El compromiso del gremio con el país y su desarrollo, se ha visto nuevamente reflejado con la publicación del Informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2014, presentado en el marco de la Semana de la Construcción. Se trata de un esfuerzo por conocer los desafíos que enfrenta el país en materia de infraestructura, llevado a cabo con el apoyo de expertos externos, con el objetivo de contribuir a las políticas públicas, a través de un análisis que sistematiza los requerimientos de inversión que se requieren para lograr el crecimiento del país y el mejoramiento de la calidad de vida. Tras analizar sectores prioritarios como: vialidad y transporte urbano, servicios públicos sociales (hospitales y cárceles), vialidad interurbana, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, recursos hídricos y energía, el estudio concluyó que para que Chile mantenga su nivel de competitividad y las personas accedan a servicios de infraestructura acordes a un país que se acerca al desarrollo, entre los años 2014 y 2018 se deben invertir US$ 58.000 millones. De ese total, 54% podría provenir de aportes fiscales y 46% del sector privado; incluso, el financiamiento público pudiera ser menor, si se potenciara el uso del sistema de concesiones. Esta cifra demuestra -tal como lo ha dicho el gremio- la necesidad de invertir anualmente en infraestructura, cerca del 5% del PIB nacional. En el caso de Puerto Montt, la ciudad presenta un déficit de un 48% de infraestructura vial urbana, equivalente a 159 km y a una inversión de US$ 123 millones. Para 2018, en tanto, ese déficit podría llegar a un 56%, es decir, 232 kilómetros, lo que podría volverse crítico si no se invierte decididamente en vialidad, una cifra estimada en US$ 186 millones. Si bien, hoy hay importantes obras en ejecución en nuestra ciudad, las cuales contribuirán a disminuir ese déficit, un antecedente que debiera guiar la gestión pública en ese sentido, es que como consecuencia del mayor ingreso de la población, la tasa de motorización ha aumentado sostenidamente, tendencia que se mantendrá, incrementando la necesidad de más infraestructura vial urbana.

Para enfrentar este desafío es prioritario que la infraestructura que el país necesita sea gestionada como una política de Estado, basada en una planificación de largo plazo, impulsada por una institucionalidad capaz de convertir en obras lo planificado, más allá del gobierno de turno. Se debe crear una Agencia Nacional de Infraestructura, autónoma y capaz de anticiparse, fijar prioridades, asegurar financiamiento y dar soluciones a las necesidades y demandas.

Penoso y frustrante ha sido observar -y también con mucha impotencia- el desmantelamiento de la antigua casona que albergó la juventud de uno de los grandes próceres puertomontinos del mundo de la plástica y la cultura, Manuel (Manoly) Maldonado Barría, en la esquina de Urmeneta con Aníbal Pinto, en pleno centro de la capital regional.

En nuestro reporteo del caso, se supo también que otras vetustas residencias de connotados pintores porteños, en el barrio Modelo, corrieron antes similar tragedia de ser demolidas por la rueda del desarrollo material que, paradójicamente, conlleva al mismo tiempo un retroceso cultural. Como ocurre con este tema de la irrespetuosidad patrimonial, que es una insolencia hacia la sagrada historia de Puerto Montt y sus heroicos y pujantes antepasados.

Y así como se ha desperdiciado lo que habría sido un singular circuito de los artistas, enriquecedor de las reservas artístico-turísticas puertomontinas, se continúa hoy diezmando el tesoro arquitectónico símbolo de la evolución material, como de tradiciones y costumbres, de la pionera Melipulli que llegó a ser la gran capital regional del sur del territorio. Lo prueban también las demoliciones de históricas casonas como la de Los Tres Mañíos, de la familia Wistuba; la casa Hernáez de calle Huasco, que fue desmantelada por la propia gente; la casa Hardessen, en calle Varas, considerada una joya de la arquitectura sureña, que fue desarmada y nunca se reinstaló como se prometió. Etcétera.

El hecho es que seguimos en condición deficitaria en materia del resguardo patrimonial. Con pocas esperanzas para la custodia del casco antiguo porteño, donde destacan los anhelos de convertirse en barrios históricos del sector Huasco, Miraflores-Chorrillos, Modelo, zona puerto, entre otros.

A falta de una normativa país que afiance la preservación de estos patrimonios residenciales, con valor nacional, incluyendo su financiamiento, se hace imperioso que, al menos, los planes reguladores comunales los incorporen -previa identificación y validez de los mismos-. Así, no serán destruidos hasta que legalmente se garantice el financiamiento de su conservación y desarrollo como sello de identidad e historia de Chile y sus ciudades.