El general Eduardo Weber Vejar, jefe de la Décima Zona de Carabineros, confirmó que apelará a la resolución judicial del Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, que lo condenó a pagar 20 millones de pesos por daño moral y perjuicios a un suboficial de Carabineros que se encuentra en situación de retiro. La demanda civil se realizó el año 2013 en contra del oficial, luego que el funcionario se sintiera severamente afectado y menoscabado junto a su familia por las decisiones que adoptó en su momento el general Weber, a raíz de un problema familiar donde se vio involucrado su hijo de 12 años.

Tal como recordó el abogado Marcos Ibacache -quien representa al funcionario (R)- el hijo de otro Carabinero que tiene 7 años acusó de abuso al pequeño de 12. Antes de ser investigada esta situación, se habría adoptado una serie de medidas de parte del general Eduardo Weber que en ese momento era el jefe de zona en Punta Arenas, asegura el profesional.

Una de las decisiones fue sacar al suboficial mayor de su cargo como jefe del Retén de Río Seco.

Al ser consultado por el tema, el general Weber explicó que 'soy respetuoso del fallo que determine cualquier tribunal, en este caso en lo civil. Me responsabilizo de las situaciones en el ejercicio de mis funciones que yo habría ejercido mientras fui jefe de zona en Punta Arenas. En segundo término, voy a hacer uso de las instancias legales que me entrega la ley, como cualquier ciudadano'.

En ese sentido, dijo que junto a su abogado que lo está patrocinando, apelará a la Corte de Apelaciones respectiva.

Respecto a la denuncia que realizó el subalterno en su contra, no quiso referirse al tema de fondo.

Según el general, se adoptó un acto administrativo en su momento y las consecuencias que se derivaron de ello -donde supuestamente la persona habría resultado afectada- se dio cuenta primero por parte del suboficial mayor Francisco Sánchez Cárcamo a la Fiscalía Local, la cual determinó que no era competente y se derivaron los antecedentes a la Fiscalía Militar, donde hay una causa.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Puerto Montt, en el marco de una investigación coordinada con la Fiscalía local, lograron la detención de dos individuos. Uno con las iniciales D.L.V.M (29), quien registra antecedentes policiales por el delito de infracción a la ley 20.000, y el segundo individuo individualizado con las iniciales R.A.R.V., (37), el cual tiene antecedentes policiales por los delitos de lesiones leves.

Según se indicó, los policías se encontraban investigando a un sujeto apodado 'El guatón lee', quien al parecer se estaría dedicando a la venta y distribución de cannabis sativa en la poblaciones O'Higgins, Mirasol, Libertad, como también en el sector Parque Industrial de esta ciudad, entre otros lugares.

Mediante un trabajo de inteligencia, los detectives lograron ubicar al individuo, logrando de esta manera obtener su identidad como también el modo de cómo operaba.

'... Se pudo establecer que este sujeto realizaría una venta de drogas en el sector del Parque Industrial. Con estos indicios, se montó un dispositivo de vigilancia y detectaron cuando el individuo apodado 'El guatón lee' llega al lugar en un vehículo y toma contacto con otro sujeto con quien comienza la transacción de droga', se informó.

Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia. 'La droga incautada fue 50,64 gramos de cannabis sativa, droga que de haber llegado a manos de los consumidores se habría dosificado en 151,92 dosis, la que comercializada habría obtenido una ganancia ilegal cercana al medio millón de pesos', adujo la policía.

El Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt condenó al Servicio de Salud Reloncaví a pagar una indemnización de 160 millones de pesos al joven Juan Carlos Cárcamo Alarcón (26), por daño moral ante la tardía atención médica que recibió por funcionarios del Hospital Base que no le detectaron a tiempo la apendicitis que tenía.

En estos días, La Corte de Apelaciones de esta ciudad debe resolver si confirma o no el fallo judicial, luego que el Servicio de Salud apelara a rebajar el monto por considerarlo excesivo. La familia espera que se mantenga la decisión de los ministros, por las graves secuelas con las que quedó el joven.

La abogada de la familia, Elizabeth Kobus, dijo que a diferencia de lo que manifestó el Servicio de Salud en relación a lo excesivo del monto decretado por el Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, 'nosotros estamos totalmente en desacuerdo'.

Y explicó que 'la sentencia en cuanto a la indemnización sólo ayudará en parte a tratar de mejorar la calidad de vida del demandante. Después de ocho años, aún continúa con problemas graves, los cuales requieren de un tratamiento óptimo. No olvidemos que ha sido expuesto a seis operaciones y aún así sigue con problemas graves, tanto así que requiere urgentemente una nueva operación, la cual no es fácil de realizar por la complejidad y riesgo que implica'.

La profesional indicó que hay un gran desgaste moral al que se ha sometido tanto a él cómo su madre.

'Es por esto que estimamos que en ningún caso el monto fijado en primera instancia es excesivo, puesto que aún le queda un largo tratamiento, una serie de operaciones y, aun así, su vida nunca volverá hacer igual, por lo que esperamos que nuestra Ilustrísima Corte de Apelaciones pueda apreciar todo estos antecedentes y confirme dicha sentencia', recalcó. La madre del joven, Celinda Alarcón, aseguró que debido a las graves secuelas que sufrió su hijo, lo mínimo que esperan es que se confirme la condena, ya que no sólo requieren dinero para tratamientos médicos y operaciones, sino que también para cancelar los gastos al abogado. Además, son ocho años de sufrimiento. 'Él ni siquiera tiene ombligo, porque dijeron que era un foco de infección', recuerda triste.

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