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"Pasó una hora y cuando regresé a mi vehículo, el vidrio de atrás estaba roto y me habían llevado unas herramientas", relató Wilibaldo Soto, de 33 años, afectado por un robo en los estacionamientos del Mall Paseo del Mar, en Puerto Montt.

En su caso, como en otros, de no haber sido por la denuncia hecha ante Carabineros, la cual pudo acreditar que el delito efectivamente sucedió, aun estaría en busca de un acuerdo reparatorio.

El año pasado, los tribunales de Los Lagos fallaron en dos oportunidades a favor de consumidores afectados por situaciones similares. En una, la empresa Shopping Parking, administradora de los estacionamientos de los malls Paseo del Mar y Paseo Costanera, fue condenada a pagar una indemnización de $800 mil por daño moral, más $123 mil por daño directo, además de aplicársele una multa cercana al $1 millón 270 mil. Y en otra sentencia, la justicia ordenó a Jumbo al pago de una indemnización de $48 mil relativo al valor de una chapa y $50 mil por daño moral, junto a una multa de $212 mil.

Frente a este tema, el director regional del Sernac, Marcos Cid, es categórico: "Ante robos y/o daños de vehículos ocurridos en estacionamientos, ya sean pagados o gratuitos, las empresas deben responder", aseveró.

Además, recomendó a quienes puedan ser víctimas de este tipo de hechos, hacer la denuncia ante Carabineros para así contar con los medios de pruebas al momento del reclamo.

"El cartel donde decía que no se hacían responsables está fuera de la norma, por lo tanto, con pago o no, sí tienen la obligación de prestar las condiciones para un consumo seguro", remarcó.

Una interpretación que difiere de lo dicho por uno de los representantes de las empresas cuestionadas en este tema. El administrador de Shopping Parking, Cristian Valdés, manifestó al respecto que "es necesario recordar que la seguridad privada es de carácter eminentemente disuasivo y no puede asumir las tareas que le corresponden a las fuerzas de orden y seguridad", afirmó.

En este sentido, subrayó la necesidad de conciencia en las personas, "dado que la prevención de ilícitos es tarea de todos. Recomendamos que los clientes eviten dejar pertenencias de valor en los vehículos, cierren bien puertas y ventanas, y además, deben dar aviso de inmediato a personal de administración de estacionamientos si ocurre alguna anomalía en el servicio", dijo.

"El servicio comprende el uso de espacio para estacionamiento por hora, día o incluso por un mes, y la custodia de los vehículos desde su ingreso al estacionamiento hasta que los mismos son retirados por sus conductores", precisó.

Una querella criminal por juego clandestino e ilegal y, también, por lavado de activos contra los establecimientos que funcionan con máquinas tragamonedas en Puerto Montt, interpuso la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACHCJ) , la cual se encuentra en curso a cargo de la fiscal Miriam Pérez, desde diciembre pasado.

El abogado que patrocina la causa, Juan Carlos Manríquez, prefirió mantener en reserva el número de locales contra los cuales se dirige la acción, aunque confidenció que persigue desbaratar a aquellos establecimientos que funcionan con la mayor cantidad de máquinas.

El profesional especificó que, de acuerdo a dictámenes emitidos por la Superintendencia de Casinos de Juegos, las máquinas Pinball y las de juego de premios programados que utilizan tarjetas electrónicas, también se consideran ilegales, por lo que están incluidas en la querella.

"Entregamos fotografías, actividades, el listado de locales, quienes los explotan y cómo ellos no tienen autorización alguna para funcionar", explicó el profesional.

Agregó que la acción judicial se encuentra en una fase de investigación por parte de las policías, las que realizan levantamientos para contrastar la información proporcionada.

"De aquí a un par de meses, la fiscal va a estar en condiciones de pedir formalizaciones, incautaciones y la destrucción de máquinas de juegos", adelantó Manríquez.

"Cualquier persona que quiera iniciarse en este negocio tiene que tomar en cuenta que, si no tiene licencia de casino o permiso, no puede explotarlo; segundo, que no oiga cantos de sirena cuando le vendan supuestas autorizaciones, sobre las cuales ya existen bastantes dudas de que muchas de esas son falsas", advirtió.

También, se refirió acerca de las externalidades negativas que origina el funcionamiento de estos negocios. "El riesgo serio al que exponen a los menores y al entorno, cuando pueden abrirse focos de tráfico de drogas, extorsión, usura y lavado de dinero", comentó.

Finalmente, indicó que la querella interpuesta en Puerto Montt se enmarca en una estrategia de la ACHCJ y los operadores legales de casinos de juegos que apunta a "desbaratar las redes de un negocio que en algunos casos tiene todas las característica del crimen organizado", afirmó.