La protección de los menores de edad, de nuestros niños que constituyen el futuro de Chile, es una tarea de Estado que trasciende a cualquier Gobierno. Es el Estado el órgano que debe brindarles protección y velar para su correcto desarrollo, haciendo todo lo que esté a su alcance para que puedan convertirse en mujeres y hombres de bien. En esta tarea, hay un importante número de instituciones que cooperan, generando espacios de formación, esparcimiento y atención, muchos de las cuales se insertan en sectores poblacionales, ofreciendo oportunidades a los pequeños que más las necesitan a través de un importante apoyo moral y social.

Ese es el caso del Centro de Prevención Comunitaria San Pablo, ubicado en uno de los sectores más poblados de Puerto Montt como es Mirasol. Una institución que bajo el alero de la Iglesia Católica ha funcionado por varias décadas con diferentes denominaciones como Centro Abierto Diurno o Centro Infanto Juvenil San Pablo. Hoy esta obra está en riesgo luego de que el actual Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, anunciara el cierre de este espacio por falta de recursos. Los programas de prevención comunitaria o PPC son instrumentos de política pública que trabajan directamente con sectores poblacionales, realizando una labor profesional relevante en materia de prevención de la vulneración de derechos de los niños, además de realizar intervenciones comunitarias con familias, organizaciones sociales y líderes vecinales. Por ello es lamentable que un Gobierno que en su discurso plantea ofrecer igualdad de oportunidades, adopte la decisión de terminar con una política pública que busca proteger y ofrecer un espacio de desarrollo para los niños chilenos, entre ellos los de Mirasol.

Este no es un hecho aislado, ya que en Magallanes también se anunció el cierre de tres de estos espacios. En Puerto Montt, tras conocerse el anuncio, de inmediato se hicieron múltiples llamados a las actuales autoridades para que intervengan y de manera que el centro San Pablo continúe en funcionamiento. Muchos, entre ellos parlamentarios y concejales que forman parte del gobierno que está colocando fin a este espacio, ya comprometieron su apoyo, el que esperamos sea de utilidad para que los niños de Mirasol no queden en el abandono.

Por Jaime Brahm Barril,

ex intendente de la Región de Los Lagos

El anuncio realizado por el ministro de Energía Máximo Pacheco sobre el proyecto de la Ley de Asociatividad, resulta muy interesante para la zona sur, donde existen varios proyectos de hidroelectricidad.

La idea -expuesta en una entrevista de prensa- será presentada ante el Congreso dentro de los próximos meses y en ella se propone que las empresas eléctricas (convencionales y de ERNC) entreguen aportes a sus comunidades vecinas según su capacidad de producción, por megawatt instalado. Además, que se pague la patente en la comuna donde la empresa está instalada y no en su casa central, como sucede ahora.

Esto implica que no solamente se deberá cumplir con la legislación ambiental, con las consultas ciudadanas respectivas y con las medidas compensatorias legales; sino que se establecerá una relación permanente con la comunidad a través de pagos que, preferentemente, vayan a garantizar un suministro eléctrico a menor costo para los vecinos de las centrales.

El aporte se entregaría a través de una corporación, los municipios o a través de otra fórmula aún no definida, pero sería constante y permanente en el tiempo. Es decir, beneficios directos y prolongados, además del establecimiento de un vínculo que podría disminuir desconfianzas desde la ciudadanía y aumentar compromisos, desde las empresas.

Por supuesto que esta idea no las exime de otras obligaciones legales, ni del respeto que deben tener por los territorios de valor patrimonial en su entorno; pero sí abre una puerta para que se conviertan en actores permanentes del lugar donde están insertas. Y eso presenta una diferencia ante el escenario actual, en el cual son vistas como visitantes incómodos, que ocupan un espacio, generan un negocio invasivo a partir de los recursos naturales, pero eso no se traduce en desarrollo para sus vecinos. Al contrario, porque las compensaciones son puntuales y finitas. Un aporte en esta nueva dirección sería de largo plazo.

Si bien hay muchas otras aristas que analizar; al menos aquí se vislumbra un paso hacia conciliar la necesidad real y urgente de Chile de generar energía; con la ineludible responsabilidad de proteger el medioambiente y la calidad de vida de las personas.