El Ministerio Público continúa investigando una serie de irregularidades ocurridas al interior del Municipio de Llanquihue, donde se han visto involucrados funcionarios públicos, como por ejemplo el ex jefe de finanzas, Luis Saavedra González, quien fue formalizado y después quedó en prisión preventiva, ya que se logró acreditar que se habría apropiado más de 50 millones de pesos. Por ello, no se descarta la formalización de más imputados.

La causa sigue siendo compleja y por lo mismo se han dispuesto una serie de diligencias para acreditar la participación de varias personas en el delito, indagaciones que desarrolla la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Puerto Montt.

El fiscal del caso, Marcos Muñoz, explica que en esta investigación se inició en el mes de septiembre del año 2012, con una denuncia que llegó de parte de un concejal y un ciudadano de Llanquihue. Lo anterior, se sumó a otra acusación de parte de la Contraloría Regional de la República y una querella del Consejo de Defensa del Estado.

Y agrega que todas estas denuncias o acciones dicen relación con los resultados de una auditoría efectuada al interior de la Municipalidad de Llanquihue, que se dio cuenta mediante el informe especial N°23 del año 2012 de la Contraloría.

SECRETO BANCARIO

'Esta investigación -en un primer momento- se abocó a recopilar los antecedentes que permitiera comprobar los supuestos del informe de la Contraloría, se alzó el secreto bancario de aproximadamente 20 personas, funcionarios municipales y otros que no lo eran. También se obtuvo, a través de una diligencia de entrada y registro e incautación realizada al interior de la Municipalidad y otros domicilios, varias informaciones que permitieron iniciar esta investigación con elementos de convicción, como son documentos, decretos de pago, documentación financiera y contable', revela el fiscal.

El persecutor señala que también se incautaron correos electrónicos y computadores para obtener pruebas y así acreditar los ilícitos relacionados al caso de corrupción.

MALVERSACIÓN

Con el análisis de esta información, la Fiscalía Local de Puerto Varas procedió a tomar declaración a todas aquellas personas que pudieran entregar antecedentes útiles a la causa.

'Así se estableció que se sustrajeron caudales públicos del municipio por parte de algunos funcionarios de la Municipalidad de Llanquihue', dijo.

El fiscal sostuvo que de momento hay dos personas que han sido formalizadas, como Luis Saavedra González, ex jefe de Finanzas, y el actual concejal Fernando Acuña Ide.

'Ambos fueron formalizados. En el caso de Luis Saavedra, por malversación de caudales públicos y por el delito de negociación incompatible. También el concejal fue formalizado por malversación de caudales públicos', recordó.

Esta investigación tiene algunas restricciones -asegura el fiscal- que están dadas por las limitaciones con las que cuenta el Ministerio Público, como la falta de personal y organismo auxiliares.

'Del universo del dinero que se hablaba en el informe de Contraloría, que eran cercanos a los 200 millones y fracción de pesos, la Fiscalía sólo pudo comprobar la sustracción de 60 a 70 millones de pesos. Uno como fiscal está pasando por un periodo de mucho colapso y lamentablemente, no le podemos dedicar todo el día a investigaciones de esta naturaleza que son complejas. También hay que atender otras causas'.

LAS PRUEBAS

Respecto al ex jefe de finanzas, el fiscal determinó que Saavedra se habría adjudicado los montos millonarios simulando el pago de remuneraciones a un grupo de trabajadores del Programa de Empleo que nunca prestaron servicios al municipio ni menos recibieron un sueldo. De hecho, en las planillas figuraban su madre, su asesora del hogar y la hija de ésta, así como diferentes profesionales, usurpando sus identidades y falsificando sus firmas, reconoció.

Pero además, se comprobó que autorizó la contratación de su suegro para que prestara asesorías al municipio y también fueron contratados diversos cursos de capacitación impartidos por la empresa Belcap EIRL, donde el funcionario tenía, a esa fecha, participación en los resultados obtenidos con ocasión del giro de la empresa, y en la cual además desempeñó funciones como gerente de finanzas.

El comisario Claudio Villalobos, jefe de la Bridec, contó que al momento de ser detenido por los delitos el ex funcionario pretendía huir a Cuba. Agregó que manejaban información de que intentaría abandonar el país, con destino a la Habana. Por este motivo, se hizo un encargo policial en el país para que sean alertados en el momento de que quisiera salir. 'Estuvo a cinco minutos de subirse al avión y huir a Cuba. No teníamos la convicción de poder requerir a esta persona eventualmente si lograba abandonar el país y enfrentar la justicia', recordó.

Finalmente, Saavedra fue formalizado y quedó en prisión preventiva, sin embargo, esta medida cautelar fue reemplazada por un arresto domiciliario total, ya que según el persecutor, el Ministerio Público estuvo de acuerdo, debido a la colaboración que ha entregado Saavedra en la causa.

Respecto del concejal Acuña, se determinó que se había adjudicado $6 millones en total, sin prestar servicio alguno al municipio. Según el fiscal Muñoz, mensualmente le depositaban en su cuenta personal $500 mil.

El edil en su momento dijo que lamentaba tener que verse 'involucrado en un hecho doloroso para mi persona y mi familia, por haber confiado en señores que actuaron de manera irresponsable e ilegítima en el manejo de fondos públicos, involucrando con sus actos a gente honesta y que jamás en su vida habían tenido un solo problema con la justicia (...) Todo ser humano tiene derecho a demostrar su inocencia, que es justamente el derecho que yo voy a ejercer'.

En la misma causa también se allanaron las oficinas del abogado Miguel Urrutia Tobar para incautar documentación que pueda ser útil. 'Se realizaron ciertas maniobras destinadas al encubrimiento del delito, en que aparecía involucrado el abogado que era asesor jurídico de la Municipalidad. Teniendo antecedentes de que esos hallazgos daban cuenta de un delito de prevaricación del abogado, se practicaron diligencias para verificar si fue así, las que iban a confirmar o descartar tanto el delito como la participación', adujo Muñoz.

Y recalca que 'estamos llevando a cabo un proceso de análisis de la información que ha sido recopilada y con el mérito de eso se están disponiendo nuevas diligencias que nos permitirán precisar la dimensión que tiene esta causa y de quiénes se van a perseguir sus responsabilidades penales', manifiesta el fiscal.

Al ser consultado por la eventual formalización de otras personas, dijo que 'no descartamos que pueda formalizarse cargos, respecto de otras personas por los mismo delitos u otros'.

'Del universo del dinero que se hablaba en el informe de Contraloría, que eran cercanos a los 200 millones de pesos, la Fiscalía sólo pudo comprobar la sustracción de 60 a 70 millones'