El senador PS Fulvio Rossi, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, volvió a presentar ayer un proyecto de ley, que ya había ingresado en 2006, que establece la regulación legal de la eutanasia, y que apunta a que se respete la voluntad de los pacientes que sufren de una enfermedad terminal o incurable.

Tras presentar la moción, el senador socialista manifestó que 'no deja de llamar la atención que cada vez que planteamos este tema aparecen las voces censoras que, afortunadamente, son cada vez menos en este país'. El parlamentario destacó que mientras en el año 2006 algunos de sus pares pidieron que se retirara el proyecto, 'hoy quienes no están de acuerdo, levantan la voz para dar su opinión , lo que creo que es muy sano para el país'.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (RN) rechazó el proyecto presentado y sostuvo que los temas que tienen que ver con la muerte digna 'ya fueron zanjados en la normativa que estableció los derechos y deberes de los pacientes'.

Junto con precisar que 'no es la primera vez que el senador (Fulvio) Rossi lo presenta', Chahuán dijo que ya existe legislación respecto de la muerte digna, pues hoy la ley 'establece que una persona puede negarse a someterse a tratamientos quirúrgicos para prolongar artificialmente la vida'.

En tanto, el senador independiente Pedro Araya señaló que 'es un momento bastante inoportuno, porque ya tenemos varios conflictos a razón de la reforma educacional, que es uno de los ejes de las reformas de la Presidenta Bachelet'.

Esta es la segunda iniciativa al respecto que genera debate, luego de que recién el pasado 16 de septiembre el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD), anunció que durante los primeros días de octubre pondría en tabla el proyecto de ley que él mismo junto a otros parlamentarios oficialistas presentaron en 2006.

Ricardo Saavedra, el director del Hospital El Carmen 'Dr. Luis Valentín Ferrada' de Maipú, reconoció ayer que fue destituido de su cargo, luego que revelara que el pasado 15 de septiembre se tuvieran que suspender las operaciones de riesgo en el recinto por fallas de infraestructura. Según una publicación de Ciper, existen problemas de ventilación en al menos tres pabellones y las salas UCI-UTI. que ponían en riesgo de infecciones intrahospitalarias en pabellones a pacientes y funcionarios. La publicación afirmó que nueve informes detallaban que existía un problema con el sistema de expulsión de aire entre salas aisladas infecciosas y problemas de climatización. Según expuso Saavedra en 24 Horas, su remoción de la dirección del hospital se dio luego de que tomara una serie de medidas para proteger la seguridad de los pacientes y los funcionarios, sin previa consulta al Servicio de Salud Metropolitano Central. 'Sólo tres pabellones fueron estudiados, pero no se han chequeado los otros ocho restantes. Así que podría haber otras salas afectadas', dijo. El ex director calificó su remoción como 'injusta' y agregó que 'me parece fundamental que una cosa así sea conocida para resolver estos problemas. Era un documento oficial que no se podía desconocer. Y yo pensé que se debían tomar acciones'.

Tras cuatro meses de investigación, la directora nacional (TP) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, dio a conocer ayer el resultado de la auditoría técnica que llevó a cabo el organismo a la base de datos del Censo 2012.

A raíz de esa auditoría, Clark explicó que fueron tres las principales causantes de que los objetivos del sondeo no se cumplieran: una tasa histórica de omisión en la población censada, censistas sin la instrucción adecuada y viviendas que fueron declaradas desocupadas cuando no lo estaban.

Según el informe, que fue realizado por expertos del INE con asesoría directa del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), el porcentaje de personas que no fueron censadas llegó al 9,6%, lo que equivale a 1.700.000 personas. 'Nunca antes en la historia estadística de Chile habíamos tenido esos niveles de omisión', enfatizó Clark.

La directora explicó que los problemas descritos en cobertura, calidad y heterogeneidad, que son detallados en los distintos capítulos que componen la auditoría, 'impiden que la información levantada durante 2012 cumpla con los estándares de calidad mínimos para ser considerada información oficial de un censo'. La autoridad señaló que 'los datos no sirven para generar la actualización de proyecciones de población, la elaboración de un marco muestral y la generación de información para áreas geográficas menores que se derivan de un censo'.

La investigación no solamente detectó un nivel muy alto de omisión, sino además diferencias importantes entre las distintas regiones sondeadas. Así, mientras en el Maule y Biobío la población no censada fue de 7,6%, en la Región de Antofagasta llegó al 15%. 'Esto es problemático, porque no sólo dejó de censarse población en todo el país, sino que hay mucha diferencia entre regiones y entre comunas', señaló Clark.

En cuanto a la estructura de población por sexo y edad, los análisis realizados muestran consistencia con los censos anteriores en la declaración de la variable edad, pero una brusca caída en los índices de masculinidad (de 97,1 del Censo 2002 a 95,0 en 2012), que no tiene explicación demográfica posible. 'Esto impide saber con exactitud por medio del levantamiento 2012 cuántos hombres y mujeres hay en Chile'.

Al contrastar los datos de migración con otros provenientes de fuentes administrativas como Extranjería, se encuentran diferencias importantes de volumen de población en relación a la información proporcionada por el censo 2012, evidenciando en algunos casos, una subestimación de más de 100 mil personas.

'Además, para migración internacional, el análisis muestra un 40,8% de no respuesta en el año de llegada al país, lo que es considerablemente superior a lo registrado por censos anteriores. Ello implica que el levantamiento 2012 posee una limitación importante respecto al objetivo de obtener el nivel y estructura de los migrantes', dijo la directora del INE.

Pese a que los datos obtenidos de la encuesta no podrán ser utilizados para el desarrollo de políticas públicas, desde el INE explicaron que la base de datos que se utilizó para el Censo 2012 quedarán a disposición pública. No obstante, Clark señaló que 'las limitaciones descritas en esta auditoría en torno a los datos hacen necesaria una máxima cautela y prudencia por parte de potenciales usuarios e investigadores, tanto en relación al uso que se haga de los datos, como a las interpretaciones o conclusiones que puedan derivarse de los mismos. Estas últimas quedan de exclusiva responsabilidad de quien use estos datos'.

La investigación contrastó los objetivos básicos del censo de población y vivienda y el grado en que la información del levantamiento del año 2012 permite cumplir estos objetivos, considerando los niveles de cobertura y calidad del mismo.

9,6%

2002