S ergio Enrique Gutiérrez Cerpa fue condenado a 15 años y un día de cárcel, sirviéndole el tiempo de abono en que estuvo privado de libertad, por asaltar a una joven y luego violarla en la comuna de Llanquihue.

Los magistrados del Tribunal Oral en Lo Penal, Jaime Rojas, Francisco del Campo y Patricia Miranda, por voto de mayoría, condenaron al acusado a una pena efectiva, luego que terminara el juicio que se desarrolló en su contra.

Según la sentencia, 'se puede tener como un hecho procesalmente establecido, que el acusado el día y hora en que se desarrollaron los acontecimientos, realizó las acciones que se han tenido por acreditadas', por lo que los jueces 'han llegado a la convicción - más allá de toda duda razonable- que a Sergio Enrique Gutiérrez Cerpa le ha correspondido una participación culpable y penada por la ley, en calidad de autor del hecho punible que se ha tenido por acreditado, toda vez que ha tenido participación en el mismo de una manera inmediata y directa'.

El fiscal jefe de Puerto Varas, Daniel Alvarado, presentó pruebas periciales, testimoniales y documentales para demostrar la culpabilidad del imputado.

Durante el juicio oral se estableció que en la madrugada del 23 de junio de 2013, el imputado interceptó a una joven de 19 años y la tomó por el cuello con una bufanda. Le tapó la boca con una de sus manos, para llevarla hasta la ribera de la laguna ubicada en la comuna de Llanquihue.

Luego de sustraerle un teléfono celular, el sujeto amarró las manos de la víctima con una bufanda, la amordazó y la obligó a colocarse boca abajo en el suelo. Acto seguido, el acusado extrajo un elemento y lo colocó en el cuello de la mujer, obligándola a permanecer quieta, amenazándola de que si hablaba la mataría. Fue en ese momento cuando Gutiérrez Cerpa procedió a violarla.

El fiscal dijo que 'el Tribunal acogió la solicitud de pena que hizo la Fiscalía de Puerto Varas, dada la gravedad del hecho y la naturaleza del mismo. Este es un caso inusual y uno de los delitos más graves; por lo tanto, en cuanto a los resultados estamos conformes'.

La sentencia dictada no acogió la circunstancia agravante de la reincidencia que fue aludida por la Fiscalía, en atención a que el acusado presenta una condena anterior por el delito de violación, hecho perpetrado también en la ciudad de Llanquihue.

En ese sentido, el Tribunal señaló que estos hechos se habrían producido cuando el acusado era menor de edad y que la Corte Suprema ya ha señalado que la reincidencia del artículo 12 del Código Penal no puede apoyarse en los ilícitos cometidos por éste siendo adolescente.

Desde la Fiscalía Regional, se indicó que 'este juicio oral es un caso importante, tanto por la gravedad del delito como también por el perfil del imputado. La investigación de delitos de carácter sexual es una de las líneas de persecución penal prioritarias'.

Gendarmería confirmó que se inició una investigación interna, luego de una denuncia que recibieron en contra de dos gendarmes por corrupción. Se trata de Alberto Pezo Fuentes e Iván Sáez Levinieri.

El hecho se remonta al 25 de febrero de este año, cuando una mujer, esposa de un interno del módulo 52 del complejo penitenciario, acusó que su marido entregaba dinero, alimentos y bebidas a los funcionarios a cambio de seguridad y mayor bienestar.

Después de la denuncia, se dispuso un sumario administrativo, para esclarecer la veracidad de los hechos y determinar si existe algún grado de participación de los uniformados y si cometieron un delito.

El director regional de Gendarmería, coronel Alejandro Troncoso, detalló que los gendarmes 'habrían dado ciertas garantías eventualmente (al reo) a cambio de prestaciones económicas en beneficio de estos funcionarios'.

El oficial dijo que los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público, para iniciar la investigación que corresponde y, de forma paralela, 'se inició un sumario administrativo que en este momento está en la etapa de investigación y que determinó de parte del fiscal administrativo la suspensión de funciones de ambos funcionarios, mientras dure el proceso, y además la prohibición de ingresar a todos los recintos penales de la Región de Los Lagos', sentenció.

Al ser consultado respecto a la posible rebaja de las remuneraciones, el coronel Troncoso dijo que mientras se ejecuta la investigación ambos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En ese sentido, no son sancionados con el tema del sueldo.

'Para que exista mayor objetividad y resguardo, los inculpados son alejados de la institución de manera momentánea, recibiendo su sueldo de manera íntegra. Ahora, las sanciones que puedan determinarse eventualmente, si es que existen responsabilidades, pueden establecerse con multas que implican desde un 5 a un 20 por ciento de la remuneración mensual, que sería un descuento por esa sanción', reveló el director regional de Gendarmería.

Ante la posibilidad de ser desvinculados de la filas de Gendarmería, el coronel Troncoso aseguró que 'ellos siguen perteneciendo a Gendarmería... Si efectivamente existe una culpabilidad en los hechos, se determinarán las sanciones administrativas o las que establezcan el Ministerio Público. Ahora, si no se establece ninguna responsabilidad administrativa ni penal, ellos serán restituidos'.

A raíz de lo anterior, el oficial de Gendarmería recalca que la sanción más drástica es la destitución y, en este caso, tampoco se descarta, pero todo depende de los resultados finales del proceso.