El diputado (PS) Fidel Espinoza tomó conocimiento del informe de la Contraloría sobre las irregularidades en los gastos de algunos consejeros regionales, y afirmó que "aquí hay siete delitos asociados, de acuerdo al informe de Contraloría, y entre estos están los llamados taxis voladores que constituyen una vergüenza para la gente".

Hasta el momento no está claro cuáles serán los próximos pasos del organismo contralor, pero existe la posibilidad que los antecedentes sean entregados al Ministerio Público.

También ayer trascendió en el Gobierno Regional, que el Ministerio del Interior pedirá al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que se haga parte en este caso (denunciado el domingo en la edición de Reportajes de El Llanquihue).

Ayer no todos los cores aludidos en el informe de Contraloría, ante las irregularidades detectadas en la utilización de sus gastos, dieron a conocer su postura. Algunos fueron claros y otros cortaron la llamada telefónica, al ser requeridos por El Llanquihue.

El examen realizado a los gastos de los integrantes del Core por parte del organismo contralor provocó no sólo reacciones en el nivel político, sino que también surgieron muchas opiniones en las redes sociales, criticando a quienes están nombrados en los documentos de la Contraloría.

La situación para el Consejero Regional (UDI) Carlos Recondo, incluso podría ser constitutivo de delito.

DECLARACIÓN

El presidente del Consejo Regional (DC) Pedro Soto, al ser consultado por su situación tras el informe, no entregó opinión. "Hoy no voy a realizar ningún tipo de declaración, primero tengo que leer la información y mañana (hoy) voy a decir algo". Intentamos dialogar sobre el tema dándole a conocer que la información estaba en el diario pero el consejero cortó el teléfono.

Pedro Soto es uno de los más cuestionados en el informe de la institución fiscalizadora, por los viajes supuestamente realizados entre Chiloé y Puerto Montt, con vehículos que -de acuerdo a Contraloría- nunca cruzaron el canal de Chacao, los llamados "taxis voladores".

Manuel Ballesteros (PS) e integrante del Consejo Regional, dijo que el informe de Contraloría entrega un plazo de 60 días para responder, "y bueno en ese orden nos pidieron que respondamos las observaciones, situación que se planteó hace pocos días".

Ballesteros quien también es presidente regional del Partido Socialista dijo que las responsabilidades son individuales. "Lo dado a conocer por la Contraloría, no es como Consejo Regional, por lo que esperamos realizar este miércoles (14 de enero) una reunión de régimen interno para analizar el informe del organismo contralor y allí tener una opinión más clara".

El consejero dijo que lleva en el Core una década y nunca había utilizado un taxi. "Debo reiterar y dejar en claro que esto es de cada consejero, y no es responsabilidad del organismo. He tomado un solo taxi en 10 años, porque mi vehículo quedó en pana en Puerto Montt, y tengo la boleta del transbordador, y eso lo sabe Contraloría, porque el taxista encontró la boleta del transbordo realizado en marzo del año pasado".

GASTOS

El consejero regional (PS) Manuel Rivera asumió su defensa y dijo que no va a devolver los 2 millones de pesos, por concepto de viajes.

Para la autoridad todo fue legal, porque eran viajes realizados en función de servicio. "Es un tema individual, y así cada uno debe asumir su responsabilidad. Soy dirigente nacional de Ancore (Asociación Nacional de Consejeros) y me dicen que debo devolver 2 millones de pesos, porque son situaciones gremiales, pero lo que pasa es que eran reuniones con funcionarios de la Subdere. Si yo tengo más gastos es porque recorrí todo el país y soy dirigente nacional, voy a demostrar con las tablas en la reunión qué profesionales de la Subdere estuvieron en estas reuniones, por lo tanto no tengo por qué devolver esas platas, era en cumplimiento de mi servicio, como dirigente, pero con temas de política de Gobierno Regional. Otro detalle importante es que todos los viajes a Santiago fueron con la autorización del Consejo (Core) en pleno", apuntó.

El diputado (PS) Fidel Espinoza comentó que "la Presidenta (Michelle Bachelet) a dicho una sola cosa y quiero ser categórico, 'podemos bajar en las encuestas porque estamos en pleno proceso de reformas, pero jamás vamos a permitir actos de corrupción', por lo tanto aquí se espera que las autoridades encabezadas por el Intendente y otros organismos hagan lo que dice la ley, en estos casos. Aquí hay 7 delitos asociados de acuerdo al informe de Contraloría. Entre estos están los 'taxis voladores' que constituyen una vergüenza para la gente. Esto no puede enlodar a todo el Consejo Regional y aquí las responsabilidades deben ser individuales y tendrán que someterse las personas que incurrieron en actos impropios y se tendrán que someter a la justicia", añadió.

Para el consejero regional (UDI) Carlos Recondo "el informe de Contraloría es categórico en determinar hechos irregulares graves, como son los cobros excesivos en la utilización de taxis. Resulta inaceptable que se vulnere de esta forma la probidad, por lo que esos dineros deben ser devueltos, e incluso cabe el caso que pudiese haber delito. Si no hubiese sido por el informe de la Contraloría, esto no se hubiese conocido, por lo que repito puede haber un hecho que sea constitutivo de delito. Aclaro que no soy juez, pero se debe acentuar en una investigación más profunda. También me parece un error pagar boletas por consumo de alimentos, y no entiendo cómo el Gobierno Regional cancela por esto, porque además existen montos autorizados por este concepto", anotó.

El ex diputado, agregó "que se debe trabajar en los reglamentos adecuados, pero además se aprobó por ley -recientemente y para que estos hechos no sigan ocurriendo- el pago de un viático, ello además va a permitir que todo se más transparente y no se sigan juntando boletas para realizar una rendición de gastos".

El Llanquihue intentó conocer la versión del intendente Nofal Abud sobre esta grave situación -a través de su unidad de comunicaciones- sin embargo no fue pero no fue posible.