El 17 de septiembre pasado, fue publicada en el Diario Oficial la entrada en vigencia de la Ley 20.779, que modificó las penas de los delitos de homicidio simple y calificado, en el sentido de elevar el mínimo de la sanción.

'En el primer caso, pasó de 5 años y un día a 10 años y un día; mientras que en el segundo, se elevó de 10 años y un día a 15 años y un día', detalló el fiscal regional, Marcos Emilfork.

La Agrupación de Víctimas de Delitos Violentos de la zona, que está compuesta por familiares que perdieron a sus seres queridos de forma brutal, valoraron este cambio, pues aseguran que en la actualidad no existe respeto por la vida de las personas. Sin embargo, sostienen que aún falta mucho por hacer.

Según Emilfork, aumentando la protección penal, la ley ha actualizado la valoración social de la vida que, en el caso del delito de homicidio, 'se había realizado hace bastante tiempo al dictarse el Código Penal en 1874'.

Ramón González, representante de la Agrupación de Víctimas de Delitos Violentos de Puerto Montt, sostuvo que 'el aumento de las penas ya es una buena señal que indica que aquel que cometa este delito le saldrá más caro y ojalá lo piense. Aunque hay que indicar que esta iniciativa parte cuando los diputados estaban viendo la Ley Emilia. Ellos ven que el homicidio simple iba a quedar más bajo, de acuerdo a lo que estaban viendo de esta nueva ley por manejo en estado de ebriedad. Entonces, ahí intentaron resolver el problema, pero no por una necesidad de la sociedad de tener una mejor normativa legal para este tipo de delitos que atentan contra las personas'.

El dirigente -quien perdió a su hijo tras ser asesinado por otro joven- hizo un llamado al Gobierno y a las autoridades:

'En caso a caso, como la Ley Zamudio o la Ley Emilia, andamos colocando parches. Deberíamos hacer algo más serio, como estudiar el Código Penal y ver lo que nuestra sociedad necesita y mejorarlo, pero completo. En los delitos violentos necesitamos tener una mayor penalidad'.

González sostuvo que el Estado debe proteger la vida de todos los ciudadanos y el Código Penal, pese a este aumento en el homicidio , 'que es bueno que haya ocurrido, creo que aún está bajo... Qué bueno que hayan subido las penas, pero creemos que todavía falta un poco más', sentenció.

Son varios los casos que se vienen a la memoria de la comunidad respecto a las bajas condenas por delitos de homicidio. Tal es el caso de Jorge Miguel Serón Serón, quien fue condenado en el mes de julio pasado a una pena de 5 años con el beneficio de libertad vigilada por matar de un hachazo a su hijastro en la población La Colina. El imputado tenía irreprochable conducta anterior y también confesó el delito.

En el mes de mayo también fueron condenados a 7 años de cárcel José Eduardo Godoy Vargas y José Manuel Aros Godoy por el homicidio del ermitaño de la isla Doña Sebastiana, Manuel Uribe. La familia estaba disconforme con la pena, ya que no sólo lo asesinaron, sino que también lo enterraron. Otro caso reprochable por la gente fue el brutal crimen de Valeria Hernández, asesinada por su ex pareja John Mann Kiefer, quien la enterró en un pozo. Tenía ocho meses de embarazo. El joven fue sentenciado a 7 años de cárcel.

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Homicidio Simple De 5 años y un día se modificó la sanción mínima a 10 años y un día de presidio.

El Poder Judicial licita el proyecto de arquitectura e ingeniería para el nuevo edificio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que se ubicará en un terreno de calle Egaña, donde se encuentran los otros tribunales civiles, laborales y penales.

La parlamentaria de la región, Marisol Turres, manifestó su satisfacción al respecto. 'Estoy muy contenta, porque estamos dando pasos firmes para concretar la construcción de un edificio moderno y cómodo para el trabajo del Tribunal de Alzada, en el terreno ubicado en calle Egaña, contiguo al Arena Puerto Montt y al actual Centro de Justicia, que el Ejército cedió para concretar esta importante obra', sostuvo.

Y agregó que 'estamos viendo materializados años de gestiones para lograr que se construya este nuevo edificio para la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con mayores comodidades para los usuarios de este tribunal, y sobre todo, pensando en mejores espacios para el trabajo de ministros, abogados y funcionarios de la Corte', enfatizó Turres.

La diputada recordó que este avance es producto de un trabajo en equipo de distintas autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera y también ex parlamentarios, como el ex senador Ignacio Kuschel, y miembros del Poder Judicial, 'quienes pensando no sólo en los funcionarios judiciales, sino en los ciudadanos de nuestra región. Buscaron reunir a los tribunales civiles, laborales y penales, y a la Corte de Apelaciones, en un mismo recinto', señaló Turres.

La abogada dijo que es importante agradecer no sólo al Ejército, por ceder el terreno, sino que también al Cuerpo Militar del Trabajo, las autoridades de la administración anterior y los propios ministros de la Corte de Apelaciones, ya que su trabajo en conjunto permitió realizar gestiones para concretar la idea de dotar al Tribunal de Alzada de una mejor sede en la ciudad.

'Ahora, lo que falta es que el actual gobierno ponga urgencia al proyecto de ley que crea la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones. Cuando ello se concrete, y junto a este avance en infraestructura, sin dudas, mejorará radicalmente el acceso de nuestra gente a la Justicia', puntualizó la diputada del distrito 57.

En la actualidad el presidente de la Corte de Apelaciones de la comuna de Puerto Montt es el ministro Jorge Pizarro Astudillo, quien llegó a comienzos de este año a la ciudad. Anteriormente, el Tribunal de Alzada estuvo encabezado por la ministra Teresa Mora.