Los profesores egresados de las Escuelas Normales que lograban terminar sus estudios y que hubiesen obtenido los tres primeros lugares promediando los tres últimos cursos, eran nombrados profesores en forma inmediata y sin mayores tramitaciones como profesor en cualquier escuela urbana y al mismo tiempo la ley les proporcionaba un ingreso adicional en sus remuneraciones mensuales de un 20% equivalente a tres años de trabajo.

En esa época era muy difícil lograr un nombramiento de profesor en una escuela urbana y sólo podían acceder a esta posibilidad si previamente habían ejercido funciones docentes en algunas escuelas rurales.

Las escuelas rurales funcionaban con baja matrícula de niños en edad escolar y se daba el caso en que el profesor tenía que atender hasta seis cursos de enseñanza básica simultáneamente, característica de un período en que todavía los niños campesinos permanecían en sus tierras ancestrales y no emigraban a las ciudades.

Estas garantías y muchas otras que permitían ascender en una carrera funcionaria amplísima era atractiva y estimulaba al estudio y al perfeccionamiento constante de los profesores. Todas estas garantías que premiaban la superación profesional fueron eliminadas al traspasarse la educación pública a la dependencia administrativa de las municipalidades.

Los profesores tenían derecho a optar a cargos directivos a cualquier escuela del país y si era designado se les pagaba todos los gastos inherentes a dicho nombramiento como flete terrestre o aéreo.

Existía también una carrera funcionaria para todos los grados del escalafón docente y administrativo que hacía más ágil el funcionamiento de las jurisdicciones escolares dirigidas por directores departamentales y provinciales de educación.

Todas estas garantías que establecía el mencionado estatuto administrativo fueron eliminadas y los profesores quedaron a merced de los administradores municipales.

La educación es un proceso de cambio mental, cambios individuales y sociales donde no es fácil lograr consensos.

La educación es un proceso de discusión de ideas religiosas, políticas, económicas y sociales.

Hugo Pérez White.

No cabe duda que Puerto Montt es una ciudad puerto de prioridades, por su misma bullente estirpe progresista, pero que -habiendo algunos imperativos realmente urgentes como el feo y maloliente lunar urbano de Varas con Talca- no suele reaccionar con la debida prontitud para extirparlos y así liberar a la población de su secuela de incomodidades y riesgos, y a la capital regional del desprestigio que significan esos descuidos para su calidad turística, algo que tanto se busca consolidar.

Ya en plena temporada veraniega vacacional, con gran circulación de visitantes, obviamente, se han hecho mucho más ostensibles los negativos efectos de tener -en plena zona céntrica- por más de dos años los ruinosos escombros del incendiado gran hotel y una tienda aledaña. Una chocante y ahuyentadora imagen, a la que se han ido añadiendo alarmantes elementos insalubres como las basuras, roedores y, en los últimos días, el nauseabundo olor que ha comenzado a emanar de esos despojos. Y a lo que se agrega el siempre latente riesgo de que la derruida y frágil mole -en especial ante un temblor en esta zona sísmica- se desplome, provocando más daños y alguna lamentable tragedia. Algo de lo que en forma permanente se ha venido alertando.

El gran obstáculo encontrado en el proceso municipal de demolición, ha sido el encausamiento judicial del caso debido a los recursos interpuestos, lo que se está prolongando de modo preocupante, dados los problemas sanitarios y de peligro para la integridad física de las personas, que representan esos desvencijados y antihigiénicos restos de un siniestro en el corazón mismo de Puerto Montt.

La preocupada opinión pública puertomontina considera que la larga espera que ya supera los dos años, -para que los calamitosos inmuebles sean demolidos y así recuperar la dignidad urbana del sector céntrico-, no debe continuar prolongándose por más tiempo. Lo que significa que cada uno de los protagonistas del caso y la situación debe asumir sus responsabilidades, velando -sobre todo- por el bienestar de la comunidad, la seguridad ciudadana y el prestigio de Puerto Montt en su rango de capital de la Región de Los Lagos y su proyección patagónica.