A. Aceitón y M. De La Fuente

La Corte Suprema ratificó una sentencia definitiva para los 19 ex carabineros declarados culpables por diversos delitos de secuestro calificado y torturas, cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en diversos sectores de la provincia de Osorno. Seis de los implicados deberán cumplir penas que van desde los 7 a los 15 años, sin ningún tipo de beneficio.

La instancia definitiva falló ratificando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que el 29 de enero de 2013 ya se había pronunciado en contra de los ex policías, que se ampararon en su derecho último de apelación.

Entre los implicados está el ex coronel de carabineros de la Tercera Comisaría de Osorno, Adrián Fernández Hernández, quien recibió la pena máxima del grupo, siendo condenado a 15 años de presidio, sin ningún beneficio, como autor de siete delitos de homicidio calificado, 15 secuestros y nueve torturas de desaparecidos.

Junto a él fueron ratificadas las sentencias del ya fallecido oficial Rolando Becker Soliz (12 años), Rafael Pérez Torres (12 años), Gustavo Muñoz Albornoz (10 años), Germán García (8 años), Raúl Enrique Zapata (8 años) y Camilo Astete Cáceres (7 años), todos sin beneficios.

De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, los delitos son crímenes de lesa humanidad y los define como "aquellos injustos que constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes".

En tanto, para los ex uniformados que sí obtuvieron el beneficio de libertad vigilada, las penas van entre los 5 años y 600 días. Entre ellos se cuentan Carlos Obando Rodríguez, con 5 años; Nelson Rodríguez Guerrero y Antonio Baros Muñoz, ambos con 4 años; Héctor Matus Martínez, 3 años y un día, al igual que los ex carabineros Francisco Ovando Cárcamo y Guido Almonacid Almonacid.

Las sentencias más bajas fueron para Mario Cabello, René Bórquez, Orozimbo Sepúlveda con 700 días y Renato Lezana, Amado Beck Hernández, Sergio Conejeros, los tres con 600 días de presidio.

El diputado por el distrito 56, Fidel Espinoza, valoró este fallo de la justicia y afirmó que "en este caso puntual ocurrieron todos los delitos en el distrito que represento y es una condena ejemplificadora que da cuenta y reafirma lo que he dicho: podrán pasar largos años, pero vivimos en un país donde los derechos humanos tienen valor, que se pueden respetar en todo momento no importando los 40 años que pasaron en este caso, son delitos de lesa humanidad e imprescriptibles".

El pasado martes 4 de marzo, en el Cementerio de Fresia, se realizó la exhumación de Luis Espinoza Villalobos, ejecutado político y padre del parlamentario.

Frente a este escenario, Espinoza señaló que "el fallo de Osorno es una sentencia ejemplificador, que seguramente va a poner muy nerviosos a aquellos que participaron en delitos de lesa humanidad en nuestra provincia (de Llanquihue), no solamente en el caso de mi padre, sino de todos los que ocurrieron. La justicia viene llegando soplando vientos del norte al sur".

El diputado por el distrito 56 Felipe De Mussy acusó que el Gobierno entrante está discriminando y creando un grave y triste problema social en miles de familias, al despedir a funcionarios capaces y que en todo este tiempo han hecho bien su trabajo.

"No es lo político acá lo que se debe resaltar, sino lo mal que estas cosas le hacen al país, despiden gente sin tener a nadie confiable que haga el trabajo, dejando servicios sin capacidad de acción, en circunstancias que debían estar trabajando hace rato por el país y la región", apuntó De Mussy .

El diputado UDI de la zona indicó que hay gente calificada capaz, que desempeña cargos que no son de confianza e igual han sido cesados en sus funciones, calificando aquello de injusto y sesgado en muchos casos.

De Mussy agregó que hay situaciones que podrían ser parte de una acción legal, apelando a la "Ley Zamudio", instancia que estudia para los casos que amerite, a través de alguna jurisprudencia que exista en el ámbito judicial, "entendiendo que este elemento no es primera fuente del derecho", explicó.

Respecto a la instalación del Gobierno a nivel regional y nacional, la calificó como "triste y lamentable, no sólo por los errores políticos de este Gobierno, sino por el dolor que causa a la gente este tipo de señales negativas que retrasan el quehacer del país y que por otro lado, causan una tremenda desconfianza en la capacidad real de trabajo de las nuevas autoridades", remarcó De Mussy.

El recientemente asumido parlamentario finalmente puntualizó que este es el peor inicio de Gobierno de los últimos 30 años, llamando a corregir a la brevedad aquello por el bien del país.