Otra de las problemáticas urbanas, -que desajustan la normalidad en la marcha progresista de nuestra ciudad puerto-, es sin duda la persistencia del comercio informal o ambulante en las calles, sobre todo céntricas, de Puerto Montt. Una situación que mucho preocupa, en particular, a los dirigentes del comercio establecido, quienes demandan un mayor control frente a este fenómeno que atenta contra los comerciantes que sagradamente pagan sus impuestos, respetan la legalidad y que con mucho esfuerzo viven de su trabajo.

Cabe reconocer que se han hecho ingentes y bien inspirados empeños por corregir esta negativa falencia local. Como lo prueban los equipamientos de ferias que ha construido el municipio en sectores claves de la capital regional, con el objetivo de aportarle dignas instalaciones a la gente que se gana la vida como comerciante ambulatorio. Y así, -en organización y bien presentados-, mejorarles el nivel de sus actividades. Sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada. En los últimos años, los puertomontinos han visto con inquietud el incremento del comercio ilegal, que ha ido volviendo a radicarse en el centro de nuestra ciudad, no obstante disponerse de lugares especialmente habilitados para ellos. Lo que implica, -además de la competencia desleal e ilegal ya señalada-, un agregado al ambiente de descuido que está dañando actualmente la imagen turística de Puerto Montt con la proliferación de la señalada informalidad.

Se ha comprobado, y según denuncias de los propios ambulantes locales, que esta anomalía se agravó con la llegada de vendedores foráneos, que ya han calibrado las falencias de control. Frente a lo cual no queda otro recurso que suspender los permisos y redoblar la tarea de fiscalización, permitiendo el ejercicio de esta labor sólo a quienes consten de la debida autorización, conforme a la voluntad expuesta al respecto desde la Municipalidad. Urge, por tanto, potenciar el equipo fiscalizador para evitar el incremento de esta ilegalidad y acordar en conjunto -las autoridades, el comercio establecido y el informal- un funcionamiento digno y ordenado, respetuoso de la ley y la tranquilidad ciudadana, dentro del marco de la ley y las buenas costumbres.

Por años, la regionalización y la descentralización del país fueron temas recurrentes a la hora de debatir y reflexionar sobre el futuro de Chile y sus regiones. Por años también, estas materias quedaron relegadas a un discreto segundo plano y no lograron decantar en medidas concretas que permitieran al país ascender unos peldaños -a lo menos- en materia de desarrollo regional. Eso hasta ahora. Desde marzo de 2014, hemos concretado avances significativos en esta materia a través de una agenda de descentralización con iniciativas legales en marcha. Hace pocos días, en Puerto Montt, la Presidenta Bachelet firmó el proyecto de Reforma Constitucional que establece la elección directa de los intendentes regionales a través de sufragio universal. El intendente elegido cumplirá el rol de Presidente del Consejo Regional y Ejecutivo del Gobierno Regional, desde donde deberá coordinar, supervigilar y fiscalizar a los servicios públicos que operen en la región. Su mandato será de 4 años y podrá reelegirse sólo una vez. Las funciones propias del Gobierno Interior y representación del Presidente en la zona recaerán en una nueva figura: el gobernador regional. Esta iniciativa ha sido definida como el primer paso para lograr la descentralización efectiva del país y es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más relevantes de la agenda de descentralización establecida por el Gobierno.

Chile evoluciona así hacia la conformación de gobiernos regionales más autónomos, empoderados y capaces de enfrentar con celeridad y eficiencia las situaciones específicas de sus territorios, sin depender exclusivamente de las determinaciones adoptadas en el nivel central, que no siempre conoce las realidades locales ni actúa con la rapidez deseada.

Pero esta medida, por sí sola, no garantiza el éxito. Se requiere de un conjunto de normas legales que faciliten también una descentralización de los servicios y un traspaso de recursos desde el nivel central que otorgue espacios amplios de autonomía y decisión propia. En esa línea, la Presidenta Bachelet firmó, en Valdivia, un conjunto de indicaciones al proyecto de ley de que profundiza la regionalización del país, transfiriendo funciones y atribuciones desde ministerios y servicios a gobiernos regionales. Además, ya en su etapa final está el proyecto que mejora las condiciones de los Consejeros Regionales, regulando el régimen bajo el cual ejercen sus funciones de una manera más objetiva, transparente y eficiente.

Rabindranath Quinteros Lara.