La Región de Los Lagos presenta un nivel de dinamismo económico y productivo que la destaca a nivel nacional. La solidez del andar regional se ve reflejado en las positivas cifras del Imacec y el bajo índice de desempleo, lo cual es producto de la progresiva consolidación de sectores productivos como la salmonicultura, la mitilicultura y la industria de la leche y la carne entre otras, lo cual ha llevado a algunos expertos del área económica a decir que en esta región "vivimos en otro país".

Si bien lo anterior nos permite mirar el futuro con un cierto grado de optimismo, estamos lejos de conformarnos con lo avanzado y tenemos puesta la mirada en los múltiples desafíos que tenemos por delante en el marco de la alianza público privada que hace posible el actual escenario, por cierto en lo inmediato para el año 2015.

En relación a la industria del turismo, considerada junto al sector alimentario como pilares de nuestra estrategia regional de desarrollo en el ámbito productivo, hemos detectado la necesidad de contar con una Política Regional de Turismo, inexistente hasta ahora y en actual ejecución, que nos permita definir objetivos y metas para ordenar el trabajo y la asignación de los recursos necesarios para que la potencialidad turística de nuestra región deje de ser "el tesoro mejor guardado" y se proyecte a gran nivel nacional e internacional. Para ello, resulta imprescindible avanzar en temas como la formalización y concatenación de los actores del mercado turístico regional, desarrollo de infraestructura y énfasis en la formación de profesionales y técnicos de alto nivel para atender los requerimientos del conjunto de intereses especiales ligados a esta actividad, hacia lo cual estimo debiera enfocarse el Centro de Formación Técnica Estatal comprometido para la región por la Presidenta de la República Michelle Bachelet.

En términos amplios, la innovación es el principal desafío para lograr el objetivo de la diversificación productiva y aumento de la competitividad regional. A modo de ejemplo, junto a Corfo hemos definido la implementación de un Programa Estratégico de Desarrollo para el Sector Alguero, lo cual sumado a la formalización durante el presente año de la Mesa Regional Alguera Pelillera, debiera permitirnos integrar a este importante sector social de la región al trabajo sistemático y permanente, generando un nuevo polo de desarrollo industrial para la región.

La incorporación del concepto de sustentabilidad en sus dimensiones ambiental y social es otro de los desafíos inmediatos que debemos enfrentar como región. Se han dado pasos importantes en el ámbito normativo sanitario que buscan garantizar condiciones de desarrollo futuro y han posibilitado la apertura de nuevos mercados internacionales para nuestros productos acuícolas y ganaderos lo cual es una gran noticia para la región, estando pendiente avanzar hacia un nuevo trato en el ámbito de las relaciones laborales y calidad del empleo, ello en la perspectiva social de la sostenibilidad productiva regional. Será la discusión democrática de reformas a la normativa laboral la oportunidad propicia para abordar estas materias.

De esta forma seremos un Gobierno Regional que dinamice la economía y el empleo a través del conjunto de acciones e inversiones públicas comprometidas a partir de 2015, haciendo así más competitiva a la región en el contexto nacional e internacional, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Nofal Abud M

Intendente Región de Los Lagos.

En nuestro país, y particularmente en el seno del Congreso Nacional, la política del castigo, o de las sanciones, parece haberse impuesto entre los legisladores que cada vez con más fuerza impulsan proyectos de ley que resultan más coercitivos que ejemplarizadores para cambiar conductas que resultan, a los ojos de la sociedad, como perjudiciales o dañinas.

La semana recién pasada, un grupo de parlamentarios de Amplitud presentó un proyecto de ley que busca castigar con fuertes multas en dinero o hasta la privación de libertad por causar daños, principalmente por rayados o grafittis, en bienes de uso público, monumentos nacionales o bienes privados, sin el consentimiento de sus propietarios.

Hay consenso que muchos de estos rayados provocan rechazo en la comunidad.

La iniciativa de ley propone pretende tipificar el daño que provocan los rayados o colocación de carteles, sancionando con multas que van desde las 15 a las 20 UTM a quienes ocasionen daños cuyo importe exceda las 40 UTM en el caso de que los afectados sean bienes públicos o privados. También se plantea modificar la Ley 17.288, de Monumentos Nacionales, para incluir penas de hasta 5 años de cárcel y multa de 100 a 200 UTM al causar daños a inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Los legisladores proponen continuar con la política de las sanciones, pero se olvidan de educar -sobre todo a los infractores jóvenes, que es la mayoría de los casos- sobre la importancia de la valoración y del cuidado del patrimonio, como asimismo no contemplan tampoco la posibilidad de insertarlos en programas de protección del mismo o la aplicación de medidas alternativas al castigo pecuniario o privativo de libertad, como la reposición del daño causado o el cumplimiento de trabajos comunitarios, que en la práctica posibilitan que los tribunales puedan aplicar medidas más ejemplarizadoras y, a la vez, educadoras. Al mismo tiempo, debiera entregársele atribuciones a inspectores municipales para sancionar estas infracciones, evitando recargar única y exclusivamente la labor de las policías.