El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, confirmó ayer que el Gobierno se querellará invocando la Ley Antiterrorista contra quienes resulten responsables de los atentados con artefactos explosivos ocurridos la noche del lunes en las cercanías de dos comisarías en las comunas de Santiago y El Bosque, en la Región Metropolitana.

'Lo que haremos es hacer una presentación por Ley Antiterrorista de estos hechos', dijo Aleuy, quien agregó que pedirán que las investigaciones sean asumidas por el fiscal único que fue nombrado tras el bombazo en una estación del Metro de Santiago, Christian Toledo.

El coronel de Carabineros, Sergio Escudero, detalló que los incidentes ocurrieron pasadas las 23 horas y que uno de los artefactos estaba adosado a un vehículo que estaba estacionado junto a la Primera Comisaría. Una vez ocurrido el hecho, se procedió al cierre perimetral del sector, tras lo que se detuvo a tres personas.

Sin embargo, los detenidos fueron interrogados y luego puestos en libertad después de que se descartara que hubiese rastros de artefactos explosivos en sus vestimentas. En ninguno de los dos casos se encontraron panfletos y ningún grupo de ha adjudicado los antentados.

El general director de Carabineros, Gustavo González, señaló ayer que la Fiscalía decidió dejar citados a los detenidos. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, condenó enérgicamente los hechos y aseguró que 'no quedarán impunes'. El secretario de Estado afirmó que 'son personas que probablemente estuvieron rondando el lugar y viendo cómo hacerlo' y destacó la gravedad de los hechos, que ocurrieron en un horario de alto flujo vehicular'.

El ministro señaló que es necesario 'una Ley Antiterrorista efectiva' y un plan que involucre otros aspectos de la seguridad.

Sobre la invocación de la ley, comparó los hechos de ayer con los ocurridos en un vagón del Metro, y aseguró que pasó algo muy parecido. 'Hay un paradero de bus, hay personas esperando', afirmó.

El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, manifestó que 'estos atentados son incomprensibles, injustificables e inaceptables' y ponen en riesgo la vida de las personas.

El secretario de Estado enfatizó que el Ejecutivo 'ha reforzado las tareas de coordinación entre las instituciones, particularmente entre las policías, así como las tareas de inteligencia'. Asimismo resaltó que 'a solicitud del Gobierno se designó un fiscal especial, cuestión que no había ocurrido en todos estos años'.

oposición

El diputado (RN) José Manuel Edwards acusó al Ejecutivo de mantener un 'doble estándar' al momento de recurrir a la Ley Antiterrorista, luego que anunciara su invocación en el caso de los bombazos registrados el lunes en Santiago. 'Yo creo que el Gobierno está bien que aplique la Ley Antiterrorista, pero sigue con un doble discurso, un doble estándar de que la aplica en algunos lugares y en otros lugares no, en particular la Región de la Araucanía', apuntó el parlamentario de oposición.

'Y también sigue con un doble estándar en el cual sus parlamentarios quieren derogarla, por considerarla mala', agregó.

Tras cuatro meses de investigación del sacerdote David Albornoz, la Congregación de los Sagrados Corazones confirmó la participación de Gerardo Joannon (77) en las adopciones irregulares ocurridas entre los 70 y 80.

Fue el superior provincial de la congregación, Álex Vigueras, quien informó que 'se ha establecido como verosímil, primero, que el padre Gerardo Joannon ha mantenido desde esa época una relación inapropiada con ella. Segundo, que esa relación fue importante para que el padre Gerardo interviniera activamente en ese proceso de adopción'.

Por esto, Vigueras informó que se le ha pedido al sacerdote 'que haga un gesto de reparación consistente en reconocer la verdad, asumir sus responsabilidades y pedir perdón a las personas que han sido afectadas'.

Además se le solicitó a Joannon que se traslade a contar de octubre de este año a España, como parte de un período de reflexión. Vigueras explicó que si bien hubo delitos canónicos, estos están prescritos. El sacerdote, que tendrá que estar fuera del país por 'al menos dos años', podrá oficiar misas pero no realizar labores pastorales.

La directora del Servicio Nacional de Menores, Marcela Labraña, criticó el viaje de Joannon y afirmó que 'eso me causa un poco de dudas respecto de la posición real de su institución'. Labraña dijo que es importante que el ministro a cargo, Mario Carroza, evalúe el viaje de Joannon.

El abogado querellante Cristián Letelier, enfatizó que el sacerdote Joannon 'tiene una responsabilidad moral muy grande que tiene que asumir'. El profesional manifestó que puede verse como 'insuficiente un perdón', pero 'aunque sea tarde, siempre es bienvenido'. El abogado aclaró que Carroza debe determinar la responsabilidad de Joannon en las adopciones.