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El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, defendió ayer la inocencia del vicepresidente Amado Boudou, quien irá a juicio oral acusado por falsificación de documentos, y denunció una "estrategia judicial y mediática de hostigamiento".

Capitanich aseguró que Boudou tiene "estabilidad" en su cargo pese a que un juez decidió elevar a juicio oral la causa en la que se le acusa de la presunta falsificación de un documento público.

Durante su conferencia de prensa diaria, el jefe de los ministros del gabinete de Cristina Fernández afirmó que no ha habido ninguna reunión con la Mandataria para estudiar medidas. El jueves, el magistrado Claudio Bonadío cerró la instrucción de la causa que investiga la presunta transferencia irregular de un automóvil con documentación falsa a nombre de Boudou.

Capitanich subrayó que "existe estabilidad" desde el punto de vista político, porque el mecanismo previsto por la Constitución para analizar si un funcionario del Gobierno debe ser apartado de su cargo es el juicio político, medida que ya fue rechazada por el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría.

Además, recalcó que desde el punto de vista judicial impera el "principio de inocencia" hasta que no se demuestre lo contrario y que existen "múltiples instancias de apelación" a las que el vicepresidente puede recurrir.

La decisión judicial convertirá a Boudou en el primer vicepresidente argentino activo en ser juzgado y pese a que no hay aún fecha para el comienzo del proceso, se prevé que el vicepresidente tenga que sentarse en el banquillo de los acusados antes del fin del actual mandato del Gobierno, que se cerrará tras las elecciones presidenciales de octubre del próximo año.

Capitanich agregó que la situación judicial de Boudou no afectará las posibilidades de los candidatos oficialistas en las próximas elecciones, que también renovarán cargos locales y regionales, ya que la carrera "va a discurrir sobre las propuestas" de los aspirantes.

El dictamen del juez Bonadío, quien también investiga presuntas irregularidades en una empresa hotelera de la que Cristina Fernández es accionista, deja en una posición complicada al Ejecutivo, que siempre ha defendido la inocencia de Boudou.

Desde el Gobierno acusan al Poder Judicial de mantener una estrategia de "hostigamiento" contra los funcionarios del Gobierno, a través de "causas que se inventan" y "resoluciones que carecen de sentido", en palabras de Capitanich.

El presunto delito que ha derivado en el enjuiciamiento de Boudou está penado con entre uno y seis años de cárcel según en el Código Penal argentino y es el menos importante de los que se le imputan al vicepresidente.

La acusación se centra en la presunta falsificación de la documentación de un vehículo Honda tras 10 años de uso.

El juez también ordenó sentar en el banquillo a Agustina Seguin, ex pareja del vicepresidente y quien utilizaba el auto, a la titular de un registro de la propiedad automotor y a dos gestores.

Además, Boudou es investigado en una decena de causas y está procesado por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo en otra causa de mayor envergadura que investiga la compra irregular de una imprenta de papel moneda cuando estaba al frente del Ministerio de Economía entre los años 2009-2011.