La educación es un derecho social y por lo mismo su provisión es un problema público, lo cual implica que el formato a través del cual el sistema educacional ha de ser pensado es precisamente el régimen de la educación pública.

Por ello, el nuevo marco legal propuesto por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es precisamente una regulación que se aviene con ese régimen y que compromete, entre otros cambios sustanciales, el término de la dependencia municipal de los establecimientos públicos. La dependencia municipal bien sabemos sujeta las condiciones de gestión y financiamiento a las disímiles capacidades económicas de cada municipio, por lo que no cabe ninguna posibilidad de aspirar en este escenario al ideal de que todas las escuelas, siquiera las públicas, ofrezcan una misma educación.

La creación de los Servicios Locales, Provinciales y Regionales de Educación Pública habrá de ser uno de los aspectos centrales de este nuevo régimen, que se sustenta en el marco general en actual discusión parlamentaria, que de seguro garantizará el que los establecimientos públicos cuenten con un proyecto educativo alejado de intereses particulares y centrado en el derecho de acceso garantizado excluyendo toda forma de selección, a lo cual contribuye medularmente el fin al copago y la gratuidad comprometidas.

Así, creemos firmemente que el régimen de los establecimientos particulares habrá de desarrollarse sobre la base del nuevo marco en desarrollo de para los establecimientos públicos y no al revés, tal como ha sucedido hasta ahora por influjo del afán de lucro tan propio del esquema neoliberal en el cual se encuentra inserta la educación en su globalidad hoy en Chile.

Sabemos que esto requerirá de un período de transición, lo cual ha sido considerado en la discusión parlamentaria a través de diversas medidas tendientes a facilitar el tránsito de las entidades privadas a figuras sin fines de lucro, la adquisición de la infraestructura considerando las exigencias financieras de tal esfuerzo, entre otras, siempre en un horizonte temporal de gradualidad que asegure el éxito de esta gran cruzada por futuro de oportunidades para todos los hijos e hijas de nuestro país, por un Chile más justo para todas y todos.

Nofal Abud M.

Intendente regional Los Lagos

Los números son elocuentes y malos para el mundo político. Son los resultados de las últimas encuestas conocidas, las que a nadie pueden dejar contentos. En uno de estos estudios sube la desaprobación a la forma cómo la Presidenta de la República está conduciendo el Gobierno, con un 53% de rechazo contra un 40% de apoyo. Por otro lado, los líderes de los partidos, tanto del Gobierno como de la oposición, concitan rechazos que van del 52% al 64%. Ninguno de ellos logra el 40% o más de respaldo.

Entretanto, otro sondeo pone un 2,9 como nota a los parlamentarios y peor le va al Poder Judicial que obtiene un 2,7.

Estas cifras, anteriores a la avalancha de denuncias y acciones judiciales en torno al Caso Penta, no son una novedad. Aparecen ya como una constante y, siendo generales, pueden ser injustas y hasta objetables en su sintonía fina. Sin embargo, tomadas en momentos distintos y con diversos procedimientos y por diversas instituciones, adquieren validez y deben llamar la atención a los actores del mundo político. A todos, pues en todos los sectores hay responsabilidades en cuanto a esta verdadera desconfianza ciudadana en quienes, en teoría, son sus representantes y conductores.

Este desencanto progresivo y generalizado de la política puede conducir a populismos y caudillismos que terminan minando las instituciones, destruyendo sus valores y alejando e injustamente castigando a quienes tienen una efectiva vocación de servicio público.

Los hechos actualmente bajo investigación indudablemente contribuyen a este desencanto, pero quienes creen que favorecen a un sector en desmedro de otro están muy equivocados.

Los riesgos de este ánimo ciudadano que reflejan las encuestas son la aparición del ya mencionado caudillismo o de un populismo cortoplacista, complaciente, de discurso fácil y bolsillo generoso.

Esta realidad debe hacer reflexionar a nuestros actores políticos, para que, abriendo sus exclusivos clubes, den paso a formar nuevos líderes y acojan nuevas ideas más allá de marcos doctrinarios o programáticos que son estrechos y suelen alejarse de las expectativas ciudadanas y, en último término, del bien común cuya promoción es la primera obligación de la autoridad.

En los resultados comentados, que posiblemente se repitan y puedan obtenerse más afinados, hay un llamado y una oportunidad de rectificación que debe ser atendida a tiempo, como una enfermedad que requiere urgente cura y en cuyo tratamiento hay responsabilidades compartidas.