El día 11 de mayo en la mañana, justo en el día de la madre, familiares y amigos encontraron el cuerpo sin vida de la profesora del Inacap de Puerto Montt, Paola Vega Quezada (36), entre los matorrales de la escalera Manuel Montt.

El hallazgo no dejó indiferentes a los investigadores por la forma en cómo fue asesinada. La Brigada de Homicidios de la PDI concurrió al lugar junto a peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim), quienes encontraron un chip que pertenecía al celular de la víctima, lo cual fue clave para lograr la individualización del presunto autor de este crimen.

Es así como cae Cristián Rafael Barría Inostroza (28), fue detenido en calle Serena con Egaña, por los detectives y formalizado por tres delitos, quedando en prisión preventiva en la cárcel concesionada de Alto Bonito. Así lo determinó la magistrada Mónica Sierpe, del Tribunal de Garantía, quien declaró ajustada a derecho la detención.

El comisario Jorge Márquez, jefe de la Brigada de Homicidios, señala que 'no se ha dejado de trabajar y realizar una serie de pericias que permitieran obtener los resultados que existen, respecto de la detención de esta persona que aparece como responsable en este caso que causó bastante conmoción dentro de la comunidad puertomontina y a nivel nacional'.

A SANGRE FRÍA

Ayer en la mañana, pasó a control de detención el imputado en el Tribunal de Garantía de Puerto Montt, donde la fiscal del caso, Pamela Salgado, entregó detalles inéditos del crimen durante la formalización.

Según la persecutora, el día 10 de mayo, cerca de las 10.30 de la mañana, Paola transitaba por las escaleras del cerro Manuel Montt con destino a un supermercado, portando un celular con el cual hablaba por teléfono en aquel momento. En ese minuto fue interceptada por el imputado, quien le arrebató el equipo y ante la reacción de la mujer para recuperarlo, Cristián Barría 'la agredió con un golpe de puño en la cabeza, producto de lo cual la víctima cayó al suelo y en dicho lugar -y con motivo de la sustracción del celular de la víctima- y valiéndose que ésta se encontraba en total estado de indefensión, extrajo un cuchillo y le profirió heridas cortopunzantes en el cuello con el fin de darle muerte'. La persecutora agregó que el imputado agredió sexualmente a la víctima con diversos objetos, 'aumentando así deliberadamente el dolor de ésta'.

'Se le infringe dolor y su agonía es lenta... hay frialdad, conciencia y planificación', argumentó la abogada querellante Patricia Lobos, de la Corporación de Asistencia Judicial.

Salgado agrega que el presunto homicida registró sus ropas y le sustrajo 3 mil pesos en dinero y un par de zapatillas. Después de cometer el delito, el acusado se arrancó del lugar y la profesora del Inacap falleció a causa de la herida cervical.

EL ASALTO

El mismo día del crimen, pero horas después, fue asaltada otra joven, quien contó a El Llanquihue que decidió denunciar ante la policía al enterarse del homicidio de la docente. Relató que mientras bajaba las escaleras Manuel Montt, fue abordada por el sujeto, quien la tomó del cuello y le puso un cuchillo en las costillas, amenazándola para que entregue sus pertenencias, como celular y cartera. Ella accedió y le rogó que no la violara.

Según esta segunda víctima, el imputado le dijo que no lo mirara a los ojos y la dejó irse del lugar, advirtiéndole que si miraba para atrás la mataría.

Cristian Barría fue imputado por robo con homicidio y abuso sexual en perjuicio de la profesora y, de forma paralela, acusado de robo con intimidación por el asalto a la segunda joven en el mismo lugar.

EL CHIP

En el lugar donde se comete el homicidio, los detectives encuentran un chip y después se obtiene el imei que permite dar con la ubicación exacta del celular robado de Paola. '... Se logró determinar el número identificatorio del teléfono de la víctima (imei) y sobre esa base se establece el tráfico del mismo y el segundo chip que había sido incorporado al equipo. Con este antecedentes, se pide una orden de interceptación telefónica, logrando establecer con precisión el lugar y domicilio donde estaba operando este equipo', revela la persecutora. Es así como se logra dar con la ubicación de una testigo, quien, junto a su hijo de 12 años, cuenta cómo llegó este equipo a sus manos:

'El niño declara junto a su madre y dice que el celular Galaxy Core (color blanco) que corresponde a la víctima le fue vendido por un sujeto -al cual identifica como 'El Cojo' con el primer nombre Cristián- el mismo día 10 de mayo, en una frutería de Presidente Ibáñez. Dice que ese día andaba con tres teléfonos celulares y el equipo color blanco presentaba manchas de sangre y que el hombre también tenía sangre en sus manos, incluso refiere a que se lo había quitado a una persona a la que le había dado muerte'. Otro menor es testigo de la situación y corrobora la versión del niño de 12 años.

El mismo día, cerca del mediodía, el imputado se acerca al dueño de la frutería y como le debía dinero, en parte de pago le entrega un celular que es de propiedad de la segunda víctima, dice la fiscal. Se incautaron varias especies del domicilio del imputado, como vestimentas, que deben ser periciadas por el Laboratorio.

LAS ZAPATILLAS

El presunto asesino en ningún momento confiesa que le sustrajo las zapatillas a la profesora. Sin embargo, las pruebas demuestran lo contrario.

La conviviente de Barría, quien tenía una orden de detención pendiente del Tribunal de Garantía de Osorno, 'en el momento de la detención, ella calzaba las zapatillas de Paola Vega, quien las había comprado pocos días antes de ocurrido el hecho en una tienda con su tarjeta. Éstas tienen un código de identificación, así se puede determinar presumiblemente que esas zapatillas corresponden a las mismas que portaba Paola ese día', señala Salgado.

La mujer confiesa que su pareja 'le habría referido el ataque a Paola Vega, que le entregó esas zapatillas como regalo, pero que no sabía que se las había sustraído a la víctima. Pero él le contó el ataque y la muerte a Paola. Además, reconoció asaltar a otra víctima'.

DEFENSA

La abogada defensora Milena Galleguillos señaló que se cometieron varias vulneraciones a las garantías del imputado, como la declaración que prestó a la fiscal, pues -a su juicio- es ilegal, ya que como defensora no estuvo presente. 'Las imputaciones son gravísimas y se le debe exigir al Ministerio Público un estándar más alto que el que se exige para un delito común, como receptación. A mi juicio, no está. Contamos con la declaración de dos personas que estaban imputados por receptación, entonces para mí esa prueba no es creíble. Ellos estaban tratando de protegerse a sí mismos y a la madre del menor. Si no existe una prueba biológica, ¿cómo se vincula a esta persona con la víctima? En este caso no hay una prueba de ADN y claramente me merece duda'.

La defensora dijo que el imputado voluntariamente se sometió a un hisopado bucal. Y agregó que se analizará si se presenta un recurso en la Corte de Apelaciones para revertir la privación de libertad. Además, pidió que Gendarmería adopte medidas de seguridad para proteger al imputado al interior de la cárcel.

'...La víctima estando consciente le refiere -según sus propias palabras- que Dios te perdone por lo que me vas a hacer... Y él, a pesar de aquello, le entierra el cuchillo en el cuello'.