Su primer trámite constitucional cumplió esta semana en el Congreso el proyecto de ley que sanciona los actos de violencia en el contexto de las campañas electorales, iniciativa que surgió a raíz de una moción parlamentaria a la que se sumaron legisladores del completo abanico político nacional. El proyecto aprobado en particular, modifica la ley 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.

Entre sus aspectos más relevantes considera que los brigadistas, es decir quienes realicen acciones de promoción, difusión o información en una campaña electoral determinada, ya sea de manera remunerada o no, deberán ser personas mayores de edad, sin antecedentes delictuales, identificadas a través de un registro que cada candidato deberá presentar en la Intendencia Regional respectiva (así como las sedes de campaña y vehículos utilizados para los fines electorales). Un aspecto relevante que considera la iniciativa de ley es que los brigadistas deberán utilizar distintivos que permitan identificar el candidato o partido para el cual ejecutan labores de campaña, de tal manera que la ciudadanía pueda denunciar con claridad cuando se cometan actos de violencia o desmanes que no se correspondan con un acto de campaña electoral.

La ley considerará a cada candidato solidariamente responsable por el actuar de sus brigadistas, por cualquier daño causado dolosa o negligentemente, y para ello considera multas que van desde las 20 a 100 UTM, cuyo pago se asegurará por medio de la retención de la devolución de gasto electoral hasta que dichas multas hayan sido canceladas en la Tesorería General de la República.

El proyecto pasará ahora a un segundo trámite constitucional, en el cual aparece como necesario perfeccionar aspectos como por ejemplo los plazos en que los candidatos deberán hacer efectiva la entrega de la información a las intendencias. De esta manera, se busca limitar los hechos de violencia que se han hecho cada vez más lamentables en los últimos procesos electorales chilenos y que quedaron patentes, por ejemplo en 2012, con la agresión sufrida por Luciano Rendón, de parte de un grupo de brigadistas en el marco de la campaña municipal en Peñalolén. Desde aquel hecho, los legisladores han coincidido en la urgencia de abordar esta problemática para prevenir y evitar nuevos hechos de violencia, que sólo enlodan un proceso para que el electorado pueda escoger a sus futuros servidores públicos.

Según datos del INE el Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer) para el trimestre julio-septiembre de este año muestra un crecimiento anual de 6,9% comparado con el mismo trimestre del año precedente, anotando una variación positiva en nueve sectores económicos de la actividad regional, entre los cuales se anotan centralmente la construcción, industria manufacturera y los sectores silvoagropecuario y pesca.

En el área de la construcción inciden directamente en la mejora del indicador el subsector de obras de ingeniería debido a la mayor inversión pública en la región, así como también inciden positivamente la edificación habitacional y no habitacional. En el área de la industria manufacturera explican estas cifras alentadoras el aumento de la producción de la industria pesquera, elaboración de alimento para animales y la industria de la leche. Por su parte, el sector silvoagropecuario aporta lo suyo a propósito del aumento del beneficio de ganado bovino y troza pulpable, en tanto el aumento de los centros de cultivo, algas e industrial explican el mayor dinamismo de la economía regional en el área pesquera.

Indicadores positivos, que sumados al dato de contar esta región con el tercer índice a nivel nacional de menor desempleo de 4,0% para el trimestre móvil de agosto-octubre, debieran mitigar los impactos de la desaceleración económica a nivel regional, en el marco de lo cual resulta imprescindible redoblar los esfuerzos tanto desde el sector público como privado, en el marco de una férrea alianza guiada por el interés superior de alcanzar el desarrollo integral para la Región de Los Lagos.

El objetivo común de ser una región que alcanza su desarrollo en el marco de su potencialidad alimentaria y turística sustentable, integrada territorial y socialmente, eminentemente enfocada al desarrollo de las personas y comunidades, solo será posible si nos hacemos cargo hoy de los desafíos de equidad pendientes, y que dicen relación con el mejoramiento de la calidad y condiciones del empleo que somos capaces de generar, de la integración comunitaria a los beneficios de los proyectos de inversión, la generación de una alianza estratégica y solidaria entre el sector salmonero y de la pesca artesanal, una distribución justa del presupuesto regional, así como el respeto y la integración de los pueblos originarios, entre otros, son factores claves para materializar durante 2015 las proyecciones que sitúan a la región de Los Lagos como una de las que presenta mayor potencialidad de crecimiento y desarrollo a nivel nacional.

Nofal Abud M.