Periódicamente, al menos, se reflotan los imperativos de reconquistar el transporte ferroviario, considerando la cada vez más necesaria reposición del tren al sur, dados los cada vez mayores y evidentes apremios de conectividad cotidianamente enfrentados en los planos intercomunal, provincial y regional.

Esta vez, la iniciativa -actualmente liderada por la Municipalidad con su alcalde al frente y el Centro para el Progreso de Puerto Montt- está disponiendo del clave respaldo parlamentario, con el propósito de comenzar a reactivar el ferrocarril impulsando, primero, el proyecto de un tren turístico suburbano de circulación interprovincial en la Región de Los Lagos. Propuesta que, siendo indudablemente útil en el medio local, no satisface el objetivo central y de siempre que es el restablecimiento definitivo de un tren moderno de pasajeros Santiago-Puerto Montt y estaciones intermedias. Meollo, por demás, de toda la gran cruzada que se intensificó hace un decenio con la recolección de más de 40 mil firmas de adherentes a esa cara aspiración. Un argumento más que valedero, que, sin embargo, no ha logrado gravitar como debiera, según los magros resultados hasta ahora alcanzados.

Es fundamental que haya claridad en esto. Que se defina -con fuerza y prestancia, sin eufemismos ni timideces- que lo que los líderes de la cruzada pro tren y los puertomontinos quieren, por sobre todo, es el tren de largo aliento. Con esa voluntad, decisión y personalidad, se ha sabido que en estos momentos se están haciendo los preparativos de un gran ampliado ciudadano (zona sur) en Temuco, cuya finalidad es aportar a la concreción de los planes que han comenzado a surgir en torno al ferrocarril y, en especial, hacer ver que el proyecto ferroviario Santiago-Puerto Montt e intermedios es factible y viable, así como estratégica y conectivamente justificable.

Actuar unidos en un potente bloque sureño, ojalá desde Concepción a Puerto Montt, incluyendo Chiloé, Aysén y Magallanes, es la fórmula. A ver si un clamor -tan consistente y resuelto- no sería escuchado.

Ojalá, la clave cita de Temuco marque la ruta decisiva y final, para echar a andar el anhelado expreso del progreso.

El gobierno de la Presidenta Bachelet está promoviendo un proyecto de reforma laboral que no satisface muchas de las necesidades de la fuerza de trabajo de nuestro país. En efecto, el proyecto de ley de la Nueva Mayoría se centra principalmente en fortalecer a los sindicatos grandes y a sus dirigentes. Pero olvida a esa gran número de trabajadores que no tienen trabajo aún; aquellos que están en trabajos informales; y de aquellos trabajadores que haciendo uso de su derecho fundamental de la libertad de sindicalizarse, han optado por no ingresar al sindicato de su lugar de trabajo.

De acuerdo a cifras entregadas por la OCDE, en Chile el 15,3% de los trabajadores se encuentran sindicalizados, cifra cercana al promedio de los países miembros de este organismo que es de un 16,9%, con una clara tendencia a la baja desde el año 2000 en adelante.

Entonces, lo que preocupa es qué hacemos con los 3 millones de trabajadores que no pueden participar de sindicatos, ya sea porque se encuentran sin trabajo o porque tienen un trabajo informal. Bajo la administración del Gobierno del Presidente Piñera, se creó 1 millón de nuevos empleos, reduciéndose el desempleo de un 9% a un 6,5% con políticas económicas y laborales adecuadas. Adicionalmente, esa mayor demanda por trabajadores significó que en promedio los trabajadores de nuestro país tuvieran un alza en sus remuneraciones reales de un 3,2% en los últimos 3 años. Cualquier reforma laboral que se quiera realizar debería considerar no perjudicar a los trabajadores que todavía no han podido entrar al mercado laboral.

Según el INE, hay más 800 mil personas inactivas que potencialmente podrían incorporarse al mundo laboral, de los cuales 540 mil se encuentran buscando empleo. De esta manera, es un retroceso importante haber perdido el dinamismo que venía del gobierno anterior de ir reduciendo el desempleo y creando nuevos y mejores puestos de trabajo. El gobierno de la Presidenta Bachelet debería ponerse como meta crear otro millón de empleos para así llegar a los estándares de los países que integran la OCDE.

En resumen, la reforma laboral del gobierno pareciera que apunta más bien a quedar en buen pie con los dirigentes de los grandes sindicatos del país, pero no se preocupa de otros aspectos que son claves para avanzar en un desarrollo más integral e inclusivo para todas y todos los potenciales trabajadores de Chile.

Iván Moreira Barros.