Una polémica se generó entre los parlamentarios de oposición, especialmente de la UDI, con las autoridades regionales. Y es que los diputados Felipe De Mussy, Marisol Turres y Javier Hernández, además del senador Iván Moreira ,acusaron una merma de unos mil 806 millones de pesos destinados a la agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y que actual Gobierno denomina 'ajuste presupuestario'.

Los parlamentarios gremialistas acusan que 'es clásico que Hacienda nunca se pone con las emergencias y terminan desarmando programas. La primavera pasada fue seca y fría, eso significó que el forraje conservado, clave para enfrentar el invierno siguiente, disminuyó en cerca de un 30%', agregaron.

La seremi de Agricultura, Pamela Bertín, junto con reconocer esta situación, explica que no es sólo para la región, sino que para el resto del país en el SAG: 'Quiero dejar en claro que tenemos que resguardar el patrimonio fito y zoosanitario del país y de la región'.

Y por lo mismo, sostiene que hay que resguardar que no ingresen la lobesia botrana (peste de las arándanos) y el síndrome respiratorio y reproductivo del porcino. Y éstas platas se sacaron para erradicar y controlar estos dos problemas. Bertín acentúa que es peor que se deje esa plaga y enfermedad sin tratar, porque se corre el riesgo que ingrese a nuestra región.

Además, destaca que esos dineros se van a devolver en un plazo que está por definir.

Y es una forma rápida de destinar recursos para el combate de estas dos cosas. Y si no se trataran, el daño económico sería mucho mayor. Por ejemplo, tendría un efecto en las exportaciones, explican.

Los parlamentarios, en tanto, consideran se trata de una medida muy negativa, que dice relación con el perjuicio para unos mil agricultores de la zona con la disminución de producción de leche y por otro lado el sector ganadero se ha visto obligado a aumentar la descarga animal, afectando gravemente los precios a la baja, comprometiendo los ingresos de los ganaderos del sur de Chile (más del 50% de la carne proviene de pequeña agricultura).

Un delicado momento atraviesan 96 trabajadores de Frutillar, luego que la empresa SG Forestal -de fabricación de tableros de madera- en la que trabajaron, cerrara hace dos meses sus puertas.

Desde ese momento, comenzó el drama para estas familias producto que la última vez que percibieron un ingreso fue a fines de abril, por lo que ahora sumarán su tercer mes sin recibir sueldo.

A lo anterior, se suma el que no han podido ingresar a sus trabajos, por cuanto esta empresa mantenía una hipoteca con el Banco Santander, el que cerró las dependencias en las que funcionaba, según apuntan el seremi del Trabajo, Gonzalo Reyes, y el alcalde de Frutillar, Ramón Espinoza.

Es, precisamente, este último quien sostuvo encuentros con la entidad bancaria, con la finalidad de que pueda entregar esta planta a otro empresario, de manera que los trabajadores mantengan sus puestos laborales.

Espinoza, además, amenaza que de no conseguir una buena respuesta de parte de la entidad, estudiaría la opción de retirar las cuentas que la Municipalidad tiene con ellos y en las cuales 'se mueve mucha plata'.

De hecho, se habla que el movimiento sería mayor a los 5 mil millones de pesos.

En todo caso, Espinoza tiene la esperanza de poder llegar a un acuerdo y para este lunes tiene previsto un encuentro con los trabajadores.

Y es que cuenta que están realizando una serie de acciones tendientes a ayudar a las familias que se encuentran afectadas por esta situación.

El banco hipotecó todos los terrenos, maquinaria y la planta, y la empresa estuvo trabajando y pagando al banco, pero no así las previsiones a los trabajadores, las que ascenderían a los 200 millones de pesos.

La empresa, -detalla Espinoza-, abandonó faenas y el banco cerró la planta, 'pero estamos negociando con el banco que entregue la administración de la empresa a otro empresario y éste recontrate a los funcionarios'.

Los trabajadores están realizando las demandas respecto a las moras que también pasan por las previsiones.

La fábrica confeccionaba tableros de madera para la pequeña construcción.

Al banco le dijeron que se trataba de un tema complejo. Y la idea es que la gente se reinserte en el sector laboral, más todavía les adeudan el pago de tres meses. Los trabajadores, en tanto, se están organizando para realizar una serie de beneficios dada la compleja situación que atraviesan las familias. Junto con ello, están recibiendo ayuda de parte de la Municipalidad y también cuentan con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, a nivel provincial.

Así lo explica Alejandra Paillacar, una de las afectadas por esta situación y quien cuenta que entre los trabajadores que se encuentran sin su fuente laboral, se hallan personas mayores, que estaban cerca de jubilar, así como otras que fueron mamá hace muy poco.

Durante este tiempo, algunos afectados realizaron labores conocidas como 'pololos' para poder mantenerse, para poder llevar algo de recursos a sus hogares.

De los 96 trabajadores, 80 se encontraban realizando labores de manera activa al momento de que la empresa cerrara, mientras que 16 mantenían una situación irregular producto que habían sido cesados, pero no alcanzaron firmar sus finiquitos dado que la empresa mantenía deudas previsionales con ellos, según cuenta Paillacar.

El tema es seguido desde la Seremía del Trabajo y según cuenta el titular en Los Lagos de esta cartera, Gonzalo Reyes, 'con la Dirección del Trabajo nos comprometimos a agilizar los trámites del pago de los finiquitos y los seguros de cesantía, una vez que contemos con las cartas de despido de cada trabajador, y así ir solucionando en parte este conflicto'.

Además, destaca que la cartera colocó todos los servicios públicos que tienen que ver con materias laborales a disposición de los trabajadores, como una manera de ayudar en la solución este problema, asesorándolos en materias judiciales con la Defensoría Laboral y la Dirección del Trabajo.

La CUT también se encuentra alerta en este conflicto y desde esta entidad cuentan que los trabajadores están viviendo de la caridad de sus familiares, con cuentas de agua y luz sin pagar, con cobranza judicial por sus créditos hipotecarios, con arriendos sin pagar, en listado de deudores del comercio local, y como si eso no fuere poco, sin poder cobrar el subsidio de cesantía por no tener la carta de despido.