Cuando, emocionados y casi incrédulos, contemplamos como se materializan los primeros atisbos de lo que comienza históricamente a ser la más grande obra pública del país -el puente a Chiloé-, a través de la instalación de una gran plataforma en pleno canal de Chacao, base desde la cual se gestará el soñado viaducto que, por fin, integrará al mágico archipiélago al desarrollo y modernización continental chilena, resulta imposible no dejar de recordar -con especial emoción- a ese hombre visionario y apasionado que fue el primer impulsor de este extraordinario proyecto de conectividad sobre el mar: el médico cirujano y diputado José Félix Garay Figueroa, nacido en La Unión el 21 de mayo de 1910 y fallecido en Santiago el 20 de noviembre de 1997.

En los períodos 1965-1969 y 1973-1977, fue diputado, desde los bastiones de la DC, por la 25ª Agrupación Departamental "Ancud, Castro, Quinchao y Palena". Delicada responsabilidad que puso al servicio del máximo sueño de su vida: la construcción del puente hacia Chiloé. Causa por la cual luchó con singular denuedo en el Parlamento, consciente de que la conectividad insular era decisiva para el progreso y bienestar chilote, así como para el desarrollo integral territorial.

El doctor Félix Garay logró incorporar su iniciativa a la Ley 17.591, publicada en el Diario Oficial el 5 de enero de 1972, durante el gobierno de Salvador Allende, siendo un cuerpo legal surgido de la comisión parlamentaria que discutía proyectos desarrollistas para el extremo sur del país (1965-1966). Sin embargo, la cara aspiración del diputado chilote no prosperó y fue gubernamentalmente descartada por su dificultad técnica e inviabilidad económica, según recuerdan cercanos de aquel entonces. La propuesta puente de Garay se apoyaba en un anteproyecto que realizó el ingeniero identificado como F. Carvajal.

Tras su deceso en 1997, otros siguieron la lucha por el viaducto chilote, entre ellos el sacerdote y periodista Abel Macías, con el apoyo de este matutino. Hasta que la idea del doctor Garay fue germinando en sucesivos gobiernos, hasta eclosionar en el de Sebastián Piñera y comenzar a verse ya los frutos en el actual de Michel Bachelet. A tiempo, al César lo que es del César y al Dr. Garay lo que es del Dr. Garay.

La visita que hace algunas semanas realizó la Presidenta Michelle Bachelet a nuestra Región, marca el inicio de un proceso que espero sea de consolidación del proceso de descentralización en Chile. Se ha dado un primer paso con el envío del proyecto de ley de elección directa del intendente; algo fundamental, pues significa generar poder político real en una autoridad elegida por la gente e investida de la soberanía popular para generar el desarrollo regional. Sin embargo, este avance puede ser insuficiente, pues si se sigue la misma lógica del centralismo actual, con los Ministerios y sus ministros decidiendo qué es lo que quieren hacer en cada territorio, sin participación de los intendentes o los actores locales, ciertamente que la primera autoridad regional no tendrá el poder para cumplir los compromisos que pueda establecer con la comunidad. Este primer avance debe ir acompañado de tres requisitos fundamentales. En primer lugar, un proyecto de ley que entregue verdaderas competencias y facultades importantes para el intendente y el Gobierno Regional, que les permitan tomar decisiones fundamentales, tanto en el ámbito productivo como el cultural y social; esto, por cierto, garantizando una vinculación directa con los municipios.

En segundo lugar, se requiere un refuerzo de los recursos de libre decisión del gobierno regional, donde el intendente, con los consejeros regionales, puedan definir esas prioridades, basadas, por cierto, en el marco de una política nacional. Este es un país que será regionalizado y descentralizado, pero seguirá siendo fundamental el vínculo con el nivel central. Debe, por tanto, existir un presupuesto regional integrado, que se piensa y desarrolla desde las regiones y se negocia con el nivel nacional. Y en tercer lugar, debe darse un cambio de lógica en el actuar de los ministerios, en lo relativo al ejercicio de sus competencias y en la definición del presupuesto nacional. En este sentido, la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, tendrá que modificar su lógica de acción, porque hoy un funcionario de Hacienda es mucho más importante que el intendente a la hora de definir los recursos a entregar.

Si se dan todos estos principios, la elección directa y popular de los intendentes tendrá sentido, pues, sin ellos, será un poder político carente de verdadera capacidad de realización y puede convertirse en un flaco favor a la descentralización.

Patricio Vallespín López.