En mi constante relación con las comunidades de la región, especialmente de los sectores más aislados y rurales, he visto con preocupación el nulo avance que ha habido con respecto a la regularización de la tierras, por parte de Bienes Nacionales. Y no quiero con ésto señalar ni culpar a una administración en especial, porque este ha sido un problema transversal que se arrastra desde muchos años.
Si según cifras del mismo ministerio, el plazo promedio de tramitación de una carpeta es de 17 meses, con un tope de 24 meses, cuando se ha entregado todos los documentos como corresponde, la realidad nos dice que aparte de los años de espera donde en la mayoría de los casos supera los tres años, la cantidad de resolución es muy baja.
El derecho a la propiedad es una de las tantas vías que existen para terminar con la desigualdad, especialmente cuando se trata de familias vulnerables, que muchas veces carecen de educación para poder materializar y entender los burocráticos procesos administrativos de los servicios públicos.
Por ello es prioritario modernizar la gestión y mejorar la calidad de servicio ministerial, reduciendo drásticamente tanto los plazos como los costos de los procesos, como una forma de saldar la deuda histórica de la cartera en esta materia.
Para ello es necesario dotar no sólo de las herramientas necesarias a las distintas Seremis del país, sino también entregar la dotación necesaria considerando que en la región se cuenta con cerca de 50 funcionarios para cubrir las necesidades de una extensa región con 30 comunas, que se caracteriza por sus dificultades de aislamiento y conectividad.
La regularización de los títulos de dominio, no solo tienen relación con el derecho a la propiedad, sino también ayuda a forjar un país de emprendedores, y es preocupante la cantidad de beneficios y programas del Estado, como acceder a créditos para comenzar algún negocio, subsidios, programas de pavimentación, alumbrado o alcantarillado a los cuales hoy las familias afectadas no pueden acceder y con ello mejorar su calidad de vida.
Los programas de regularización son un verdadero motor de desarrollo y se estima en la región son cientos las familias que se encuentran en espera de este proceso, que no deben ni pueden seguir esperando.
Iván Moreira Barros.