Luego del confuso hecho de violencia ocurrido en la alcaldía del Municipio de Puerto Varas y que involucró al Consejero Regional (PS) Manuel Rivera y al concejal de la comuna lacustre, Patricio Godoy el pasado 7 de noviembre, el Juzgado de Garantía emitió un fallo que reconoce las lesiones leves causadas por el Consejero Regional y lo condena a cancelar una multa de 1 Unidad Tributaria Mensual.

Respecto al fallo, el concejal Godoy se manifiesta conforme, ya que para él esto demuestra que la agresión sí existió y dice "No sé si él (Rivera) irá a pedir disculpas públicas, pero queda demostrado que he sido agredido. Tiempo atrás tuve acceso al informe de la PDI, en el que se constata que hubo agresión según lo declarado por un testigo y por el documento emitido por la Clínica Alemana", explica Godoy.

Además agrega que "lo que lamento es que la administración Municipal haya avalado este hecho enviando un comunicado oficial, a través del departamento de comunicaciones, que sólo contenía la versión del Consejero Rivera y no la mía. Este fallo me deja muy conforme porque veo que se ha operado de manera justa y veraz. Pero voy a seguir adelante, porque la base de este problema radica en una fiscalización que yo inicié respecto a un contrato que el consejero mantiene con el municipio y de las labores que realmente ejerce en relación a lo que indica este contrato. Si él no quiere pagar o cumplir con esto, tendremos que vernos las caras en tribunales, porque yo estoy dispuesto a agotar hasta la última instancia. Si él desconoce el informe de la PDI, yo lo lamento por él", puntualiza Godoy.

La respuesta

Por su parte, el consejero Regional Manuel Rivera entregó una escueta declaración a El Llanquihue en la que indicó que no le presta mayor importancia al tema y sostiene que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación. "Yo fui a declarar con un detective y nada más. Nunca fui citado por el fiscal. No pongo en duda la existencia de un fallo. De hecho si lo hubiera, la justicia se acata. Pero como le digo, hasta el momento no he sido citado, ni notificado de nada", asegura Rivera.

Un operativo de desalojo de cerca de 15 personas, provenientes de diversas ciudades del país, que pernoctaban en el sector del Vagón de tren en la Costanera fue realizado por la Municipalidad de Puerto Montt, en una acción en que estuvieron acompañados por funcionarios municipales de la Unidad Jurídica y del Programa Calle, además de efectivos de la Marina y Carabineros.

Además se realizó por parte de especialistas un catastro y entrega de ayuda a las personas en situación de calle. Posteriormente, la Dirección de Aseo y Ornato efectuó una limpieza, fumigación y recolección de desechos, los que fueron trasladados al Vertedero Municipal.

El administrador municipal, Julio Tito Pizarro, señaló que este operativo es parte de una acción planificada para intervenir y remozar el lugar, que afecta la imagen turística de la capital regional. Para tal efecto, en los próximos días se coordinará una reunión con la Gobernación Marítima, para trabajar conjuntamente en el mejoramiento del entorno del sector, que considera la demolición del Vagón, que fuera un centro cultural hace algunos años.

Polémica desató la instalación de la feria artesanal que se ubicó entre la estatua de Los Enamorados y el muelle, en la Costanera, y que agrupa a 23 personas. Resulta que la administradora de esta carpa, Maribel Esparza denunció haber sido víctima de llamadas anónimas, con amenazas para que no funcionaran en el sector.

La mujer aseguró contar con permiso de la Gobernación Marítima, para ocupar la franja de espacio donde se instalaron y de tramitar los permisos correspondientes ante el municipio.

Sin embargo, durante la tarde de ayer, la municipalidad decidió realizar una fiscalización por los distintos puestos de la feria, luego de manejar la información de que ninguno de los locatarios contaba con permiso.

La situación causó asombro entre los artesanos, debido a que éstos estaban siendo multados por un inspector municipal, situación que, finalmente, desembocó en que cada locatario decidió cerrar sus puestos para evitar la sanción.

15

personas habitaban el Vagón. Algunas de ellas recibieron ayuda del municipio por encontrarse en situación de calle.

23

locatarios. Estos comerciantes deben regularizar su permiso para vender sus productos en la feria instalada en la Costanera.