Un grupo de cerca de cinco mil profesores de diferentes regiones del país marcharon ayer por parte del centro de Santiago, en una nueva jornada de movilizaciones que hace semanas mantiene un sector disidente de la mesa del Colegio de Profesores.

La protesta se forjó en rechazo a la conducción de Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, a quien los manifestantes acusan de suscribir acuerdos con el Ministerio de Educación sin consultar a las bases e influenciado por su militancia en el PC.

Este grupo de profesionales exige que la última propuesta que entregó la noche del jueves el Mineduc, para responder a la denominada "agenda corta", esta vez sea consultada con las bases.

El prosecretario del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el secretario general del Magisterio, Darío Vásquez, disidentes de la gestión de Gajardo, encabezaron la marcha, que pasó por las cercanías de La Moneda y la sede del Mineduc. En su discurso, Vásquez planteó a los asistentes que la mesa del Colegio de Profesores firmó un documento que obliga a su presidente, Jaime Gajardo, a consultar a las bases antes de aceptar el último documento que les entregó el Mineduc.

Mario Aguilar criticó la forma en que el Mineduc ha intentado negociar con los profesores. "Ministro, el telefonazo es indigno. Usted no nos puede tratar con un telefonazo", subrayó.

Sin hacer caso a las críticas a su gestión, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, dijo que "hay unidad" dentro del gremio, al comentar el acuerdo alcanzado el jueves con el Ministerio de Educación sobre los cinco puntos de la "agenda corta".

"Hay unidad dentro del Colegio. En un momento dado estuvo en peligro, pero se ha retomado, y creo que eso es clave en esta etapa que vive el profesorado, donde tenemos que ser incidentes en todo el proceso de la reforma y en el proceso de desmunicipalización que se nos viene", dijo el dirigente en entrevista con radio Cooperativa.

Respecto del acuerdo que firmó con el Gobierno, Gajardo explicó que "ahora viene un proceso de información y respaldo a un proceso que todos los sectores al interior del Colegio han respaldado"

"Aquí está la firma del equipo directivo de los cinco dirigentes que forman parte del consejo directivo, donde está representado la mayoría del gremio", destacó el dirigente de los profesores.

Antes del 31 de enero el Gobierno se comprometió a presentar ante el Congreso las iniciativas legales relacionadas con la agenda laboral; la denominada "ley Ricarte Soto", que regula el tema del acceso a los medicamentos de alto costo; una agenda de seguridad con medidas inmediatas para enfrentar la delincuencia, la elección directa de intendentes, unida a la transferencia de competencias y atribuciones a los gobiernos regionales; y un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Así lo informó el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, luego de una extensa reunión del comité político extraordinario que se llevó a cabo en el Cerro Castillo, en Viña del Mar, y que se prolongó por cerca de 11 horas.

De esta forma, el vocero de La Moneda dio a conocer los lineamientos relacionados con la agenda legislativa prevista para lo que queda del año y también para 2015.

En este plano, Elizalde precisó que entre las prioridades fijada por la Presidenta Michelle Bachelet se cuenta que también antes del 31 de enero, dentro de la reforma a la educación, sea despachado el proyecto de inclusión escolar, "para continuar con la tramitación de las otras iniciativas que forman parte de esta reforma integral de la educación chilena", aseveró.

El mismo plazo regirá para conseguir el despacho de los siguientes proyectos: el que regula el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), la creación del Ministerio de la Mujer y la iniciativa que pone fin al binominal, afirmó el portavoz del Ejecutivo.

"El detalle específico del contenido de las iniciativas y de la cámara por las que ingresen, así como la forma en la cual se va a llevar adelante este proceso legislativo, será dado a conocer cuando se presente la respectiva iniciativa", indicó.

Alianza público-privada

"Asimismo, la Presidenta ha instruido redoblar los esfuerzos para afianzar la alianza público-privada que genere condiciones para dar mayor dinamismo a la economía, agilizando los proyectos de inversión privada y acelerando los de inversión pública", enfatizó.

Cabe consignar que la cita comenzó pasadas las 9:20 horas en el Palacio de Cerro Castillo. Participaron en la reunión los ministros del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas; de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, y el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde.

En una primera comparecencia ante los medios de comunicación, el ministro Álvaro Elizalde explicó que durante la mañana el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, explicó en una exposición a la Mandataria las medidas que ha impulsado para redinamizar la economía y enfrentar la desaceleración que sufre el país, entre las cuales destaca la entrada en vigencia de la Ley del Mepco.

El ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, hizo lo mismo con los temas de seguridad ciudadana, entre los cuales destacan la prioridad que el Ejecutivo le quiere otorgar a la reforma a la ley de armas y explosivos y la modificación a la ley de violencia en los estadios.

En cuanto a la reforma educacional y a la polémica que existe al interior de la Nueva Mayoría por la decisión del Gobierno de aplazar la votación del proyecto de inclusión escolar en el Senado, el titular de la Segpres le restó importancia al tema y aseguró que se trata de "detalles legislativos".

Al ser consultado por las supuestas amenazas que habría recibido el diputado de la UDI, José Antonio Kast, quien ha encabezado los cuestionamientos al PC por su participación en la Universidad Arcis, el vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, aseveró que "no es un tema que se haya abordado en la reunión". Sin embargo, aclaró que "de ser efectivas dichas denuncias nosotros siempre vamos a condenar toda forma de amenazas y toda forma de violencia en nuestro país. Y a diferencia de algunos sectores, nosotros no tenemos doble estándar". "Las amenazas no tiene justificación, no vamos a tolerar ninguna forma de violencia", recalcó.