Un total de 167 individuos de la Región de Los Lagos integran la nómina de sujetos inhabilitados para ejercer funciones educacionales o que impliquen labores relacionadas con niños, por estar condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

La cifra del denominado 'registro de pedófilos' fue dada a conocer ayer por la seremi de Justicia, Angélica Paredes, y el director regional del Registro Civil e Identificación, Pablo Yermany.

La secretaria regional precisó que 'de las 167 personas individualizadas en la Región, 164 son hombres y tres son mujeres. Este sistema cumple con la finalidad que se esperaba, ya que la población puede tener acceso cómodo, fácil y seguro a la información de este registro, cuando se requiere la contratación de una asesora del hogar, un transportista escolar o cuando un establecimiento educacional requiere contratar auxiliares, profesores o paradocentes'.

La titular de justicia en Los Lagos, consultada frente al caso que se detectó en hace exactamente un año, en agosto del año pasado, cuando la Superintendencia de Educación dio cuenta de que un auxiliar de un establecimiento municipal de Puerto Montt aparecía en este registro, indicó que 'precisamente lo que permite el sistema es que se cruce información, y pesquisar aquellos casos de vulneración a la norma, permitiendo la intervención del Ministerio Público o de la Superintendencia de Educación según corresponda'.

Por su parte, el director regional del Registro Civil dijo que a nivel nacional se han realizado 701 mil 370 consultas al registro de inhabilidades.

'Esta es una herramienta que otorga tranquilidad a la población, ya que se transparenta la información de aquellas personas que constituyen un riesgo para nuestros niños', indicó Yermany.

En cuanto al flujo de la información desde el Poder Judicial al sistema, el director regional del Registro Civil e Identificación explicó que 'todas las sentencias firmes y ejecutoriadas de los tribunales que establezcan la inhabilidad, son informadas al registro general de condenas, y a la vez esta sección especial que mantiene la información respecto a las personas impedidas de trabajar con menores de edad'.

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Una fuerte campaña de fiscalización iniciará la Superintendencia de Educación en la Región de Los Lagos, con el fin de supervisar los procesos de admisión para el año 2015 en los diferentes establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Víctor Reyes, director regional del organismo, precisó que los planteles que reciben aportes del Estado, no pueden exigir antecedentes académicos a los alumnos que postulan desde prekinder y hasta sexto básico, ni detalles de la situación socioeconómica de sus apoderados. Por ello, se desarrollará el despliegue fiscalizador para hacer cumplir la normativa vigente.

'Muchos establecimientos exigen estos antecedentes y nuestra normativa nos obliga a desarrollar un programa para evitar esto', explicó la autoridad de la superintendencia en Los Lagos, que hoy cumple su noveno día en el cargo.

La medida surge a raíz de denuncias que dan cuenta de prácticas que contravienen abiertamente la normativa escolar, como la exigencia de certificado de notas, aplicación de pruebas, test y distintas evaluaciones para detectar el rendimiento escolar pasado o potencial del estudiante; exigencia de liquidaciones de sueldos, y pagos de postulación superiores a los establecidos por el Ministerio de Educación, entre otras.

Para efectuar la acción fiscalizadora, la superintendencia desarrollará una serie de visitas a los establecimientos educacionales, donde por primera vez se va a considerar como materia de fiscalización la información pública del establecimiento respecto de su proceso de admisión, ello con el fin de verificar si está en concordancia con la normativa.

'Vamos a desarrollar un trabajo en terreno y vamos a ver la información pública de los colegios, que en ocasiones aparece en los medios de comunicación. En definitiva, vamos a utilizar todos los medios que estén en nuestro alcance para que se cumpla con esta normativa', indicó Reyes.

Respecto a las sanciones, los establecimientos que no cumplan con lo establecido en la Ley General de Educación en materia de admisión de sus alumnos, los establecimientos arriesgan multas de hasta mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM) equivalentes a 42 millones de pesos.

Respecto a la regulación de los colegios particulares pagados, el director regional de la Superintendencia de Educación precisó que también pueden ser objeto de una acción fiscalizadora del organismo, pero sólo en el caso de que se presente una denuncia.

De todas formas, Reyes recordó que en el caso de los colegios privados, se exige que el proceso de admisión sea 'abierto, objetivo y transparente, asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias'.

Desde la creación de la Superintendencia de Educación, en septiembre de 2012, se han recibido un total de 14 denuncias por irregularidades en los procesos de admisión, de las cuales nueve corresponden al año 2013 y dos a 2014.

A nivel nacional, los casos han presentado un aumento sostenido. De enero a junio de 2014, se recibieron 122 denuncias por procesos de admisión, mientras que en 2013, en el mismo período, éstas alcanzaron a 94 casos y en 2012, a 70.

Consultado respecto a qué casos lideran las denuncias realizadas en la Superintendencia de Educación en Los Lagos, Reyes indicó que éstas corresponden a 'convivencia escolar'.

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