El cobro de la subvención de alumnos que aparecen egresados del sistema educacional, es una de las razones principales que llevaron a la Superintendencia de Educación a recurrir a la justicia para dejar los antecedentes en la Fiscalía Regional en el marco de la investigación que realiza por presuntas irregularidades en las Escuelas Hospitalarias de Puerto Montt y Ancud.

Según explica el superintendente de Educación, Víctor Reyes, en ambos casos las indagaciones de la Superintendencia de Educación constataron graves infracciones.

Estas pasan, -según explica Reyes-, por el hecho de que se cobró subvención por alumnos que aparecen egresados del sistema educacional, pero que figuraron como alumnos de la Escuela Hospitalaria y por los cuales se recibió subvención. 'Estos datos fueron verificados por el sistema informático del Ministerio de Educación', apuntó.

Sin embargo, el diputado PS, Fidel Espinoza, quien dejó al descubierto esta situación en Radio Digital FM, señala que va más allá y denuncia que -de acuerdo a los antecedentes que maneja- niños de sectores rurales, que acompañan a sus papás cuando realizan alguna diligencia médica, aparecen registrados como alumnos permanentes de la Escuela Hospitalaria de Puerto Montt.

'Los hacían pasar a una sala y hacían firmar a sus padres como que eran alumnos y también supe yo que se estaba cobrando por niños que habían fallecido', detalló.

Espinoza acentúa el hecho de que la subvención que se cobró en Puerto Montt durante el año pasado, fue de 238 millones de pesos y compara que la misma escuela, pero en Osorno, recibió 38 millones de pesos, en circunstancias que 'contaba con un número similar de alumnos'.

Ambos procesos, -según Reyes-, se encuentran en la etapa de cierre de sumario, por lo que se espera que dentro de los próximos días los fiscales instructores entreguen sus recomendaciones para determinar la sanción que pudiera aplicarse.

En cuanto a la parte afectada, ésta presentó sus descargos, los que están siendo revisados y analizados, y en virtud de todos los antecedentes se determinará la sanción que pudiera aplicarse desde el punto de vista administrativo.

En paralelo, y ante la eventualidad de que pudiesen existir hechos constitutivos de delitos, la Superintendencia derivó a los antecedentes a la Fiscalía Regional para que realice las investigaciones respectivas.

DESCARGOS

De ambos establecimientos es sostenedora Margot Muñoz, quien, en sus descargos, sostiene que ambos recintos son fiscalizados durante todos los años por la Superintendencia de Educación, tal y como ocurre con los demás establecimientos educacionales del país.

Recordó que hace dos años y con ocasión de la creación de la Supereduc, fueron supervisados en dos ocasiones por asistencias y por visita integral (revisión general).

Detalla que año a año llegan los fiscalizadores hasta sus establecimientos, donde permanecen durante 2 ó 3 días, pero 'nunca nadie pudo observar que nosotros hubiésemos declarado a algún niño fallecido. Esto es enlodar la imagen y nivel profesional de los docentes comprometidos en este tema'.

Muñoz dijo que lo primero que se tiene que ver es el conocimiento de la ley de las escuelas hospitalarias.

Según dice, en esta ley queda establecido que la atención en estas escuelas se encuentra destinada para niños, niñas y jóvenes que estén en situación de enfermedad y en los casos en que el médico tratante determine que sea hospitalizado o ambulatorio.

De los procesos que lleva, la Superintendencia sostiene que están informados de que tenían una denuncia y que ésta se traduce en un proceso administrativo que les fue comunicado y ante el cual el abogado de su parte presentó la apelación correspondiente.

Otra de las acusaciones de Espinoza señala que Muñoz habría realizado lo mismo cuando fue sostenedora de la Escuela Hospitalaria de Osorno, 'motivo por el cual fue destituida de su función, pero pudo abrir las escuelas de Puerto Montt y de Ancud'.

Esta acusación es rechazada por Margot Muñoz, quien asegura que 'nunca fui sostenedora en Osorno' y señala que al diputado Espinoza le hicieron llegar una invitación a través del correo electrónico para que acudiera al recinto a conocerlo y aprovechara la ocasión para entrevistarse con los docentes y los padres, pero 'nunca hemos sabido nada de él'.

En su alegato, el parlamentario plantea que 'ese tipo de actos que son impropios, éticamente reprochables, tienen que ser penalizados. No puede ser que esa persona que malversó durante un año más de 100 millones de pesos en el caso del Hospital de Puerto Montt, simplemente esté sujeta a multas. Eso no corresponde. Creemos que si queremos mejorar la educación chilena ese tipo de actos tienen que tener sanciones más severas y la persona que malversa recursos de esa forma tiene que estar expuesta -como cualquier funcionario público que malversa un peso del Estado- a condenas que están establecidas en el Código Penal chileno'.

En cuanto a los procesos que existen en contra de estas escuelas, Reyes clarifica que son distintos a pesar de que se trata de la misma sostenedora.

Del establecimiento de Puerto Montt, existe uno por la declaración de asistencia de alumnos que no cumplen con el requisito de edad, así como tampoco cumplen con requisitos de promoción, por lo que cobra subvención por estudiantes que aparecen egresados del sistema educacional.

De la Escuela Hospitalaria de Ancud, hay un proceso por personal asistente de la educación que no cumple con idoneidad moral, mientras que un segundo proceso apunta a la existencia de una situación similar a la de Puerto Montt; es decir, que cobra subvención por alumnos que aparecen egresados del sistema educacional. La sostenedora hizo llegar sus descargos a la Superintendencia de Educación, en la que explica que en el caso de la declaración de alumnos que no cumplen los requisitos de promoción, se tiene que considerar la 'enorme mayoría de los alumnos son sólo transitorios' y que 'sólo en casos excepcionales que no están indicados en este proceso de sanción, nuestro establecimiento suscribe las actas de promoción de nuestros alumnos'.

Más adelante, se afirma que no existe vicio en cuanto al cobro de la subvención escolar.

Para el parlamentario Espinoza, situaciones como las que acusa y que son 'impropias' tienen que ser penalizadas, por lo que critica el que los diputados no aprobaran la penalización por el lucro en educación.

Para los próximos días se espera que los fiscales instructores entreguen recomendaciones a Reyes.

El superintendente sostiene que los datos fueron verificados por el sistema informático del Mineduc.

Víctor Reyes dice que se recurrió a la justicia ante la eventualidad de que pudiese existir delito.