Si se reconoce como axioma que todo sistema penal es inevitablemente selectivo, esto es, que no es capaz de reprimir todas las conductas constitutivas de delito con los recursos disponibles, habrá que resolver acto seguido, entonces, conforme a qué criterios se hace esa selectividad. El diagnóstico antes de la creación del Ministerio Público daba cuenta de un escenario en el que la represión penal sólo afectaba a los sectores sociales más vulnerables, generalmente por delitos menores, siendo ineficiente en la persecución de la criminalidad más compleja y de más alta lesividad, asociada al poder económico y social, como sucede por ejemplo en los delitos económicos y de corrupción, también conocidos como delitos de cuello y corbata, así como en aquéllos que presentan un grado mayor de organización. En otras palabras, avanzar hacia una persecución penal no discriminatoria que, junto con hacerse cargo de los delitos comunes cometidos por personas de escasos recursos, también es capaz de enfrentar las graves desviaciones que, desde una perspectiva penal, pudiere generar una persona que detenta algún grado de poder económico o social. Por ello resulta indispensable mantener una política de persecución que, por una parte, establezca criterios de actuación definidos en estas áreas, como asimismo, que se abandone progresivamente la flagrancia como única forma de insumo del sistema penal. En cuanto a lo primero, el Fiscal Nacional ha sido claro en orden a incorporar los delitos de corrupción como una de las prioridades de persecución criminal, debido a que este fenómeno trae aparejado graves consecuencias para la sociedad, entre ellas, la disminución de la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, con la consiguiente desvalorización del Estado de Derecho y de la democracia. Esta visión la hemos traducido a nivel regional en el fortalecimiento de la especialización en este campo. Sobre lo segundo, creo firmemente que un sistema procesal penal que gira en torno a la flagrancia y que sólo se preocupa de perseguir criminalmente a los detenidos que aporta la policía, es un sistema que perpetúa la idea de justicia penal discriminatoria. Sin desconocer la importancia de esta fuente, debe avanzarse progresivamente desde la flagrancia hacia investigaciones desformalizadas, inteligentes, profundas y de la más alta calidad técnica que, en base a prueba científica y métodos tecnológicos de investigación, permitan sancionar penalmente la criminalidad más oculta, más impune, más difícil de develar y comprobar.

Fiscal Regional de Los Lagos.

El paso de las horas ha permitido observar en perspectiva la magnitud de los efectos del temporal que azotó a la zona. Y, a la vez, sacar ciertas conclusiones de este primer gran evento climatológico de un año que se anticipa como lluvioso.

Y en aquel contexto, es que resulta evidente que hubo una descoordinación de parte de las autoridades, en dos materias sumamente sensibles, como fue la decisión de suspender o no las clases, y en la calificación de la emergencia, bajo la alerta amarilla o roja. Lo llamativo es que vistos los antecedentes, los impasses fueron más políticos que técnicos, porque más allá de los protocolos, lo que menos hubo aquí fue la aplicación del sentido común: mientras la gente sufría las inclemencias del tiempo, las autoridades discutían respecto de los procedimientos. Ahora, hay dos aspectos derivados de la emergencia que no dejan de llamar la atención. El primero de ellos tiene que ver con la oportunidad en que se adoptaron las decisiones. Por ejemplo, la decisión de suspender las clases se produjo al final del día lunes, cuando los alumnos ya habían retornado a sus hogares y ya se habían expuesto a los rigores del clima. En consecuencia, la pregunta es por qué no se resolvió aquello 24 horas antes -la tarde del domingo-, cuando el temporal ya estaba desatado y se anunciaban condiciones aún peores para el lunes. Y la otra inquietud ciudadana que se ha oído con insistencia, tiene que ver con la demora en adoptar dicha suspensión -con la emergencia en curso y con efectos concretos para los habitantes de la zona-; considerando que sí se actuó con mayor diligencia con ocasión del terremoto del norte, cuando se procedió a suspender las clases sólo ante la eventualidad que ocurriese algo en las costas de la región.

Ciertamente, el capítulo del 27/F dejó lecciones que ahora muchas veces nos llevan a sobrereaccionar, aunque evidentemente es mejor eso que lamentarnos por falta de decisión. Sin embargo, lo ocurrido en esta capital regional el lunes nos debe llamar a reflexionar respecto de nuestra capacidad de reacción, nivel de preparación y control de catástrofes naturales derivadas de fenómenos como el vivido, que, según se advierte, no será el último. De hecho, para mañana hay un nuevo frente que llegará a la zona -que debiera estar curtida con la lluvia-, y que anticipa un invierno que aún no empieza.

En consecuencia, es tiempo de afinar los protocolos, mejorar los tiempos de respuesta y prevenir situaciones de riesgo, trabajando en su erradicación -como las tomas que hay en las laderas, por ejemplo-; para evitar consecuencias mayores y evitables.