Cerca de 100 personas participaron ayer de la Caminata Familiar contra la Reforma Educacional, actividad que se extendió por diversas calles del centro de Puerto Montt.

'Si bien es cierto que esa reforma no dice expresamente que se van a cerrar los colegios, la consecuencia es esa', aseguró Marisol Guerra, tesorera del Centro General de Padres de la Escuela Especial de Lenguaje 'Palabritas'.

La dirigenta sostuvo que la Reforma Educacional que está impulsando el Gobierno 'quiere que todos los niños sean iguales. Esa es una utopía. Nuestros hijos no pueden ir a una escuela regular, porque ellos son especiales'.

Marisol Guerra, quien lideraba la marcha y hacía escuchar su protesta a través de un megáfono, advirtió que 'no vamos a bajar los brazos hasta que nos escuchen. Esperamos obtener resultados antes que se promulgue la ley. Porque queremos que haya cambios. Así como está, la reforma está mal hecha', manifestó.

La actividad fue convocada por la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa). Entre padres, apoderados, familiares y hasta los propios niños, iniciaron la caminata desde la Plazuela Chilota (frente al Terminal de Buses) y finalizaron en la Plaza de Armas.

'Hay familias completas que vinieron, porque sienten que sus hijos, sobrinos o nietos van a quedar sin educación especial', enfatizó.

Muchos de los manifestantes vestían un riguroso negro. 'Con esta reforma, se moriría la sostenedora, porque tiene que cerrar su colegio, y se muere la educación especial. Y eso es muerte', dijo.

Un total de 28 denuncias por expulsión o cancelación de matrícula se han recibido en la Superintendencia de Educación Escolar (Supereduc) de Los Lagos, entre enero y agosto de este año, cifra que se espera aumente con la cercanía del término del calendario escolar, que es cuando se produce el mayor número de estos casos.

Entre las causas más frecuentes figuran problemas de disciplina, académicos, salud y por situación socioeconómica de los padres.

La cifra da cuenta de un aumento en relación al año 2013, cuando se recepcionaron 23 reclamos por este tema en la Superintendencia de Educación, casos que son de preocupación para el director regional del organismo, Víctor Reyes.

'Es importante hacer ver a los establecimientos educacionales que la Constitución garantiza el derecho a la educación, lo que implica no sólo el acceso -a través de procesos de admisión justos, transparentes y no discriminatorios-, sino que también el derecho a permanecer y a progresar en el sistema educacional. Esto quiere decir que la expulsión y la no renovación de matrícula de un alumno debe ser siempre una medida extrema y de carácter excepcional', puntualizó la autoridad regional.

Las medidas disciplinarias que se apliquen a los alumnos, particularmente expulsiones y no renovaciones de matrícula, deben corresponder siempre a infracciones que se encuentren expresamente contempladas en el manual de convivencia de cada establecimiento educacional, el que debe, de preferencia, ser construido con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa.

Cada manual de convivencia debe contemplar un proceso disciplinario previo, que garantice que los alumnos hayan tenido la oportunidad de ser escuchados por la respectiva autoridad educacional; es decir, que respete el debido proceso de los alumnos y sus familias. Los manuales de convivencia deben contemplar siempre la posibilidad que las familias puedan apelar ante la aplicación de una medida expulsiva o de no renovación de matrícula.

'Es muy importante que los establecimientos educacionales mantengan un diálogo fluido con las familias de los alumnos, de manera de poder apoyar a los niños y jóvenes en la superación de los problemas o dificultades que pudieran estarles afectando, para adaptarse particularmente a las normas de cada establecimiento educacional', recalcó Reyes.

De los 28 casos denunciados este año ante la Supereduc en la Región de Los Lagos, 16 corresponden a la Provincia de Llanquihue.