Aleuy: "No queremos que nos pase lo del caso Pitronello"
norma. Según el subsecretario del Interior, si se invocada la ley antiterrorista en vez de la ley de seguridad por el ataque al cuartel de la PDI, los culpables quedarían libres.
El subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy justificó ayer que se invocara la ley de seguridad del Estado para investigar el caso del ataque a un cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI ocurrido el lunes, argumentando que con esa normativa se podría evitar que los responsables salgan el libertad.
La autoridad de Gobierno señaló que de invocarse otra legislación, como la ley antiterrorista, podría volverse a repetir lo sucedido con el caso de Luciano Pitronello, quien tras instalar una bomba en el centro de Santiago, hoy se encuentra en libertad.
"Uno tiene que ser lo suficientemente responsable para invocar una ley que permita investigar y condenar adecuadamente. No puede ser que nos pase lo que nos pasó con el caso Pitronello (...) que la condena que tiene es que está en su casa", dijo Aleuy, en relación al caso del joven de 25 años que perdió parte de un brazo y resultó con graves lesiones luego de instalar un artefacto explosivo en junio de 2001.
El subsecretario afirmó que la gente está cansada de esta situación y justificó que no se haya invocado la ley antiterrorista por un problema de "efectividad, porque para evitar la impunidad los delincuentes tienen que estar presos".
"Si aplicamos la Ley Antiterrorista en este caso particular, lo que va a pasar es que quienes cometieron este hecho van a quedar libres y eso es lo que queremos evitar", agregó.
Por su parte, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Habún, presentó una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por delito terrorista contra quienes resulten responsables del ataque al cuartel.
La acción judicial busca perseguir bajo la Ley 18.314 a los autores del atentado -que tras el hecho se dieron a la fuga- y no bajo la Ley de Seguridad del Estado que invocó el Gobierno.
El abogado que patrocina la querella, Carlos Fairlie, señaló a Emol que "las conductas llevadas a cabo por los sujetos son actos terroristas que tienen que ser sancionados como tales", por lo que le solicitaron que sea la Fiscalía Metropolitana Sur la que indague los hechos. Hasta ahora la investigación está a cargo de la persecutora de la Fiscalía Oriente, Luz Gavilán.
Hasbún criticó "la falta de decisión que ha tenido el gobierno en el combate al terrorismo" y agregó que "nos parece impresentable y grave que para el gobierno atentar contra funcionarios policiales no es un acto terrorista, y por lo tanto, queremos hacerles la pega y trabajar por el bien del país".
"Lamentablemente, hoy tenemos un gobierno con una falta de liderazgo tremenda y con miedo a aplicar la Ley Antiterrorista", apuntó el parlamentario gremialista, acusando que eso se debe "al parecer, por los vínculos o las afinidades que han existido históricamente con los grupos terroristas de izquierda y con los grupos subversivos que operan en Chile".
Los estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), a donde ingresaron los encapuchados que perpetraron el ataque incendiario al cuartel de la PDI, marcharon ayer en reclamo de las acciones policiales que ocurrieron al interior del plantel luego de los incidentes. "Repudiamos lo que se hizo contra la Brigada de Homicidios, pero también lo que se hizo contra la sede Condell, porque ellos nos atacaron sin haber motivo. Nosotros no atacamos a la Brigada de Homicidios", dijo la vocera de los estudiantes Ivette Martínez.