El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer una denuncia para que se indague el eventual uso de boletas falsas contra empresas del Grupo Penta por presunto delito tributario, por la utilización indebida de 258 boletas de honorarios y facturas falsas por $ 615.745.236 para disminuir la base imponible del impuesto a la renta.

El hecho abre la puerta para que la Fiscalía profundice su indagatoria sobre supuestos aportes a campañas políticas al margen de la norma vigente.

La acción penal está dirigida también contra personas que habrían facilitado el delito entregando boletas de honorarios o facturas falsas a Empresas Penta S.A.; Inversiones Penta III Ltda.; Inmobiliaria Duero Ltda.; Inversiones Challico Ltda.; Inversiones Santa Sarella Ltda.; e Inversiones Perkita Ltda.

La acción penal incluye también ilícitos tributarios derivados del supuesto uso de facturas falsas por servicios de asesorías que no se realizaron, para rebajar la base imponible del Impuesto de Primera Categoría por montos que superan los $ 2.000 millones, en los años tributarios 2009 y 2010.

La hebra política del caso surgió luego que el ex gerente y ex director de empresas Penta, Hugo Bravo López, dijera que durante la campaña electoral de 2013 estas empresas hicieron aportes a candidatos de la elección parlamentaria y presidencial, la mayoría de los cuales sería de la UDI.

Y aunque parte de las donaciones se hizo bajo el marco legal para ello -bajo la figura de aportes reservados que quedan registrados por el Servel- la otra parte se habría hecho utilizando facturas o boletas de honorarios por trabajos que nunca se hicieron.

rechazan implicación

Según un artículo publicado ayer por Ciper Chile, el diputado UDI José Antonio Kast y el derrotado candidato a senador Alberto Cardemil, de RN, serían parte de los ex candidatos que habrían recibido dineros de parte del Grupo Penta, lo que ambos rechazaron de inmediato.

El diputado Kast enfatizó que 'si el señor Bravo dice que me llegaron 10 millones, lo más probable es que esos sean por aportes reservados, de acuerdo a la ley', en la misma línea que el ex diputado de RN Alberto Cardemil, quien perdió en 2013 la senaturía por O'Higgins. 'Afirmo de la manera más terminante que mi candidatura no recibió dinero alguno, aportado en forma irregular ni menos de boletas pagadas por el señor Bravo o Penta', recalcó Cardemil.

A través de una declaración pública a raíz de una eventual vinculación en este caso, el ex candidato presidencial Andrés Velasco, dijo que 'hemos revisado nuestro financiamiento para las primarias de junio 2013 y no tenemos registro de aportes de empresas del Grupo Penta'. Sin embargo, agregó que 'la única relación con las empresas del Grupo Penta se circunscribe al ámbito profesional a través de charlas o servicios específicos que se iniciaron hace más de tres años'.

El presidente de la UDI, diputado Ernesto Silva, dijo que la presentación judicial le parece 'positiva'. 'Valoro que se institucionalice este tema y se deje atrás un espacio de rumorología', dijo el parlamentario.

La corredora de bolsa Penta emitió un comunicado en el que rechaza todas las denuncias en contra del grupo y señala que ellas se originan 'en acusaciones falsas y maliciosas de Hugo Bravo, hechas con la sola intención de involucrar y perjudicar a la corredora'.

Asimismo, asegura que todos los contratos de asesoría financiera entre la corredora y empresas del Grupo Penta o con terceros y, en especial, los contratos denunciados de los años tributarios 2009 y 2010, 'están amparados por operaciones comerciales y financieras absolutamente reales y las remuneraciones asociadas corresponden estrictamente a valores de mercado'.

El Gobierno señaló que 'lo importante es que se esclarezcan los ilícitos o delitos', según el vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, quien agregó que las instituciones deben trabajar 'con autonomía'.

Paralelamente, la Cámara de Diputados acordó la formación de dos comisiones investigadoras. La primera fue promovida por la Nueva Mayoría y se abocará a conocer las acciones de fiscalización del SII frente a este caso.

La segunda fue solicitada por la Alianza y abordará el financiamiento de todas las campañas desde 2005, cuando comenzó a operar el actual sistema de financiamiento.

La Presidenta Michelle Bachelet recibió ayer el informe de la comisión asesora presidencial para estudiar y proponer un nuevo régimen para la salud privada

'Este informe propone mejoras para el sistema privado, busca que sea coherente con los principios de seguridad social y también promueve mayor equidad y solidaridad entre quienes optan por las Isapres', explicó la Jefa de Estado.

La propuesta plantea la creación de un seguro único que terminaría por reemplazar a las isapres en 10 años e implica crear un plan de seguridad social único que ofrezcan tanto Fonasa como las isapres, obligatorio para quienes se integran al mundo laboral y opcional para quienes ya cotizan en el actual sistema. Este se financiaría con el 7% de la cotización obligatoria de salud. Las aseguradoras privadas pueden ofrecer, sobre este, hasta tres planes distintos en otras redes de prestadores, cada uno con un precio único.

El documento propone que las isapres creen un fondo que reúna las cotizaciones de todos sus afiliados y luego redistribuya el dinero de acuerdo al riesgo de cada cartera. Con ello se termina con la cautividad de quienes tienen enfermedades preexistentes y la discriminación por sexo y edad.

Los comisionados persiguen que una parte de la cotización se destine a un fondo mancomunado entre isapres y Fonasa, para lo cual se haría necesaria una nueva institucionalidad en Salud. Esos dineros irían a medicamentos de alto costo. Otro fondo se formaría para las licencias médicas, que también a cargo de una entidad autónoma. Ahí se reuniría una parte de la cotización obligatoria de los afiliados a isapre, Fonasa y de aportes de empleadores. Respecto de los seguros complementarios, la comisión busca que puedan ser ofrecidos por isapres , pero no por prestadores.

La ministra de Salud, Helia Molina, dijo que de aquí a fin de año el Gobierno espera tener un borrador de la propuesta de reforma a las isapres.

Frente a las críticas de la supuesta expropiación del 7% a los usuarios, la ministra respondió que 'no vamos a expropiar nada, solamente estamos analizando propuestas que apuntan a eliminar inequidades en el sistema'.