras Hidráulicas presentó ante el Consejo Regional una cartera de proyectos que se extiende por toda la Región. El Ministerio de Agricultura, FOSIS y CONADI hacen también importantes aportes en sistemas de agua potable o de riego. Para facilitar la coordinación de estos organismos y articular una estrategia compartida, la Intendencia cuenta con un encargado de Recursos Hídricos, que tiene línea directa con la Delegación nacional de Recursos Hídricos.

En el plano normativo, el Gobierno se encuentra promoviendo una reforma al Código de Aguas que consagra el agua como bien nacional de uso público, y que busca asegurar la disponibilidad de este recurso para el consumo humano.

Pero la acción estatal es insuficiente para enfrentar los desafíos que tenemos. Debemos proteger humedales, turberas y bosque nativo, que regulan el ciclo hidrológico. Frenar la contaminación de fuentes de agua. Ser eficientes en su uso, ya sea doméstico o productivo. Tomar conciencia de los efectos del cambio climático y aportar, aunque sea con granos de arena, a su combate. El agua seguirá siendo una prioridad por muchos años. Sólo una actitud decidida y un trabajo unitario nos permitirá asegurar que sea efectivamente un derecho para todos los chilenos.

Nofal Abud M.