El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, cuestionó ayer las intenciones de Bolivia de hacer lobby en los países de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en favor de sus argumentos en la demanda marítima que presentaron ante dicho organismo.

"Bolivia ha decidido llevar este tema a todos los foros posibles, ha nombrado a un vocero e incluso ha manifestado que va a hacer lobby en los países originarios de los jueces (de la CIJ), cuestión que a nosotros nos llama poderosamente la atención", declaró el canciller en entrevista con la agencia EFE. Muñoz consideró que "no hay manera de evaluar" si Bolivia está ganando adeptos internacionalmente para su causa, tras la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El canciller también se refirió a la decisión del Gobierno de impugnar la competencia del tribunal internacional para solucionar la disputa.

"Nosotros hemos objetado la competencia de la Corte porque creemos de manera incuestionable que lo que aquí se está tratando de hacer es revisar de una manera encubierta el Tratado de 1904, que fijó de manera definitiva la frontera entre los dos países", dijo el ministro.

"Eso va en contra del artículo sexto del Pacto de Bogotá (de 1948, sobre soluciones pacíficas de conflictos), que es el que ampara la demanda boliviana", agregó.

Y aunque situó en el ámbito estrictamente jurídico la solución de este problema, Muñoz reconoció que Chile "también ha desarrollado una diplomacia pública" para explicar sus argumentos a la comunidad internacional con iniciativas como la difusión de un video en el que participaron la Presidenta Michelle Bachelet y los ex Mandatarios Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera.

Sobre la posibilidad de reorientar las relaciones con el país vecino, el canciller indicó que "nunca hay que cerrar ninguna puerta, especialmente cuando se trata de diálogo entre países vecinos".

Sin embargo, aclaró que esto solo se refiere a otros temas que no tengan relación con las pretensiones marítimas de Bolivia. "Estamos disponibles para un diálogo en aquellas materias sobre las cuales existe un interés común, pero evidentemente tiene que estar excluido el tema marítimo, porque Bolivia lo llevó unilateralmente a La Haya", puntualizó.

"Para que haya un diálogo, tiene que primar la prudencia, tienen que crearse condiciones favorables", afirmó el jefe de la diplomacia, que el lunes pasado emitió un comunicado en el que acusaba al Gobierno de Bolivia de "intentar desestabilizar la relación bilateral". Pese a todo, el secretario de Estado hizo hincapié en que "Chile sigue pensando que si le va bien a Bolivia, eso es bueno para todos".

Al ser consultado sobre si Chile y Perú podrán convivir en el futuro sin problema alguno manteniendo puntos de vista diferentes respecto a la soberanía del llamado "triángulo terrestre", el canciller Heraldo Muñoz respondió que junto a su par peruano han acordado "radicar ese asunto en la vía diplomática". "Ahí está. Mientras tanto, tenemos que concentrarnos en cumplir con el fallo (emitido por la CIJ en enero de este año) sobre el límite marítimo, que incluye hacer algunos ajustes normativos tanto en Perú como en Chile", explicó.

El estudiante chileno Laurence Maxwell, quien fue encarcelado en México en las protestas por los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala el 20 de noviembre pasado, denunció ayer que los policías mexicanos lo golpearon y amenazaron con hacerlo desaparecer durante su traslado a la cárcel de alta seguridad de Veracruz.

"Durante el trayecto, nos obligaban a tener la cabeza entre las piernas y nos golpeaban mientras nos decían que allí se acababan nuestros derechos humanos y que nos iban a hacer pedacitos y llevarnos a Ayotzinapa", declaró Maxwell, quien añadió que durante las tres horas y media que duró el trayecto no dejó de pensar que esas amenazas podían hacerse realidad.

Maxwell acusó a la justicia mexicana de haber llevado a cabo un procedimiento "irregular", con "el objetivo político de tratar de apaciguar las manifestaciones que se estaban produciendo en México". El chileno además acusó a la policía de hacer un "montaje" y señaló que las 11 personas que fueron detenidas con él fueron escogidas porque no estaban lo "suficientemente golpeados y podíamos ser presentados". Maxwell afirmó que los 11 fueron acusados de "intentar asesinar premeditadamente a los policías de forma organizada, como si nos conociéramos entre nosotros y hubiéramos ido a la manifestación".

Los disidentes del Colegio de Profesores entregaron una carta al Ministerio de Educación pidiendo una nueva negociación y un acuerdo, con consulta a más de 180 mil docentes a lo largo del país. Lo anterior, luego de que el Colegio de Profesores lograra un protocolo de acuerdo con el Gobierno por la agenda corta.

Ayer dirigentes del Colegio de Profesores se reunieron con representantes del Gobierno para trabajar en una mesa técnica para llevar a cabo el acuerdo logrado entre ambas partes, que ha sido criticado porque no fue sometido a consulta y fue aceptado por la dirigencia del Magisterio. Por esa razón, los docentes que forman la disidencia se restaron de esa reunión.

En el documento entregado al Mineduc, los profesores le pidieron al Gobierno una nueva negociación respecto de los cinco puntos de la agenda corta y nuevas exigencias para resolverlos.

Las nuevas exigencias de los docentes son que se termine definitivamente con la figura del profesor a contrata, que el bono de incentivo al retiro sea extensivo a los profesores que fueron traspasados desde el sector estatal al particular, que a partir del próximo año aumente la proporción de horas no lectivas y que se establezcan plazos y fechas para que la mesa técnica entregue una propuesta para solucionar la deuda histórica.

El secretario general del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, explicó que "hemos decidido entregar un petitorio al ministro, donde estamos planteando que el conflicto se resuelva". "El Gobierno no puede seguir tomando palco de la situación, los profesores están luchando para que se les resuelvan los problemas y la responsabilidad hoy la tiene el Gobierno", afirmó.

El dirigente agregó que "deben tomar la decisión más temprano que tarde y hacer una nueva oferta al Magisterio, y luego el profesorado someterla a consulta".

Por su parte, el prosecretario del magisterio señaló que "cuando se creyó que sometiendo esto a votación de once personas este conflicto quedaba resuelto, una vez más se equivocaron. Ni entre once dirigentes del directorio nacional ni los 200 de la asamblea nacional, una consulta a los 180 mil profesores del país".

Vásquez además informó que las movilizaciones se mantienen y son una señal de que "hay una firma decisión de que el tema tiene que solucionarse".