La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a seis empresas navieras por supuestamente haberse coludido en la contratación de transporte marítimo de automóviles hechos por los fabricantes o consignatarios de distintas marcas desde el 2000, para ser vendidos en el país.

Las firmas involucradas son Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y Compañía Chilena de Navegación Interoceánica (CCNI); la coreana Eukor Car Carriers Inc. (Eukor); y las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK).

Según la entidad, el acuerdo buscaba que las navieras mantuvieran en el tiempo los servicios de transporte marítimo de los automóviles a Chile, con un fabricante o concesionario determinado, aún cuando hubiesen realizado procesos de contratación para buscar nuevos oferentes de estos servicios con mejores condiciones comerciales.

De esta forma, el cartel permitió que las navieras se respetaran entre sí las cuentas que poseían originalmente.

La FNE pidió al TDLC multas totales cercanas a los US$ 75 millones para las navieras. La mayor sanción solicitada fue para Eukor (US$ 25 millones). Para CCNI, K-Line y MOL pidió US$ 12,5 millones, más el pago de las costas.

Según la FNE, los acuerdos entre las navieras habrían sido ejecutado en las rutas marítimas con origen en puertos de Europa, América y Asia, que explican 90,7% de las importaciones locales.

La FNE solicitó eximir de multas a CSAV, pues habría cumplido con el procedimiento de delación compensada. En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el directorio de CSAV "instruyó a la administración a brindar la máxima colaboración en relación con cualquier investigación que tenga por objeto determinar la existencia de ilícitos anticompetitivos".

Para analizar avances del Plan de Fortalecimiento de la Inversión, la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento y el Plan para agilizar los proyectos de inversión privada que se tramitan en el sector público, se reunieron ayer el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, junto al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Hermann von Mühlenbrock.

El secretario de Estado, que impulsa desde hace meses lo que ha denominado una "alianza público-privada", afirmó que la cita fue "muy franca, constructiva y positiva".

"Hemos revisado los planes de inversión que estamos agilizando, tanto en lo que es la ejecución del presupuesto del sector público para 2015, como en especial los proyectos de inversión privada que están en el sector público y en eso hay que avanzar con decisión para agilizarlos. Estuvimos conversando sobre áreas que tienen que ver con la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento", afirmó Arenas.

cartera de inversiones

El presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, aseguró que "como Sofofa le entregamos una lista de inversión de US$ 12 mil millones y creemos que hay espacio en forma conjunta de reactivar estos proyectos que van a hacer la base para el crecimiento".

El dirigente gremial agregó que confía en que este "va a ser un mejor año que el pasado, pero hay que trabajar en materia de inversión".

El escenario que plantea el alza en el precio del dólar y la caída en los valores de la energía, añadió el titular del gremio empresarial, es una "buena noticia" para el sector.

Durante el encuentro, Von Mühlenbrock invitó al jefe de Hacienda a un seminario que realizará el gremio industrial el 12 de marzo. "Con mucho gusto vamos al seminario, tal como lo hicimos hace un año atrás en marzo de 2014 (…). Cuando colocamos los intereses de Chile por delante, cuando al Gobierno le va bien, le va bien a Chile y nos va bien a todos", agregó el ministro.

el escenario 2015

Respecto de las bases para impulsar la inversión del sector privado durante 2015, el secretario de Estado destacó que la economía cuenta con bases "sólidas y sanas", con positivos indicadores macroeconómicos, además de políticas monetaria y fiscal expansivas.

"Lo que necesitamos es construir las confianzas, velar porque estas expectativas positivas que se están generando en el mercado se consoliden y avancemos en dinamizar la economía, avancemos en tener mayor espacios para la inversión pública, pero especialmente para la inversión privada", comentó.

Según Arenas, para enfrentar la desigualdad "necesitamos crecer y el motor del crecimiento en Chile es la inversión privada".

Con visiones contrapuestas, el Senado aprobó prorrogar en 6 meses la entrada en vigencia de la ley que obliga la instalación de dispositivos GPS para embarcaciones pesqueras artesanales.

El senador Rabindranath Quinteros (PS) afirmó que la comisión de pesca de la Cámara Alta acordó iniciar la revisión completa de la Ley de Pesca antes de establecer la obligatoriedad del uso del posicionador satelital.

El legislador recordó que resulta necesario establecer un control estricto y riguroso de los volúmenes de extracción de especies críticas como el jurel, anchoveta y sardina, las que en un 56% son capturadas por los pescadores artesanales.

Afirmó que el GPS "permite tener ciertas certezas de las zonas en que operan las embarcaciones sometidas a esta norma, evitando el acceso ilegal de aquellas de otras regiones a pesquerías como es el caso de la reineta en las regiones de Los Lagos y Aysén".

Sin embargo, puntualizó que "la Ley de Pesca promulgada recientemente no ha resuelto los problemas de fondo de la pesca artesanal. Antes de establecer la obligatoriedad del uso del GPS, la comisión de Pesca del Senado ha acordado comenzar la revisión completa de la ley de pesca", explicó Quinteros.

La obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en el mar para embarcaciones pesqueras artesanales debía comenzar a regir en febrero, pero que se hará efectiva desde el 9 de agosto.

El propósito de la exigencia de este equipamiento es el de evitar la invasión de pescadores de otras regiones y la competencia desleal en este rubro y facilitar la localización de los pescadores artesanales, entre otros.

Si bien Quinteros votó a favor de la prórroga, se mostró contrario a la práctica de "frenar la entrada en vigencia de una ley cuando debe ser operativa".