El Ministerio Público cerró al investigación que realizaba en contra del abogado Sergio Coronado Rocha, ex fiscal adjunto de Puerto Montt, quien fue reformalizado en el Tribunal de Garantía por los delitos de apremios ilegítimos y abusos en contra de particulares, en perjuicio de dos personas.

'Precisamos algunos hechos, respecto de lo que se había formalizado previamente y se debatió sobre ampliación del plazo (en la investigación), que era para una diligencia que no se podrá efectuar, respecto a una pericia psicológica y psiquiátrica que el imputado no está dispuesto a practicarse, así que desistí la solicitud de ampliación y se cerró la investigación', adujo Rafael Mera, fiscal regional de Los Ríos, quien no quiso precisar sobre los pasos a seguir en el caso.

El fiscal Mera detalló en la reformalización que en el marco de la investigación por presunta desgracia originada por la desaparición de Mariela Barra Díaz, quien fue vista por última vez el 23 de julio de 2011, el entonces fiscal adjunto de Puerto Montt, Sergio Coronado Rocha, a cargo de dicha investigación, formó un equipo policial de trabajo compuesto por la SIP de Carabineros y Labocar.

Reveló que una testigo en el caso que indagaba Coronado, fue llevada hasta la Fiscalía Local para prestar declaración. 'Durante el tiempo en que la señora Lilian Levipichún estuvo al interior de la oficina del fiscal Coronado, fue conminada por éste a aclarar sus dichos bajo la amenaza de meterla presa e internar a sus hijas en un hogar del Servicio Nacional de Menores (Sename)...Fue sometida a un interrogatorio que se prolongó por más de cuatro horas...', dice Mera, quien agrega que de forma paralela las hijas de la mujer fueron trasladadas también a la Fiscalía para tomarles declaración, sin contar con la autorización de la madre.

Respecto al segundo hecho delictivo, en el marco de la misma investigación -sostiene el fiscal regional de Los Ríos- el ex fiscal junto a efectivos de Carabineros se constituyeron el día 15 de abril de 2012, donde en una cancha de fútbol encuentran a Milton Hernández (hasta ese minuto, único sospechoso de la desaparición de Mariela), quien fue trasladado en vehículo a la Fiscalía para declarar.

En la oficina quedó Hernández con Carabineros. 'La víctima fue golpeada con varias cachetadas en la cara y le exigían dónde estaba la mujer desaparecida, haciendo referencia a largos años de cárcel, sin que el fiscal Coronado hiciera nada al respecto, permitiendo que se apremiara ilegítimamente por parte de personal policial'. Además, amenazó al joven a internar a su hija menor en un hogar de Sename si no confesaba dónde estaba el cuerpo de Mariela Barra y le atribuían el homicidio.

Según la Fiscalía, el testigo fue agredido física y psicológicamente, resultando con lesiones leves. 'Durante todo ese tiempo, aproximadamente 24 horas, el señor Hernández estuvo privado de libertad sin orden judicial de detención'.

QUERELLANTE

La abogada regional del INDH, Patricia Rada, señaló que 'el objetivo de esta causa y del INDH, así como del resto de las instituciones públicas, es justamente que la tortura no se siga permitiendo en nuestro país, mucho menos en manos de funcionarios públicos, como es el caso en cuestión. La pena puede ser baja o puede ser de 5 años y un día si se llegan a comprobar todos los hechos que estamos planteando en nuestra querella. Para nosotros está acreditada la participación, pero debe probarse en juicio oral'.

DEFENSA

El abogado defensor, Javier Jara, dijo que las diligencias de investigación estaban agotadas, así que procedía el cierre de la investigación. 'Esperamos que el Ministerio Público sopese los antecedentes que tiene...'. Y recalcó la inexistencia de los hechos que 'nunca ocurrieron, no fueron apremiadas ninguna de las dos personas. Hay pericias que señalan que el señor Milton Hernández no fue apremiado'. Además, dijo que no es efectivo de que su representado no quisiera hacerse la pericia psicológica y psiquiátrica, porque la Fiscalía cuenta con estos antecedentes desde el momento en que el ex fiscal ingresa a la institución. 'Si el fiscal regional pretendía con esta pericia crear un patrón y acreditar un delito, está equivocado', sentenció.

En medio del reciente Seminario de Recursos Hídricos realizado en la Intendencia Regional, el presidente del Comité de Agua Potable de Lago Chapo, Manuel Quidemán, denunció que sus habitantes están bebiendo agua de baja calidad, situación de la que no está exenta ni siquiera la posta rural.

2012

Renunció el 2013 a la Fiscalía Local de Puerto Montt y aseguró que sería el defensor de las víctimas.