El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó ayer, a primera hora, los datos contables de la empresa minera Soquimich (SQM) requeridos por la Fiscalía Nacional para la investigación que lleva adelante por presuntos delitos tributarios relacionados con supuestos financiamientos irregulares de campañas políticas que se persiguen en el caso Penta.

La información, que fue proporcionada dentro del plazo de 48 horas estipulado por el Ministerio Público, fue solicitada por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, tras la negativa de la compañía minera, que resolvió no entregar de manera voluntaria los datos comprometidos en primera instancia por la firma luego de la petición de los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena.

A ello se sumó la presentación de una cautela de garantía por parte del ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, con el fin de intentar frenar la diligencia. El recurso fue rechazado por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

Luego, Contesse ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional por inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que fue acogido a tramitación, suspendiendo de esta manera cualquier medida intrusiva hasta que se discuta su admisibilidad.

El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, aseguró ayer que con la entrega de la información se despejan las dudas sobre una posible obstrucción por parte del Ejecutivo.

"Si alguien supone en Chile que hay funcionarios públicos que quieren obstruir las investigaciones tienen que ser los suficientemente responsable y denunciarlo. No se pueden destruir las instituciones más allá de las opiniones que uno tenga. No se puede estar todo el día respondiéndole a los comentaristas, porque hay que gobernar", dijo, frente a los cuestionamientos al Gobierno.

Aleuy insistió en que las instituciones están funcionando y que "aquí lo que corresponde, de acuerdo a la ley, que quien investiga en Chile son los fiscales". "La Fiscalía dio una instrucción y el organismo pertinente, que en este caso es el Servicio de Impuestos Internos, cumplió esa instrucción", aseveró.

Los antecedentes en cuestión tienen como objetivo aclarar la entrega de boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la minera sobre la base de una nueva línea de investigación que persigue establecer si dichos dineros habrían servido para entregar recursos a campañas electorales, entre ellas la del ex alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett.

El jueves, Chahuán se refirió a la petición despachada el miércoles al SII, descartando que ello se tratara de algún tipo de presión del Ministerio Público hacia el órgano fiscalizador.

Ahora será la Fiscalía la que deba cumplir con el plazo de 48 horas otorgado el jueves por el Tribunal Constitucional, que solicitó la entrega de las razones que la llevaron al ente persecutor penal a pedir al Servicio de Impuestos Internos información contable respecto de SQM como parte de las diligencias del caso Penta.

Dicha causa ya tiene diez personas formalizadas, cuatro de ellas en prisión preventiva, entre ellos los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por delitos tributarios, cohecho, soborno y, en el caso de este último, lavado de dinero.

La entrega de datos contables de SQM tiene como fin investigar la emisión de boletas irregulares por parte de la firma.

El ex gerente Patricio Contesse ingresó dos recursos para intentar frenar la entrega de datos. Uno fue acogido.

SQM indicó que el informe del comité que creó para indagar pagos irregulares a campañas se conocerá en abril.

Ayer, la clasificadora de riesgo Feller Rate bajó la clasificación de las acciones series A y B de SQM desde "Primera Clase Nivel 2" a "Primera Clase Nivel 4".

Mabel González

8.00

horas de ayer el Servicio de Impuestos Internos entregó a la Fiscalía los datos contables de SQM.

48

horas de

plazo había estipulado el Ministerio Público para la entrega de los antecedentes.

10

formalizados

tiene el llamado caso Penta, del cual se originó la arista Soquimich.

La Asociación de Corredores de Propiedades de Chile se refirió ayer a la operación de compraventa de unos terrenos en Machalí realizada por la empresa Caval, firma de la que es socia la nuera de la Presidenta Bachelet, Natalia Compagnon.

Ayer se conoció una nueva cláusula del negocio entre Caval -de la que también es socio Mauricio Valero- y el empresario rancagüino Hugo Silva. Se trata de un acuerdo de que Silva retuviera el terreno en su poder hasta que Valero los vendiese nuevamente, cobrando una comisión de 26%.

Además, las cláusulas del negocio no están en un solo documento, sino que están repartidas en distintas notarías y contienen elementos que no han sido aclarados.

Al respecto, la secretaria general de la asociación gremial, Marcia Marchant, aseguró al diario La Segunda que "es raro, no queda claro el negocio, no me cuadra". Agregó que "este tipo de cosas pasa porque hoy se permite que cualquiera pueda ser corredor".

Consultada acerca de por qué en la transacción se usó un cheque en lugar de un vale vista, Marchant aseguró que "estos negocios no se hacen con cheques, se hacen con vale vista. Nadie recibe cheques hoy en día por la posibilidad de que les den orden de no pago o que haya una firma disconforme. Yo no acepto cheques en las transacciones. No queda claro".

Los terrenos adquiridos por Caval a través de un crédito de $ 6.500 millones prestado por el Banco de Chile fueron luego revendidos a Hugo Silva, dueño de la empresa Silca, por $ 9.500 millones.

Según la revista Qué Pasa, el mismo día que se firmó la promesa de compraventa, en febrero pasado, Valero firmó un contrato privado con el empresario rancagüino en el que éste último le entregó a Inmobiliaria e Inversiones FVM, de propiedad de Valero, la atribución exclusiva para que vuelva a vender a un tercero los mismos terrenos con sus respectivos derechos de agua, ya sea a un mismo comprador a distintos de forma simultánea.

La condición que se establecía allí era concretar la operación dentro de un año y por un monto no menor a $ 14.700 millones (unas 600 mil UF), mayor precio que se explicaba por el cambio de suelo que se esperaba para la zona, y que en estos momentos se encuentra paralizado luego de que estallara el caso Caval a inicios de febrero.

Esta semana, la Fiscalía incautó tres cheques a Caval desde una notaría, uno de los cuales es de $ 2 mil millones y correspondería a la ganancia obtenida por la venta de los terrenos.