Cristina de Borbón, hija y hermana de rey, se convertirá en el primer miembro de la realeza española en ser juzgada por un tribunal. La infanta se enfrenta a una posible condena de hasta cuatro años de cárcel por dos delitos fiscales.

El juez José Castro, que investiga el caso de corrupción del que es protagonista el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, dictó ayer la apertura del juicio oral y situó a Cristina de Borbón y a su esposo entre las 17 personas que serán juzgadas en un proceso que presumiblemente arrancará en la segunda mitad del año que viene."Respeto absoluto a la independencia del poder judicial", fue la inmediata reacción de la Casa Real española, comandada desde junio por Felipe VI.

En España se especula desde hace tiempo con la posible renuncia de la hermana del monarca a sus derechos dinásticos (ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión). Es una decisión "suya", reiteró ayer la institución.

El magistrado de Palma de Mallorca acusa a Cristina de Borbón de cooperación necesaria en los delitos fiscales que en 2007 y 2008 habría cometido su marido y le reclama además 2,6 millones de euros en concepto de responsabilidades civiles.

Urdangarin será juzgado por haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su ex socio en el Instituto Nóos, una entidad vinculada al mundo del deporte que en teoría carecía de fines de lucro.

Está acusado de nueve delitos, entre ellos también malversación de caudales públicos, estafa y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él casi 20 años de cárcel.

Cristina de Borbón, de 49 años, dejó de formar parte de la familia real tras la llegada de su hermano al trono, el 19 de junio. Para entonces llevaba ya más de dos años apartada de facto junto a su marido de la agenda oficial.

En 2013, la infanta y sus hijos se mudaron a Suiza. El cambio de domicilio, oficialmente por motivos laborales, se interpretó como la mejor forma de poner tierra de por medio ante la presión de los medios y la opinión pública.

Ahora la infanta es simplemente miembro de la familia del rey, lo que supone que no participa en actos oficiales ni recibe asignación alguna a cargo de los presupuestos generales del Estado.

La decisión del juez Castro es irrecurrible. El magistrado la tomó cuando se acaban de cumplir seis meses de reinado de Felipe VI y a falta de dos días para que pronuncie su primer discurso de Navidad, el más importante de todos los que pronuncia el monarca en el año.

Este caso, primero con la imputación de Urdangarin, ex jugador de hándbol de 46 años, y luego con la de la infanta, supuso el mayor golpe en los 38 años de reinado de Juan Carlos I. En España se da de hecho por sentado que estuvo tras su abdicación, el 2 de junio pasado.

El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy destacó ayer la presunción de inocencia de la hermana del rey, como la de cualquier procesado.

El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición, fue más allá en su valoración: "Que la infanta Cristina sepamos hoy que va a estar sentada en el banquillo significa que la justicia es igual para todos", señaló una portavoz. "Eso puede dar tranquilidad a todos los españoles", agregó el vocero.