La policía israelí ultimó ayer a Mutanaz Hijazi, un palestino de 32 años del que sospechaba haber intentado asesinar en la madrugada a Yehuda Glick, un activista religioso de ultraderecha que lidera una campaña para que se permita a los judíos rezar en la Mezquita de Al-Aqsa, o Monte del Templo. El Gobierno de Benjamin Netanyahu cerró el acceso a la denominada Explanada de las Mezquitas, lo que generó feroces enfrentamientos en Jerusalén Oriental y el llamado del Presidente palestino, Mahmoud Abbas, a un "viernes de furia".

El dispositivo de seguridad israelí se activó cuando el rabino Glick, un rostro habitual en los medios israelíes, fue tiroteado al salir del Centro Menachen Begin, donde había clausurado el evento "Israel vuelve al Monte del Templo".

Según El País, se trata de una convención anual que reivindica el derecho de los judíos a controlar lo que ellos identifican como el Monte del Templo. Para los musulmanes se trata de la Explanada de las Mezquitas, que alberga la Mezquita de Al Aqsa y la Cúpula de la Roca. Estos recintos están bajo gestión musulmana, y se prohibe a los judíos rezos de ningún tipo.

Desde hace semanas varios grupos ultrarreligiosos presionan para cambiar el estatus de la zona, el tercer lugar santo en importancia para los musulmanes y el primero para los judíos. Mientras los judíos creen que bajo la explanada está el templo levantado en torno a la piedra donde Abraham se dispuso a sacrificar a Isaac, para los musulmanes se trata de la misma roca desde la que Mahoma subió al cielo, según la tradición del Islam.

La policía reabrió el complejo a última hora de ayer, pero a los mayores de 50 años. Las autoridades israelíes adujeron "razones de seguridad" para cerrar por completo la explanada tanto a los musulmanes como a los turistas. Según EFE, esto no ocurría desde que de septiembre de 2000 entró en la Explanada el entonces líder de la derecha y luego primer ministro israelí, Ariel Sharón, en un acto que detonó la segunda Intifada.

El Presidente palestino, Mahmoud Abbas, denunció las acciones de Israel como "equivalentes a una declaración de guerra" y su partido Fatah convocó a un "Día de furia" para hoy. "Esto es malo y preocupante. De todos los lugares de Jerusalén, el Monte del Templo es el más sensible, el más cargado y el más peligroso", subrayó el diario israelí Yediot Aharonot.

La medida fue condenada por el jeque del recinto, Azam Tamimi, y por el Gobierno de Jordania, que gobierna el lugar desde los acuerdos de paz de 1994 entre Israel y Jordania.

Estados Unidos exigió que los musulmanes pudieran nuevamente acceder a la mezquita de Al Aqsa, y pidió a todas las partes "mesura" en las tensiones. La mezquita "debe ser reabierta a todos los fieles musulmanes", dijo la vocera del Departamento de Estado, Jennifer Psaki. El ministro de Economía israelí, Naftali Bennett, que lidera el Partido Colono, señaló que con el tiroteo en el corazón de Jerusalén se cruzó "una línea roja de sangre".

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reconocieron ayer públicamente que causaron daños a la población civil durante el largo conflicto colombiano, y aseguraron que asumirán "su responsabilidad" en lo que les "concierna".

La guerrilla subrayó sin embargo que se trató siempre de "acciones de guerra" sin intención de perjudicar a civiles, según declaró un delegado del grupo en el diálogo que celebra con el Gobierno colombiano en La Habana.

"Reconocemos explícitamente que nuestro accionar ha afectado a civiles en diferentes momentos y circunstancias a lo largo de la contienda, que al prolongarse ha generado mayores y múltiples impactos", dijo el insurgente conocido como "Pablo Atrato" al inicio de una nueva ronda de diálogos en Cuba. "Las FARC asumiremos responsabilidad en lo que nos concierna", aseguró el guerrillero citado por DPA.

"La población no ha sido, ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las FARC-EP una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada", se defendió la guerrilla.

El Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC retomaron la semana pasada las negociaciones de paz que celebran desde hace casi dos años en Cuba. Ambas partes tratan actualmente el tema de las víctimas del conflicto de más de 50 años en Colombia.

Se estima que la guerra ha dejado más de 220.000 muertos y millones de desplazados en el país. Las FARC, fundadas en los 60, son el principal grupo irregular que combate al Estado colombiano.

La mesa de negociaciones en La Habana debe recibir este fin de semana a un cuarto grupo de 12 víctimas del conflicto, que hablarán ante los negociadores directamente de sus vivencias durante la guerra. En total, ambas partes recibirán a 60 personas hasta noviembre.

Rusia abrió ayer un nuevo frente de tensión con Occidente al legitimar las elecciones separatistas del domingo en el este de Ucrania, condenadas por la Unión Europea, la OTAN y la ONU.

"La postura de los milicianos de celebrar las elecciones precisamente el 2 de noviembre es legítima y se corresponde plenamente con los plazos contemplados en los acuerdos de Minsk", afirmó la Cancillería rusa en un comunicado.

Moscú considera que las zonas controladas por los insurgentes en las regiones de Donetsk y Lugansk necesitan "crear lo antes posible órganos de Gobierno para comenzar a resolver problemas prácticos relativos a las infraestructuras vitales y al orden público".

La postura rusa indignó especialmente a Kiev y a las Cancillerías occidentales, según la agencia EFE, ya que los rebeldes boicotearon las recientes elecciones legislativas y piensan hacer lo mismo con las locales del 7 de diciembre.

Rusia opina que las elecciones, en las que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk elegirán a sus nuevos líderes y a lo miembros de sus Soviet Supremo (legislativo), se ajustan al Memorándum de Paz firmado en Minsk el 19 de septiembre.

Según la ley de autogobierno aprobada por Kiev, que concede tres años de autonomía a los separatistas, estos podían celebrar elecciones locales el 7 de diciembre para elegir a sus representantes e interlocutores ante el Gobierno central.

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