La polémica por el relleno sanitario La Laja no se detiene. Ayer, representantes del Centro Para el Progreso de Puerto Varas criticaron los dichos del alcalde de Frutillar, Ramón Espinoza (PS), quien aseguró a El Llanquihue que existía 'oportunismo político' de parte de las personas que están en contra del proyecto.

'Se equivocan quienes califican la oposición a instalar este basurero provincial en nuestra comuna como político, pues los movimientos ciudadanos que se han expresado en contra están conformados por personas independientes que en su mayoría no militan en partido alguno', indicaron desde la citada agrupación, presidida por Miguel Veyl.

Añaden que 'en el mismo Concejo Municipal, este proyecto ha generado un rechazo transversal, tanto por las irregularidades legales denunciadas sobre su proceso de implementación, como por las faltas a la Ley Municipal'.

Sobre los cuestionamientos, respecto a por qué comenzó ahora a notarse más el rechazo al relleno, sostienen que cuando se inició el proyecto se resolvió 'sin entregar una detallada información a la opinión pública. La poca que se conoció establecía que el relleno se ubicaría a 12 kilómetros del núcleo urbano, pero al iniciarse las obras se señala que en realidad está a sólo siete kilómetros de la Plaza de Armas de Puerto Varas'.

Desde el Centro para el Progreso comentaron que, a propósito de lo planteado por el alcalde Álvaro Berger sobre La Laja, coinciden con él 'en cuanto a que nuestra comuna no tiene por qué hacerse cargo de la basura de toda la provincia y a quienes nos solicitan propuestas, -también de acuerdo con nuestro Jefe Comunal - exigimos sectorización territorial y operativa del proyecto y que Puerto Varas tenga el rol protagónico que le corresponde al prestar y arriesgar su territorio para el basural. Que pueda optar a tarifas especiales para sus vecinos y, en lo fundamental, sea nuestra comuna guardiana y administradora del relleno'.

Actualmente, las obras del proyecto presentan un avance estimado en un 25%, que de no haber novedades sobre su ejecución, deberían comenzar a operar en mayo de 2015, situación que ha generado rechazo en movimientos sociales.