José Eugenio Hernández Hernández (53) falleció a causa de una asfixia y se descartó la intervención de terceras personas en su deceso.

El trabajador agrícola era buscado intensamente por sus familiares en el sector de Río Puelo, en la comuna de Cochamó. Lo anterior motivó que se interpusiera una denuncia por presunta desgracia el viernes 11 de julio pasado. Tras varios días, el sábado 20, un lugareño halló su cuerpo en la playa del sector rural de Chaparano.

El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, explicó que al comienzo realizaron varias diligencias para dar con su paradero y los antecedentes que manejaban es que se trataba de una persona que padecía esquizofrenia y epilepsia y que en otras ocasiones también había desaparecido de su domicilio y a los dos o tres días aparecía.

Carabineros realizó el empadronamiento en todo el sector, apoyados con Gope para efectos de poder acceder a las zonas más complejas, dijo.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) de Puerto Montt con el fin de realizar la autopsia correspondiente y determinar la causa de muerte.

'El informe del Médico Legal estableció en definitiva de que se trataba de una asfixia por sumersión. Le consultamos si existían evidencias de que si era atribuible a terceras personas, sin embargo, eso fue descartado. Esto unido a la información que obtuvimos de parte de la propia familia y cercanos, en el sentido de que nos confirman el padecimiento de esta enfermedad y las convulsiones que tenía por la epilepsia', dice el fiscal Sambuceti.

Al ser consultado de que si fue un hecho accidental, el abogado dijo que 'estamos confirmando esas versiones, porque no existen testigos oculares del momento en que él cae o fallece, sin perjuicio de que los datos indiciarios nos dan cuenta de que haya sido una actividad accidental y de esa manera poder haber caído al sector del río y haberse ahogado en aquel. Pero hay que confirmarlo', puntualizó.

Unánime fue la decisión de los magistrados del Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Montt, para encontrar culpable del delito de infanticidio a Berta Daniela Ojeda Ojeda (20). El veredicto condenatorio lo dieron a conocer los jueces Ivonne Avendaño, José Bustos y Jaime Rojas.

El horrendo hecho que causó conmoción en la comunidad, ocurrió entre el 22 y 23 de octubre de 2013, en un inmueble de la población Ten Ten, en Maullín.

'Ella estaba acostada y empezó a sentir dolores en la noche y fue hasta una bodega, ubicada en su domicilio. Una vez que dio a luz, toma una tijera y cortó el cordón umbilical y arrojó a su bebé a un balde. Así se golpea la cabeza y le ocasiona una fractura craneal frontal y la deja ahí abandonada. Luego se limpia y vuelve a su dormitorio para seguir durmiendo', revela la fiscal de la causa, Ana María Agüero.

Y agrega que la imputada, quien además tiene un hijo de dos años, no le dio pecho ni tampoco abrigó a la lactante, dejándola al desamparo, circunstancias en que fallece.

'No le presta asistencia médica, no la lleva al hospital, no hace nada. Esto unido a la lesión de su cabecita, muere', expone.

Al día siguiente, un vecino de la acusada se levantó muy temprano a darle comida a sus cerdos, cuando se encontró con la escalofriante escena.

'Encuentra a la guagüita, mientras se la estaban comiendo sus perros. Así es como se devela. Es importante señalar que a través de ADN se acreditó el parentesco. Además, en el balde donde arrojó a su bebé había una poza con sangre y eso se perició, comprobándose que era de la misma bebé', detalla Agüero.

Respecto a las lesiones ocasionadas por los perros que mordieron el rostro de la lactante y sus extremidades, la fiscal dice que 'se acreditó que fueron post mortem, lo que le provocó la muerte fue la fractura. Además, es estableció que la bebé nació viva'.

La fiscal Agüero señaló que la defensa no presentó ningún peritaje que pueda establecer que la imputada tenía una enfermedad o depresión. 'Su declaración no fue suficiente para aclarar los hechos, ella niega que lo haya golpeado. Sólo reconoce que la tuvo y justifica que porque no tenía dinero y por tener otro hijo se asustó'.

La Fiscalía está pidiendo una pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo. Mientras que la defensa solicita una pena más baja con beneficios, ya que la imputada no tiene antecedentes penales.